(CNN Español) – -Independencia y patria socialista, mi comandante en jefe, buenas tardes - saludó Clíver Alcalá.
-Viviremos y venceremos, señor general Cliver Alcalá -respondió el presidente Hugo Chávez.
-Le informo que asisten al presente desfile cívico militar del 4 de febrero de 2012 12.400 compatriotas socialistas, revolucionarios, antiimperialistas, chavistas, equipados con material de guerra de alta tecnología…
Los aplausos retumbaron en la tribuna donde estaba Chávez. Fue la última vez que el mandatario, gravemente enfermo, asistió al evento recordatorio de la asonada militar que había protagonizado en 1992, cuando intentó derrocar al entonces presidente Carlos Andrés Pérez.
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Fue también la intervención más recordada de Alcalá como oficial activo, cuando comandaba la IV División Blindada, la unidad más poderosa del Ejército de Venezuela.
En un informe posterior, la organización no gubernamental Control Ciudadano afirmó que aquellas palabras, pronunciadas sobre un tanque de guerra, eran “una de las expresiones públicas de propaganda, militancia o proselitismo político realizadas por miembros del Alto Mando Militar en 2012”.
Control Ciudadano citaba entonces los artículos de la Constitución de Venezuela que especificaban el carácter apolítico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Pero eso fue hace más de ocho años.
Hoy Alcalá está enfrentado con la cúpula que sustituyó a Chávez en el poder y se manifiesta como uno de sus más enconados adversarios.
El destino, sin embargo, ha vuelto a reunirlo con sus antiguos camaradas en una misma causa judicial.
El cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y Alcalá fueron acusados el jueves en por una corte del distrito sur de Nueva York de cuatro cargos: conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y mecanismos destructivos.
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Tanto el gobierno de Venezuela como el militar retirado han rechazado las acusaciones.
En un comunicado, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, calificó los cargos de como “miserables, vulgares e infundados”.
Alcalá Cordones dijo a CNN que no tiene miedo de ser procesado por los señalamientos de narcotráfico. “No he hecho nada malo y estoy seguro de que todo esto es un error”, agregó.
Maduro compareció en la televisión pública venezolana horas después de que el Departamento de Justicia, tras hacer públicas las acusaciones, ofreciera US$ 15 millones de dólares por información que lleve a su captura o condena.
En su cuenta de Twitter, Maduro escribió:
El documento de las autoridades estadounidenses asegura que las supuestas actividades relacionadas con el tráfico de drogas que involucrarían a Maduro y Alcalá Cordones comenzaron en 1999 y se han extendido hasta 2020, pero Alcalá se alejó de la órbita de Maduro mucho antes. La acusación incluye también al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello; al exdirector de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal, y a los colombianos Luciano Martín Arango, alias “Iván Márquez”, y Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, quienes han rechazado todos los señalamientos.
Junto con varios exministros de Chávez, Alcalá se agrupó en la Plataforma por la Defensa de la Constitución Bolivariana, que critica a Maduro, a quien acusan de desviarse del proyecto original de la llamada revolución bolivariana.
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Hasta este viernes 27 de marzo Alcalá vivió en Barranquilla, Colombia, desde donde hizo una sorpresiva confesión en un programa de radio y en sus redes sociales, una vez que se hizo pública la acusación del Departamento de Justicia de EE.UU.
Esa declaración se refería a un operativo que la Policía Metropolitana de Santa Marta, también en Colombia, hizo público a través de una nota de prensa el pasado 25 de marzo. Ese día, funcionarios de ese cuerpo incautaron armamento y equipo militar dentro de un vehículo que viajaba por la costa del Caribe colombiano.
El reporte de las autoridades indica que en la maleta de un auto hallaron 26 fusiles de asalto sin marca ni serie, calibre 556, fabricación americana, AR-15, 36 culatines para fusil, 28 visores nocturnos de dos ojos, nueve visores nocturnos de un ojo sin marca, ocho silenciadores de fusil, 21 unidades de mira para fusil marca Sigsauer, 24 unidades de mira para fusil marca Sparg, cuatro binoculares nocturnos sin marca, 30 miras laser de un punto marca sigth mark, 14 designadores lacericos marca Steiner, 7 designadores lacericos marca Sniper, dos radios de comunicaciones marca Motorola xpr3500, 43 baterías marca Motorola con su respectivo click, 15 cascos militares tácticos marca Heds color tierra, tres chalecos antibalas marca Crye Precision.
Tras la rueda de prensa del Departamento de Justicia en la que se anunciaron los cargos contra Maduro y otros 14 funcionarios y exfuncionarios venezolanos del régimen de Venezuela, Alcalá concedió una entrevista a la radio colombiana La W.
En esa conversación, Alcalá se hizo responsable de ese armamento y de la logística que supondría su traslado a Venezuela, y agregó que con todo eso tenía planeado una operación contra Maduro que contaría con el aval, mediante contrato firmado, del presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, quien es reconocido por Washington y otros 60 gobiernos como presidente interino de Venezuela.
En una conversación telefónica con CNN, Alcalá reiteró que sí formó parte de esta trama contra Maduro.
Por su parte, Guaidó respondió a CNN a través de su jefatura de prensa que nunca firmó contrato alguno y que no conoce a Alcalá.
El viernes Alcalá decidió entregarse a las autoridades colombianas. Un funcionario con conocimiento del caso informó a CNN que este militar venezolano retirado partió ese mismo día desde Barranquilla hacia Nueva York como extraditado. Washington ofrecía US$ 10 millones por información que llevara a su captura.
Tras las declaraciones, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, decidió comenzar una investigación. El viernes le imputó cargos de traición a la patria, tráfico ilícito de armas de guerra, terrorismo, intento de magnicidio y asociación para delinquir. Pero esta vez, el Departamento de Justicia le ha ganado la carrera al régimen de Maduro.