Nota del editor: En esta columna semanal llamada “Cross Exam”, Elie Honig, analista legal de CNN y exfiscal federal y estatal, opina sobre las últimas noticias legales. Las opiniones expresadas en este comentario pertenecen exclusivamente al autor. Lee más artículos de opinión en CNNe.com/opinion.
(CNN) – El esfuerzo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por poner en duda las elecciones de 2020 está en pleno auge. La semana pasada llamó erróneamente “fraude electoral”, “ilegales” y “engañosos” a los programas legales de voto por correo en Michigan y Nevada, y amenazó con retener fondos federales a esos estados si no llevan a cabo los actuales procesos legales de votación. El domingo, tuiteó que quienes proponen el voto por correo están intentando “usar el covid para esta estafa”.
En realidad, el presidente prácticamente no tiene ningún poder legal para determinar cómo los estados realizan sus votaciones. Pero el esfuerzo de Trump aquí parece ser menos sobre ejercer imperativos legales reales que por señalar a otros su deseo de luchar duramente para limitar el acceso al voto por correo, un tema especialmente crítico dadas las preocupaciones generalizadas sobre las reuniones públicas durante la pandemia de coronavirus. De hecho, estamos a punto de ver una serie de batallas legales en todo el país que determinarán si millones de personas pueden votar por correo, y el resultado de esos casos podría decidir las elecciones de 2020.
Las amenazas de Trump de retener unilateralmente los fondos federales suenan vacías, y estoy seguro de que ni siquiera lo intentará, a pesar de las bravuconadas, porque cualquier esfuerzo de ese tipo está destinado a ser contraproducente en los tribunales. Según la Cláusula de Gastos de la Constitución, es el Congreso –no el presidente– el que tiene el poder de distribuir los fondos federales a los estados y de condicionar los términos de esa financiación; la decisión de un presidente de retener fondos aprobados por el Congreso probablemente sea un “embargo” ilegal. Además, la gran mayoría de los fondos federales para las elecciones de 2020 ya han sido distribuidos o asignados por el Congreso a los estados, y cualquier condición sobre la financiación federal debe imponerse antes de desembolsar dicho dinero.
Entonces, ¿cuál es el objetivo? En un nivel temático, las declaraciones públicas de Trump parecen diseñadas para socavar la confianza en las elecciones y su resultado. Y en un nivel práctico, Trump está enviando órdenes inconfundibles a sus partidarios políticos: luchar como locos para limitar la votación por correo.
Así es cómo se verán esas batallas legales. Aproximadamente un tercio de todos los estados en EE.UU. permiten la votación por correo, pero únicamente si el elector demuestra una “causa” o necesidad específica, como discapacidad, estado de ausencia o práctica religiosa. (Otros estados votan completamente por correo o permiten el voto en ausencia “sin excusa”, lo que significa que los electores no necesitan explicar ninguna razón para votar por correo). La gran pregunta en esos estados de “causa” es si los votantes que temen exponerse al coronavirus por acudir a votar personalmente calificarán para la opción por correo.
Esta pregunta exacta llegó recientemente a un jefe legal en Texas. Un juez de un tribunal de distrito federal dictaminó que los ciudadanos en ese estado que temen contraer el coronavirus pueden votar por correo bajo la ley estatal que lo permite con base en la discapacidad o la condición física. El fiscal general de Texas, un republicano, argumentó en contra de esa ampliación en el acceso a la votación, afirmando que podría conducir a un fraude electoral, un reclamo (a menudo presentado por Trump e incluido en sus tuits de la semana pasada) que no está respaldado por ninguna evidencia significativa. El fiscal de Texas no aceptó la derrota, sino que recurrió a la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, famosa por su corte político conservador. El Tribunal de Apelaciones detuvo de inmediato la orden del tribunal de distrito y ahora considerará si la apelación tiene méritos.
La batalla legal de la votación por correo en Texas promete ser apenas un frente de una campaña legal más amplia. Según informes, ambos partidos políticos han invertido decenas de millones de dólares en batallas legales que están por venir sobre el acceso electoral en todo el país. Solo el Comité Nacional Republicano ha asignado US$ 20 millones para combatir demandas que buscan un acceso electoral más amplio. Sin embargo, este gasto podría ser contraproducente para los republicanos. No hay pruebas concluyentes de que el voto por correo favorezca a los demócratas. Algunos datos muestran que los republicanos tienen más probabilidades de votar por correo que los demócratas y varios funcionarios republicanos prominentes favorecen la votación por correo.
A pesar de las bravuconadas de Trump, él simplemente no tiene poder legal significativo en este tema. Pero ciertamente puede reunir a las tropas para pelear batallas legales en estados de todo el país para limitar la votación por correo. El resultado de estos casos determinará si millones de electores pueden emitir sus votos de forma segura desde su hogar, o si deben elegir entre exponerse al coronavirus en los lugares de votación o no votar en absoluto.