(CNN Español) – Debido a la pandemia, al menos 26 condenados y procesados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983) recibieron prisión domiciliaria, según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y resoluciones judiciales a las que accedió CNN.
Estos 26 convictos representan el 19% del total de los condenados y acusados por violaciones a los derechos humanos que solicitaron a la Justicia esos beneficios por pertenecer al grupo de riesgo de covid-19, de acuerdo a las estadísticas oficiales.
Uno de los últimos en obtener el beneficio es Carlos Octavio Capdevila, alias “Tommy”, condenado en tres juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El médico de la Armada ofició como partero en varios casos de detenidas embarazadas que dieron a luz en ese centro clandestino de detención y cuyos hijos fueron apropiados y entregados, en un número importante, a familias allegadas a la dictadura.
Capdevila se sumó a la lista de represores beneficiados el 27 de abril porque pertenece al grupo de riesgo del nuevo coronavirus, de acuerdo con la resolución del tribunal y a la información entregada por el Sistema Penitenciario Federal a la Justicia.
El partero de la ex ESMA cumple tres penas de 20, 15 y 10 años de prisión, pero cumpliría un máximo de 25 años, como establece la ley en Argentina. Cuando fue sentenciado por primera vez en 2011, ya cumplía prisión preventiva, por lo que acumula más de una década en la cárcel.
El 7 de abril, antes de recibir el arresto domiciliario, Capdevila había obtenido otro beneficio que quedó en suspenso: el Tribunal Oral Federal número 5 le otorgó la excarcelación en una de las causas, debido al tiempo que lleva en la Unidad 31 de Ezeiza. Su libertad no se hizo efectiva porque cuenta con dos condenadas más, explicaron en la Procuraduría.
El resto de sus compañeros de la ex ESMA deberá seguir en la cárcel. Solicitaron el arresto domiciliario pero el tribunal no se los concedió.
Todos tienen más de 60 años y enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e insuficiencia cardíaca, entre otras patologías que constan en el informe del Servicio Penitenciario Federal.
Uno de ellos es el exoficial de la Armada Alfredo Astiz, apodado “Ángel Negro” o “Ángel de la muerte”, quien, como se probó en los juicios, se infiltró en el primer grupo de las Madres de Plaza de Mayo que reclamaban por la desaparición de sus hijos; y el otro es Jorge Eduardo “Tigre” Acosta (jefe del grupo de tareas de la ESMA que integraba Astiz).
Ricardo Cavallo, alias “Sérpico”, está condenado por haber participado en los “vuelos de la muerte” (método de desaparición que consistía en subir a los detenidos a un avión y arrojarlos al mar)y del secuestro, tortura y muerte de las religiosas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, entre otros casos de desapariciones forzadas, torturas y vejámenes. La Justicia también le negó por el momento el beneficio de la domiciliaria.
Cavallo estuvo escondido más de una década en México, luego fue extraditado a España y más tarde a Argentina. En los últimos días el gobierno de Francia le retiró la condecoración Orden Nacional del Mérito, que le había otorgado por sus funciones en la embajada argentina en París durante parte del gobierno militar.
Existen otros 15 recursos que continúan pendientes, de acuerdo con las cifras oficiales.
Tanto los fiscales como las defensas han decidido apelar las decisiones de los tribunales en 63 casos. La Cámara de Casación Federal aún debía resolver 16 apelaciones.
El contexto
El gobierno de Alberto Fernández evalúa qué obras realizar en las cárceles para poder aislar a los presos considerados población de riesgo en la pandemia de covid-19, según confirmaron dos fuentes de distintos organismos oficiales.
La idea es frenar la polémica por las solicitudes de prisión domiciliaria y garantizar los reclamos de reclusos y organismos de derechos humanos.
En la provincia de Buenos Aires, la Corte Suprema local falló este lunes sobre la cuestión y decidió que los jueces revisen todos los arrestos domiciliarios y excarcelaciones concedido a acusados de distintos delitos durante la pandemia.
Los otros presos de riesgo
En el sistema penitenciario federal, hay al menos 1.280 personas detenidas que integran ese grupo de riesgo sanitario, de acuerdo a la lista a la que accedió CNN. Se trata de una nómina elaborada por el Ejecutivo, a pedido de la Justicia federal, y en base a los registros médicos de las cárceles.
Hay 430 condenados y procesados por tenencia de drogas; otros 13 presos por casos corrupción; y 333 por delitos contra la propiedad.
Además, hay 109 detenidos por delitos como secuestros, 81 por delitos contra la integridad sexual y 187 por homicidios y lesiones. Muchos están acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
Los factores que los ponen en riesgo son diabetes en el 20,7% de los casos; el VIH (en el 18%); enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma, en el 16% de los casos; y en menor medida, insuficiencia cardíaca, cáncer y embarazos.
Aproximadamente un tercio de los 1.280 reclusos es mayor de 60 años.