(CNN) – El Gobierno de Estados Unidos está presionando para usar la pandemia de coronavirus con el fin de lograr algunas de las duras restricciones de inmigración que los de línea dura han tenido problemas para poner en práctica desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, incluido el bloqueo de la entrada a los solicitantes de asilo, según informaron funcionarios estadounidenses sobre los planes.
Un plan para devolver a todos los migrantes que buscan asilo tendría su efecto más inmediato en la frontera entre Estados Unidos y México. Esto se ha enfrentado a la oposición de varias agencias gubernamentales, en parte debido a las preocupaciones de que violaría las leyes estadounidenses e internacionales, incluidos los tratados sobre cómo tratar con refugiados y víctimas de tortura.
Las autoridades están trabajando en un plan para negar la entrada a todos los solicitantes de asilo, según múltiples fuentes. Eso puede incluir un plan para devolver a todos los que cruzan la frontera de manera ilegal sin el debido proceso.
“Es un cierre sin precedentes de la frontera suroeste”, dijo un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés). “Terminar por el momento cualquier proceso debido y regresar a las personas”.
Los ciudadanos estadounidenses y los residentes legales permanentes continuarán teniendo permitido ingresar a EE.UU., dijo el funcionario, y agregó que la prohibición no se aplicará a los envíos de carga. Sin embargo, no está claro si a otros se les permitirá continuar cruzando legalmente.
Cuando se le pidió un comentario, la portavoz del DHS, Heather Swift, dijo en un comunicado: “El presidente Trump está cien por ciento centrado en proteger al pueblo estadounidense”, y agregó que “todas las opciones están sobre la mesa”.
Trump había pasado por alto previamente cerrar la frontera sur e intentó prohibirle a los migrantes que cruzaron ilegalmente la frontera que solicitaran asilo. Los desafíos legales han impedido que la administración avance con algunas de sus políticas más restrictivas, aunque otras permanecen intactas, incluida su controvertida política de asilo de exigir a los inmigrantes que esperen en México hasta que sea su fecha de corte de inmigración en Estados Unidos.
En las últimas semanas, los funcionarios de Seguridad Nacional han presionado para cerrar la frontera con el argumento de que era una amenaza a la seguridad nacional planteada por refugiados e inmigrantes ilegales que pueden tener el virus y propagarlo a los agentes fronterizos que luego tendrían que ser puestos en cuarentena, dijeron los funcionarios.
Un funcionario dijo que los de línea dura de controles de inmigración han buscado durante mucho tiempo formas de evitar que los solicitantes de asilo puedan exponer su caso ante los oficiales de inmigración, y que la amenaza del coronavirus se estaba utilizando como una excusa para lograr lo que hasta ahora no habían podido hacer.
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El plan, que ha estado en proceso durante semanas y discutido entre los abogados de varias agencias gubernamentales, se encontró con la oposición de algunos funcionarios, en parte porque no creían que el brote del virus cumpliera con los criterios para eludir las leyes estadounidenses e internacionales, según los funcionarios.
A principios de este mes, el subsecretario interino de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli, dijo a los periodistas que la administración no había identificado el coronavirus en el flujo migratorio, una referencia a los migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México.
“¿Cuándo comienza a encontrar su camino en el flujo de inmigración?” se preguntó. “Cuando observemos que eso sucede, y no lo hemos observado, eso comenzará a afectar nuestro cálculo en la frontera sur y tendríamos que ser más agresivos, potencialmente utilizando algunas autoridades legales que no estamos involucrando en este momento”.
DHS no ha dicho si eso ha cambiado desde entonces.
Se le pidió a la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia que revisara y determinara si la pandemia cumplía con los criterios para las exenciones de seguridad nacional. Un portavoz de Justicia remitió una solicitud de comentarios a la Casa Blanca.
En febrero, la Patrulla Fronteriza arrestó a 30.068 inmigrantes que cruzaban ilegalmente la frontera sur, según los últimos datos disponibles de Aduanas y Protección Fronteriza.