(CNN Español) – El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió la junta directiva del partido opositor Primero Justicia, al que pertenece el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, y nombró una junta ad hoc encabezada por el diputado José Brito, disidente de la organización.
Brito es sospechoso de haber recibido dinero a cambio de asumir una postura a conveniencia del gobierno del cuestionado gobierno de Nicolás Maduro.
Una investigación periodística del portal Armando.info aseguró que Brito y otros diputados habrían actuado para lavar la imagen de empresarios acusados de corrupción a cambio de dinero y favores.
Tales denuncias son investigadas por la Asamblea Nacional.
Entre los mencionados, el empresario colombiano, Alex Saab, detenido el viernes en Cabo Verde acusado de lavado de dinero. Saab mediante uno de sus abogados negó en mayo haber participado en esquemas corruptos.
Brito, ahora Coordinador Nacional de Primero Justicia, niega los señalamientos en su contra y considera la decisión del Poder Judicial como un logro histórico para un cambio político por la vía electoral, de la cual —asegura— nunca debieron apartarse. Destaca que son un instrumento para el rescate y la democratización del partido.
La decisión de la Sala Constitucional autoriza el uso de la tarjeta electoral de la tolda política en las venideras elecciones parlamentarias.
Henrique Capriles tildó al máximo tribunal de “oficialista e inservible” y que a su juicio solo se ocupa de lo que considera la enferma ambición de poder de Maduro. Considera que “el partido le fue entregado a unas basuras y que con o sin sentencia Primero Justicia es y será de su gente”. Por su parte, Julio Borges, hasta este martes Coordinador nacional de Primero justicia, advirtió que “no podrán confiscar su lucha”. El debate sobre la participación electoral estaba abierto en el partido, que evaluaba las condiciones de esos comicios así como la transparencia y la legalidad con la que se designó un nuevo organismo electoral. Desconocen al actual CNE y de momento no han anunciado las acciones que podrían impulsar.
El lunes en la noche el máximo tribunal del país había tomado una medida similar contra Acción Democrática (AD), uno de los partidos más antiguos del país, fundado hace casi 79 años.
En este caso, Bernabé Gutiérrez, secretario nacional de organización, fue designado presidente de la junta ad hoc.
Gutiérrez considera que el fallo del TSJ es histórico y que permitirá dejar atrás “una dictadura interna que se había impuesto”, así como retomar el camino electoral. Anunció que “el nuevo AD” participará en los comicios parlamentarios. Henry Ramos Allup, hasta el lunes secretario general de Acción Democrática, calificó la acción judicial que puso el partido en manos de quien era su mano derecha, Bernabé Gutiérrez, como una maniobra de asalto, secuestro, atraco y robo. Aseguró que no acatarán decisiones írritas y que el objetivo de esta decisión es intentar darle un viso de credibilidad a la “farsa electoral que tienen planteado montar este año”. El también diputado advirtió que no está dispuesto a participar en los comicios y que la actual Asamblea estará vigente bajo el principio de la continuidad hasta que se realicen elecciones limpias, justas y transparentes. Se espera que en breve ofrezca más detalles sobre las acciones a seguir.
Bernabé Gutiérrez es hermano de José Luis Gutiérrez, uno de los cinco nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral designado por el TSJ y no por la Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución. Para tomar esta decisión, el máximo tribunal se amparó en la falta de acuerdo político en el Parlamento para nombrar la terna.
Las decisiones contra AD y Primero Justicia, dos de los cuatro partidos más votados de la oposición, se produjeron en menos de 24 horas en respuesta a recursos de amparo constitucional solicitados a principio de año por miembros de esos partidos.
Este miércoles el diputado de Un nuevo Tiempo, Chaín Bucarán, introdujo un recurso ante el TSJ solicitando la suspensión de la actual Junta Directiva de su partido y ser nombrado presidente de esa organización política. Pide incluir también al diputado Adolfo Superlano, quien —junto a Brito y a otros legisladores— fue señalado por la Asamblea Nacional de haber recibido dinero y beneficios a cambio de favores políticos al oficialismo. Superlano niega la veracidad de tales acusaciones. Considera que de esta forma se estaría conformando un nuevo liderazgo que aporte soluciones en el país. En respuesta, la diputada Nora Bracho rechazo la acción y advirtió que Bucarán y quienes lo acompañan representan los intereses de Maduro y que su objetivo es robarle la tarjeta y los colores al partido, tal como ocurrió con AD y Primero Justicia.
AD y Primero Justicia, junto con otras 11 toldas políticas, denunciaron el domingo que el nombramiento de la nueva terna del Consejo Nacional Electoral a través del TSJ era ilegal e inconstitucional. También advertían entonces de un supuesto plan para, según dijeron, “robarles sus tarjetas y símbolos para el uso de falsos opositores”.
Ambos partidos, con el apoyo de otras fuerzas políticas como Voluntad Popular en la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, coinciden en afirmar que estas medidas buscan generar apariencia de legitimidad para Nicolás Maduro, confundir a la militancia ante las elecciones parlamentarias y hacer creer a la comunidad internacional que en esos comicios participará la oposición venezolana.
Desde 2012 suman ocho los partidos políticos intervenidos por el TSJ: Podemos, PPT, Bandera Roja, MIN Unidad, MEP, Copei, AD y Primero Justicia.