(CNN Español) – El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Mario Ponce, entregó este lunes a los diputados de la Comisión Política una copia de la propuesta de la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional.
El proyecto de 74 artículos también fue presentado al cuerpo diplomático acreditado en el país. Se espera que el martes sea conocido por familiares y víctimas del conflicto armado (1980-1992) que, de acuerdo con estimaciones oficiales, dejó unos 75.000 muertos.
“No hay ley perfecta, en el camino se van perfeccionando. El documento trata de cumplir párrafo por párrafo la sentencia de la Sala de lo Constitucional”, aseguró Ponce a los diputados, durante la reunión de la Comisión Política del cuerpo legislativo.
El proyecto fue elaborado por el presidente del Congreso y su equipo, quienes fusionaron un documento de tres partidos de derecha y otro presentado por víctimas y familiares de muertos en la guerra civil.
En julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía promulgada en 1993, tras determinar que evitaba que los responsables de los crímenes ocurridos durante el conflicto armado fueran llevados ante la justicia, y ordenó a la Asamblea Legislativa aprobar una nueva ley que garantice los derechos de las víctimas a conocer la verdad, a la justicia y a la reparación de los daños causados.
El 28 de febrero vence la segunda prórroga otorgada por la Sala de lo Constitucional para aprobar la nueva legislación. Si los diputados no logran un acuerdo podrían pedir un nuevo plazo. En noviembre pasado, antes de vencer la primera prórroga, un magistrado del máximo tribunal dijo que podrían sancionar al Congreso por no cumplir con la orden aunque no especificó en qué consistiría la sanción.
La exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) aún ha definido una posición sobre el proyecto.
“Queremos aprobar la ley antes de que se termine el plazo, pero habrá que ver qué pasa en la comisión en los próximos días y si hay dictamen favorable porque es el pleno de la Asamblea el que debe aprobarlo”, afirmó la exguerrillera y diputada Nidia Díaz, del FMLN.
El documento, cuya copia está en poder de CNN en Español, será estudiado por cada uno de los partidos políticos para dar su apoyo o proponer modificaciones; deja abierta la posibilidad de conmutar la pena de quienes sean condenados por crímenes de lesa humanidad y aludan razones de salud o edad para no ir a la cárcel.
En el mismo proyecto, los diputados delegan a la Corte Suprema la decisión de crear una jurisdicción especial para equilibrar la carga de trabajo en los tribunales de justicia.
El proyecto, de ser aprobado, prohibiría el otorgamiento de criterios de oportunidad, lo que impediría beneficios penales a cambio de información sobre otros implicados. Para quienes se oponen al proyecto, esto podría impedir que quienes dieron órdenes para cometer crímenes vayan a la cárcel.
“Lo que buscan con esta ley es cubrirse entre ellos y que la justicia alcance solo a los autores materiales”, dijo a CNN Benjamin Cuéllar, activista por los derechos humanos y uno de los promotores del recurso por el que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía aprobada en 1993.
“Veremos si el presidente (Nayib) Bukele la veta. Si no, ya evaluaremos si presentamos otro recurso ante la Corte”, advirtió Cuéllar.
El proyecto considera imprescriptibles los delitos de lesa humanidad perpetrados durante el conflicto armado.
La propuesta también faculta a la justicia a reducir a la quinta parte la totalidad de la pena luego de escuchar a las víctimas o sus familiares, y si el responsable reconoce su grado de participación, pide perdón, colabora con la investigación de los hechos o paradero o restos de la víctima.
Esas consideraciones han sido criticadas por defensores de derechos humanos. “Es una nueva ley de amnistía”, aseguró Cuellar.
El anteproyecto, que debe contar con 43 de 84 votos posibles para ser aprobado en el Congreso unicameral, otorga a la Fiscalía General de El Salvador un plazo de seis meses para investigar un caso después de recibida una denuncia, con la posibilidad de pedir una prórroga de seis meses para continuar la investigación.