(CNN Español) – Unos 107 activistas defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia en 2019, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
“Estamos profundamente preocupados por el abrumador número”, dijo Marta Hurtado, vocera de esa institución este martes en Ginebra en un comunicado. Además, informó que se encuentran en el proceso de verificación de 13 casos más reportados también en 2019 y de confirmarse subiría la cifra a un total de 120.
“Los ataques a defensores de derechos humanos se habían intensificado en 2018 cuando se confirmaron 115 asesinatos por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia”, según el comunicado. La Oficina afirma que esta “terrible tendencia” no afloja en 2020, con al menos 10 casos de activistas que ya habrían sido asesinados en los primeros 13 días de enero.
Aunque la Fiscalía de Colombia no ha ofrecido un balance de ataques en lo que va de 2020, según medios locales, las autoridades ya investigan algunos casos. CNN está intentando obtener información oficial de la Fiscalía General de Colombia.
“Volvemos a pedirle al Gobierno de Colombia que realice un esfuerzo vigoroso para prevenir ataques en las personas que defienden los derechos fundamentales, investigar todos y cada caso y procesar a los responsables por esas violaciones”, dijo la vocera.
Según el informe, la gran mayoría de muertes el año pasado ocurrieron en aéreas rurales y casi todos (un 98%) en municipalidades con “economías ilícitas donde operan grupos criminales o armados”. El grupo más afectado fueron los activistas de grupos étnicos específicos como indígenas y afro-colombianos.
“Disparidades en el goce de todos los derechos, particularmente a los económicos, sociales y culturales, sobre todo en áreas rurales deben ser abordadas urgentemente. Medidas de una naturaleza colectiva orientada a proteger áreas geográficas o comunidades debe ser desarrollada de forma más amplia”, cierra el comunicado.
El Gobierno de Colombia no se refirió hasta el momento a este informe aunque en diciembre de 2019 el consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa había afirmado que se “ha venido adoptando diversas estrategias en aras de garantizar los derechos de nuestros líderes sociales, cuyo rol es de vital importancia para la democracia y desarrollo del país”.