(CNN Español) – Un nuevo desencuentro surgió este martes entre varios diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela que lidera Juan Guaidó y miembros de su propio equipo político.
Las diferencias giran en torno a la aprobación de un fondo de US$ 20 millones, diseñado para sufragar gastos legales en la defensa de los activos del país en el exterior.
José Ignacio Hernández, designado “procurador especial de la República” por Guaidó, puso su cargo a disposición del líder opositor después de que varios legisladores expresaran temores por “falta de transparencia” en la administración de los recursos.
“…ratifico que la Asamblea Nacional debe implementar los controles adecuados antes de la ejecución del fondo, con la urgencia que requiere atender más de 50 litigios y proteger los activos de Venezuela”, escribió Hernández en su cuenta en Twitter tras confirmar su decisión.
El equipo de comunicaciones de Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, informó que próximamente emitirá un comunicado respecto al caso.
La directiva del Parlamento, controlado por la oposición, emprendió en 2019 acciones legales en el extranjero para defender los activos afectados por demandas de acreedores internacionales ante el retraso en el pago de deudas. Los bienes de inversiones de la petrolera estatal PDVSA son los más importantes en este grupo. Para financiar esa iniciativa, los legisladores aprobaron en noviembre la creación de un fondo de litigios.
El monto aprobado en ese entonces fue de US$ 3,5 millones y, según el acuerdo, el fondo estaría compuesto por “recursos disponibles en cuentas bancarias en el extranjero a favor de la República, el Banco Central de Venezuela, Petróleos de Venezuela…”.
La mayoría del parlamento que respalda a Juan Guaidó, aprobó este martes aumentar el monto de dicho fondo hasta US$ 20 millones.
El partido Primero Justicia, junto a otra facción minoritaria de diputados opositores, salvó su voto alegando que tal monto de dinero “se parece más a un presupuesto no sometido a controles, y no a un Fondo Especial de Litigios…”.
“…no se cumplen las condiciones mínimas para el uso de recursos públicos de conformidad con los principios constitucionales de honestidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas”, dijo en un comunicado la bancada de Primero Justicia.
Los detractores del acuerdo solicitaron suspender la ejecución de los recursos aprobados “hasta tanto no se creen mejores condiciones de contraloría institucional”.