(CNN Español) –– La estabilidad laboral de 240 trabajadores de un medio de comunicación en Panamá está en riesgo por un secuestro de activos, a raíz de una demanda civil por supuestos daños y perjuicios presentada por el expresidente Ernesto Pérez Balladares, quien gobernó el país de 1994 a 1999.
La Corporación La Prensa (Corprensa) informó este sábado a través de comunicado sobre el secuestro de cuentas bancarias por la suma de 1,13 millones de dólares, que fue ejecutada por un juzgado civil, y según la parte demandante, es la continuación de un proceso que lleva 8 años y que “la medida cautelar está encaminada a garantizar las acciones legales” emprendidas por el exmandatario en 2012.
En su demanda, Pérez Balladares reclama 5,5 millones de dólares contra la empresa periodística por una serie de publicaciones de marzo de 2011, con información que él califica como falsa, emitidas por La Prensa, que es uno de los dos diarios de Corprensa.
En un comunicado publicado en la página web de Pérez Balladares se explica que en las publicaciones se hacía alusión directa al exmandatario, diciendo que estaba involucrado en un caso de blanqueo de capitales que era investigado en el Ministerio Público.
Por su parte, en su edición digital del sábado, La Prensa detalló que en esas notas de 2011 se informó “que Pérez Balladares ‘podría ser objeto de una segunda investigación penal’ por presunto blanqueo de capitales, por ‘supuestas irregularidades detectadas en una cuenta bancaria en Bahamas’”. Agrega que “antes de publicar ambas ediciones, el diario contactó a la defensa del exmandatario y publicó su versión”. También asegura que frente a la demanda civil, todavía no hay condena ni se ha probado la comisión de algún delito por parte del medio de comunicación.
La Corporación La Prensa dice en su comunicado que la acción judicial es un ataque directo a la libertad de prensa y al derecho a la información porque reprime la continuidad operativa de la empresa.
“Con ella se congelan los fondos utilizados para cumplir con nuestras obligaciones contractuales, y realizar el pago de bienes y servicios, y sobre todo los salarios de los 240 asociados de la corporación”, se explica en el comunicado firmado por Diego Quijano, presidente de Corprensa.
Por su parte, en el portal digital del expresidente se argumenta que aunque “se demostró ampliamente que esos señalamientos eran falsos, La Prensa no tuvo la disposición de retractarse”.
En el portal del exmandatario se asegura que se causó “daño moral y el desprestigio nacional e internacional de su imagen”, y que “la ejecución de este secuestro NO coarta de ninguna manera el ejercicio de la libre actividad periodista a la que tiene derecho el mencionado medio y mucho menos a la libertad de prensa en el país”.
Varios gremios, principalmente periodísticos, rechazan el secuestro. A nivel empresarial, la Cámara de Comercio de Panamá expresó en comunicado: “Entendemos la potestad que le otorga la ley al demandante a defender su honor y su honra; sin embargo, una acción de este tipo en los tiempos que vivimos no sólo es un duro golpe al derecho a la información de los ciudadanos, sino que pone en riesgo el sustento de los más de 240 colaboradores de CORPRENSA”.
Y es que por la crisis económica en Panamá en medio de la pandemia, el viernes hubo despido de personal en las dos televisoras comerciales más importantes del país.