(CNN) – El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela decidió procedente este viernes pedir a Italia que extradite a Rafael Ramírez, quien fuera ministro de Energía y Petróleo de 2002 a 2013 y director de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) entre 2004 y 2013.
Ramírez ejerció ambos cargos durante la gestión del fallecido presidente Hugo Chávez.
La Sala de Casación Penal del TSJ informó en un comunicado que la solicitud de extradición del exfuncionario tiene el objetivo de someterlo a un proceso penal en Venezuela por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación.
CNN intentó obtener la reacción de Ramírez sin haber obtenido respuesta hasta ahora.
Ahora que el máximo tribunal del país ha autorizado la petición, corresponde a la Cancillería venezolana tramitarla ante el gobierno italiano. CNN no ha podido confirmar de manera independiente el lugar donde se encuentra actualmente Ramírez.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo en 2018 que emitirían una orden de captura contra Ramírez, a quien relacionaban con una trama de supuesta corrupción en Petróleos de Venezuela. En diciembre de 2017, el Ministerio Público estimó la pérdida de unos US$ 4.800 millones por acciones supuestamente dirigidas al beneficio personal de Ramírez y otros ejecutivos petroleros por las transacciones de compra y venta de crudo a empresas trasnacionales.
En diciembre de 2017, Ramírez le dijo a CNN que las acusaciones de corrupción de la Fiscalía General de la República denotaban “tremenda ignorancia” y agregó que estaban usando su caso para desviar la atención sobre los problemas en Venezuela.
Y en octubre de 2019, el exfuncionario le contó a Andrés Oppenheimer cómo el cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro habría ordenado una persecución en su contra.
Ramírez se convirtió en una de las caras más conocidas durante la gestión de Hugo Chávez, pero luego se distanció de la llamada revolución bolivariana durante la gestión de Maduro.
El exministro también fungió como embajador de Venezuela en las Naciones Unidas de 2015 a 2016 y tras su salida, se ha convertido en una de las voces más críticas del gobierno.
Incluso ha expresado públicamente su interés en convertirse en una opción presidencial para Venezuela.
Esta no es la primera vez que el Tribunal Supremo dicta una medida de esta naturaleza contra el exministro. En 2017, declaró procedente pedir la extradición de Ramírez a España, debido a acusaciones de peculado doloso, evasión de procedimiento licitatorio y asociación ilícita.