(CNN Español) – La alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, dijo que las tensiones políticas y actos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad y simpatizantes del Gobierno en contra de asambleístas parlamentarios continuaron desde el último informe que presentó a fines de febrero.
Este martes, al presentar una actualización sobre la situación en Venezuela desde Ginebra, Bachelet expresó su preocupación sobre el arresto de los asambleístas venezolanos Gilber Caro e Ismael León. Además, dijo que su oficina ha documentado ataques a opositores políticos, manifestantes y periodistas “sin acciones preventivas” por parte de las fuerzas de seguridad para evitarlos. También informó que sigue recibiendo alegaciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas.
Sobre las sanciones económicas impuestas al país, se mostró preocupada ya que “reducen los recursos del Gobierno para gastos sociales”.
Como “madre y pediatra” Bachelet hizo un comentario especial sobre la situación “urgente” de niños que necesitan transplantes. Informó que hay 38 niños en lista de espera en Venezuela y unos seis siguen esperando tratamiento en Argentina. “Algunos lamentablemente perdieron sus vidas mientras esperaban por un transplante”. Según información que recibió su oficina, Bachelet dijo que las sanciones dificultan la transferencia de recursos para tratamientos.
La Alta Comisionada citó un informe de la Plataforma Regional de la ONU que indica que 4,9 millones de personas abandonaron el país. “Estoy segura que se pueden alcanzar los acuerdos políticos necesarios para la renovación del Consejo Nacional Electoral y para asegurar elecciones inclusivas, transparentes y creíbles”, afirmó.
“Aprecio todos los esfuerzos hacia ese propósito y repito mi llamado a todas las partes a actuar con el elevado sentido de propósito que el país merece para evitar mayores escaladas en la confrontación política que puede llevar a la violencia”, concluyó.
En un comunicado publicado luego de la presentación de Bachelet, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela hace eco de las palabras de la alta comisionada sobre las sanciones y que apoya un proceso político democrático. Sin embargo, el Gobierno venezolano no hizo referencia al tema de violaciones a los derechos humanos.
En una reunión que mantuvieron Bachelet y el canciller venezolano Jorge Arreaza el 26 de febrero, este último le ratificó “la voluntad del país sudamericano de cooperar con todos los mecanismos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, incluyendo su Oficina, reafirmando así la posición del Gobierno nacional que asume el respeto y protección de los derechos fundamentales como una política de Estado”.
Según un comunicado de Cancillería, el Gobierno venezolano “ha cuestionado en distintas ocasiones el sesgo de la alta comisionada de la ONU con respecto a la situación en Venezuela”.