(CNN Español) – El ministro de la Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, y el general Luis Fernando Navarro, comandante del Ejército, anunciaron a los colombianos el primero de mayo que habían retirado del servicio activo a 11 oficiales de la institución y a un brigadier general por el supuesto “empleo irregular de las capacidades de inteligencia militar”.
A lo que se referían el ministro y el comandante del Ejército en aquella conferencia de prensa virtual era a lo que en varias ocasiones la revista Semana había denunciado como presuntas interceptaciones ilegales de comunicaciones y seguimientos a periodistas, magistrados y políticos de la oposición en Colombia.
La Fiscalía y la Procuraduría de Colombia adelantan investigaciones penales y disciplinarias contra varios integrantes del Ejército por estas graves acusaciones. Esta decisión ocurrió solo horas antes de que Semana revelara nuevos detalles de las supuestas escuchas, seguimiento y realización de perfiles en los que se detallan los círculos sociales, familiares y desplazamientos de periodistas nacionales e internacionales en un artículo periodístico titulado “Las carpetas secretas”.
Las supuestas escuchas —conocidas en Colombia como “chuzadas”-—y los seguimientos ilegales se habrían hecho incluso a integrantes del gobierno como el embajador en El Vaticano y exsecretario general de la Presidencia de Colombia, Jorge Mario Eastman. El ministro de Defensa sostiene que “la publicación que la revista Semana hizo este fin de semana es de inmensa gravedad. Muy grave lo que se ha denunciado contra periodistas, líderes políticos y organizaciones no gubernamentales”.
El propio presidente Iván Duque manifestó el sábado en su cuenta de Twitter: “He dicho, desde inicio de mi Gobierno, que no toleraré a quienes deshonren el uniforme o realicen prácticas contrarias a la ley”.
Los militares involucrados en estos presuntos hechos no han realizado declaración pública sobre las investigaciones. El abogado de tres los investigados por le dijo a CNN que solo se pronunciarán en los estrados judiciales.
Ante la gravedad de lo acontecido, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia expresó en un comunicado este domingo que “la inteligencia debe usarse para proteger los derechos humanos y no para vulnerarlos”. En igual sentido se pronunció el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, quien afirmó en su cuenta de Twitter que “prácticas como el ‘perfilamiento’ de periodistas, políticos defensores de DD.HH. y funcionarios públicos, dadas a conocer por la revista Semana, lesionan gravemente los principios democráticos sobre los que se asienta nuestro Estado social de derecho”.
La Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia, FLIP, mediante un comunicado de prensa titulado “¿Por qué nos vigilan?”, rechazó este domingo esas prácticas ilegales y pidió al presidente Iván Duque y al ministro de Defensa investigar a fondo los hechos y castigar a los responsables.
Los antecedentes
A mediados de 2019 varios medios internacionales y de organizaciones no gubernamentales publicaron una serie de acusaciones que pusieron en aprietos al entonces comandante del Ejército de Colombia, el mayor general Nicacio Martínez, y al ministerio de Defensa de Colombia. Inicialmente, en un artículo publicado el 18 de mayo de 2019 por The New York Times titulado “Las órdenes de letalidad del Ejército Colombiano ponen en riesgo a civiles”, el diario cuestionó las presuntas órdenes de Martínez a sus hombres mediante una directriz para que, supuestamente “duplicaran la cantidad de criminales y rebeldes que matan, capturan u obligan a rendirse en batalla”.
Una aseveración que fue rechazada de inmediato por el entonces ministro de la Defensa, Guillermo Botero, y por el presidente Iván Duque en pronunciamientos públicos y mediante una carta enviada a The New York Times.
El alto mando militar afirmó que los documentos oficiales que respaldaban la investigación del periodista Nicholas Casey, fueron malinterpretados y que solo se trataba de órdenes para aumentar los resultados operacionales frente a los grupos armados ilegales. Sin embargo, el gobierno decidió dejar sin efectos esas medidas ante el escándalo por la supuesta posibilidad de que se repitiera los que en Colombia se conocen como “falsos positivos”: civiles asesinados extrajudicialmente y luego presentados como muertos en combate.
Son 2.248 víctimas en total de los llamados “Falsos Positivos” entre 1988 y 2014, según las investigaciones de la Justicia Especial para la Paz (JEP.) Casey, el autor del artículo y quien tuvo acceso además a testimonios de tres oficiales del Ejército bajo reserva, tuvo que salir del país por razones de seguridad. Es uno de los periodistas nacionales e internacionales a los que le hicieron interceptaciones ilegales de comunicaciones y seguimientos, según la investigación de Semana.
El ministro Botero renunció a su cargo el 6 de noviembre de 2019, en medio de un escándalo por la muerte de 8 menores de edad en un bombardeo contra presuntas disidencias de la guerrilla de las FARC en las selvas del Caquetá y por las denuncias de la revista Semana. Botero siempre negó todas las acusaciones y dijo que su decisión obedecía a razones personales.
Una situación similar a la del general en retiro Nicacio Martínez, excomandante del Ejército, quien renunció a su cargo el 28 de diciembre del año anterior aduciendo razones familiares. Mediante un comunicado, su abogado Jaime Granados, reiteró que su cliente nada tiene que ver con las situaciones irregulares denunciadas por Semana en los últimos días.