(CNN) – John Jairo Gasparini condujo su motocicleta hacia la ciudad el 18 de marzo de 2020 para comprar guantes y máscaras faciales, requeridas por el gobierno venezolano para protegerse contra la propagación del nuevo coronavirus.
Cuando su hermana, Sugled Gasparini, le dijo adiós con la mano, ella no sabía que era el comienzo de una pesadilla que aún no ha llegado a su fin.
En lugar de regresar a su hogar en El Hatillo, un frondoso vecindario al sureste de la capital Caracas, Jairo, un mecánico de la ciudad, fue detenido, según su hermana, por la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM), una de las fuerzas más temidas en el aparato de seguridad del presidente asediado Nicolás Maduro.
Su desaparición fue una de muchas en los últimos meses a manos de las fuerzas de Maduro, según un nuevo informe de la organización de derechos humanos Robert F. Kennedy (RFK), que afirma que el gobierno está utilizando “desapariciones forzadas” como una herramienta de represión política.
El gobierno, a través del fiscal general Tarek William Saab, desestimó el informe y le dijo a CNN que la organización no tenía competencia para juzgar la situación en Venezuela.
Aunque la DGCIM solo está destinada a operar dentro de las fuerzas armadas como una fuerza policial, se sabe que ha detenido a civiles, una señal de una creciente represión enérgica por parte del gobierno de Maduro. No está claro cuánto sabe la Oficina del fiscal general sobre sus actividades o redadas.
Pero Sugled no sabía esto: durante los primeros 10 días después de la detención de Jairo, solo sabía que su hermano había desaparecido.
En una entrevista con CNN, Sugled habló de la angustia de no saber lo qué sucedió. Ella y su madre buscaron a Jairo en hospitales y morgues, e incluso entre la gran diáspora venezolana en el extranjero. Sugled envió una foto de su hermano a través de los chats de migrantes de WhatsApp hasta Ecuador, pero no logró nada.
Tres días después de su desaparición, la novia de Jairo presentó oficialmente un informe de persona desaparecida a la policía venezolana, pero la policía tardó cinco días en responder. Le dijeron que su novio podría haber sido detenido. La novia de Jairo declinó hablar con CNN debido a su temor a la vigilancia de seguridad en Venezuela.
Fue solo el 28 de marzo que Sugled escuchó la voz de Jairo nuevamente, en una llamada telefónica desde Boleita, el infame centro de detención de DGCIM en Caracas. Le dijo a su hermana que estaba bien y desde entonces han tenido algunas conversaciones telefónicas breves, le dijo a CNN.
“Fue exactamente 10 días”, dijo. “Diez días sin saber de él. Diez días buscándolo en hospitales, en morgues, 10 días donde una madre estaba ansiosa por ver a su hijo. No es justo”.
“Desapariciones forzadas”
La historia de Sugled está lejos de ser única en Venezuela. Según el informe de RFK, las “desapariciones forzadas” se han convertido en un patrón bajo el gobierno de Maduro.
La Corte Penal Internacional describe una desaparición forzada como el arresto, detención o secuestro de personas “por, o con la autorización, apoyo o aquiescencia de un Estado o una organización política, seguido de una negativa a reconocer esa privación de libertad o dar información sobre el destino o el paradero de esas personas”.
Hubo 524 desapariciones de este tipo en 2019, frente a las 200 del año anterior, según Foro Penal, una ONG venezolana de derechos humanos, que reunió los datos utilizados en el informe RFK. Y ha habido 235 en 2020, según el informe de RFK, y “14 de estas personas siguen desaparecidas al 31 de mayo de 2020, la fecha de finalización de este informe”.
La razón detrás de las desapariciones varía: según el informe, las fuerzas de seguridad de Maduro las usan para silenciar a opositores políticos prominentes, para dar un ejemplo a la población en general, para infundir miedo en los opositores políticos o para extraer información valiosa.
Angelita Baeyens, una de las autoras del informe RFK, citó un caso específico como típico: Ariana Granadillo desapareció dos veces en 2018 porque, según ella y su abogado, vivía en la casa de un pariente lejano, un coronel de la Guardia Nacional quien desertó y tomó las armas contra Maduro.
En una entrevista con CNN, Granadillo dijo que nunca había participado en actividades políticas antes de su detención. Ella dijo que uno de sus captores, también de DGCIM, le dijo que estaba detenida como una forma de llegar a su pariente, Oswaldo García Palomo, quien vivía en Canadá en 2018, pero regresó a Venezuela en 2019 y posteriormente fue detenido por los militares.
El fiscal general Saab desestimó los hallazgos de RFK cuando CNN lo contactó la semana pasada. “Espero que también tengan listo un informe que demuestre que la policía de Estados Unidos es la más criminal del planeta”, dijo Saab en referencia a la agitación en Estados Unidos provocada por la indignación por el asesinato de George Floyd en Minneapolis.
La detención de John Jairo parece similar, ya que su hermana afirma que fue detenido porque estaba conversando con una persona buscada por el gobierno.
Pero la verdadera razón sigue siendo desconocida. La DGCIM no ha presentado una orden para justificar el arresto de Jairo, y sus abogados no han podido hablar con él.
Bajo la sombra del covid-19
La práctica de las desapariciones forzadas en Venezuela no es nueva. El informe RFK documenta casos que datan de los últimos dos años. En julio de 2019, Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicó una investigación sobre los asesinatos extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad de Maduro, y pidió que se desmantelara una de esas fuerzas. Maduro escribió una carta a Bachelet para rechazar el contenido de ese informe.
Ese desmantelamiento no ha sucedido y la pandemia de coronavirus solo está empeorando la situación, según los autores del informe. Si bien en 2019 la duración promedio de la desaparición fue solo de unos pocos días, las detenciones duran más porque los tribunales están cerrados, el movimiento está restringido y la mayor parte de la burocracia venezolana está bloqueada.
Un portavoz de Voluntad Popular, una organización política que se opone a Maduro, dijo que casos como el de Jairo ocurren casi semanalmente.
Alfredo Romero, presidente de una asociación de abogados que trabaja en este tipo de casos en Venezuela, dice que el cierre ha provocado grandes violaciones del derecho a la defensa.
Los abogados ya no pueden visitar a los detenidos ni solicitar a los tribunales que accedan a los documentos judiciales. En algunos casos, los detenidos han sido transferidos de una prisión a otra sin que su equipo legal lo sepa, por razones de salud, según Romero.
Mientras tanto, John Jairo permanece detenido, más de tres meses después de su desaparición. Su hermana está esperando que lo vea pronto. “Solo quiero verlo libre”.
– Audrey Ash informó desde Atlanta, Stefano Pozzebon desde Bogotá y Jorge Luis Pérez Valery desde Caracas.