(CNN Español) – El expresidente de Colombia Álvaro Uribe tiene en su contra una orden de detención de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal, en un caso por supuesta manipulación de testigos. Uribe siempre ha negado los cargos.
Estas son algunas preguntas que deja el caso.
¿Cuál es el caso y de qué se le acusa a Uribe?
El expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006; 2006-2010) está acusado de presunta manipulación de testigos. El caso data de 2014, cuando el senador Iván Cepeda, del opositor Polo Democrático, denunció a Uribe por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo, algo que Uribe ha negado constantemente.
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Pero Uribe decidió llevar el caso a la corte y denunciar a Cepeda por las graves acusaciones. Argumentó que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve —que actualmente está en la cárcel condenado— y otros testigos, habían sido manipulados y presionados. A través de sus abogados Monsalve negó haber recibido cualquier tipo de beneficios jurídicos o económicos de Cepeda por sus declaraciones.
Pero los magistrados encontraron elementos suficientes para exonerar a Cepeda, y en cambio decidieron investigar a Uribe tras encontrar las que consideran pruebas y testimonios nuevos que involucrarían al expresidente en las mismas prácticas de las que acusaba al senador Cepeda. La denuncia de Uribe contra Cepeda fue archivada.
“Después de emitido este archivo, al parecer, con la aprobación del senador, personas allegadas a él habrían emprendido probables actos de manipulación de testigos”, dijo la Corte Suprema en un comunicado esta semana.
En este caso, Monsalve le dijo a Cepeda en una entrevista grabada por el senador en 2013, que en la finca «Guacharacas», propiedad de la familia Uribe, se habría formado un grupo paramilitar. La familia de Monsalve trabajaba en esa hacienda y por eso, él afirmaba conocer de primera mano los hechos.
Monsalve luego se retractó de sus declaraciones contra Uribe y dijo que lo hizo por presión de uno de los abogados de Uribe. Ese abogado, Diego Cadena, es pieza clave del caso, y reconoció haber hecho un pago a ese paramilitar, como un “apoyo humanitario” y no un soborno. Y Uribe dijo no tener conocimiento de estas actividades.
El 4 de agosto, la Corte Suprema de Justicia impuso medida de aseguramiento contra Uribe, por “posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos” que involucran al senador Uribe, dice un comunicado de la Corte. El alto tribunal dice que tiene una gran cantidad de pruebas que “al parecer indican su presunta participación como determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal”.
Jaime Granados, abogado del expresidente, negó que Uribe haya sobornado a Monsalve y que en cambio pidió que el “testigo dijera libremente la verdad”.
“No puede entenderse en ningún contexto como un soborno, pues nunca se le pidió por parte del presidente Uribe que el testigo faltase a la verdad o la callase parcial o totalmente”, dijo Granados este miércoles en un comunicado.
¿Qué dicen Uribe, sus socios políticos y seguidores?
El expresidente Uribe lamentó la decisión de la Corte diciendo que esta le “causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria”.
El presidente de Colombia, Iván Duque, cuyo padrino político es el expresidente Uribe, salió en defensa del senador diciendo que durante años “enfrentó el narcotráfico, el terrorismo y a los regímenes totalitarios de America Latina”, ha respetado a la justicia y “producto de su lucha” han sido víctimas de “ataques y difamaciones”.
“Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia”, dijo Duque. “Como presidente hago un llamado a la reflexión, entiendo el papel de las instituciones y la independencia de poderes, como ciudadano y creyente de las instituciones espero que las vías judiciales operen y existan plenas garantías para que un ciudadano integro ejerza su defensa en plenitud”.
El partido oficialista Centro Democrático, creado por Uribe, rechazó en un comunicado la decisión de la corte y dijo que Uribe enfrenta “actuaciones de sofisticadas estructuras de difamación, sustentadas en falsos testigos”.
El Centro Democrático planteó una Asamblea Nacional Constituyente, “con el propósito de despolitizar la justicia y recuperar la confianza en las instituciones de la república”.
¿Qué dicen los opositores?
El senador Iván Cepeda, uno de los protagonistas de este caso, recordó que nadie está por encima de la ley.
“Hoy quedó demostrado que en una sociedad democrática el derecho y la justicia están para controlar la arbitrariedad del poder”, tuiteó Cepeda.
“La Corte Suprema de Justicia nos ha recordado que existe una constitución, que existe un ordenamiento legal y que en ese ordenamiento legal los jueces de la república tienen la posibilidad, el deber, de ejercer justicia”, dijo Cepeda en una entrevista con un medio local. “No hay personas que estén por encima de la justicia y de la ley por muy poderosas e influyentes que sean”.
Senadores opositores respaldaron la decisión de la Corte e hicieron un llamado a respetar las decisiones de la justicia, independientemente cual fuera el desenlace.
El principal opositor de Uribe, el senador y excandidato presidencial Gustavo Petro dijo en Twitter que: “Cualquiera que sea el desarrollo de ese proceso Colombia debe respetar su justicia”.
El expresidente Juan Manuel Santos —quien fue parte del gobierno de Álvaro Uribe como su ministro de Defensa, y su primera candidatura a la Presidencia fue apoyada por Uribe, pero se enemistaron por el proceso de paz— dijo que espera que el expresidente “pueda resolver su difícil situación” y, como ciudadano, que la justicia le dé “plenas garantías y a los colombianos pleno respeto por la justicia”.
¿Qué sigue para Uribe?
El abogado de Uribe, Jaime Granados, dijo en un comunicado que se enteró de la decisión de la Corte a través de un comunicado de prensa. Granados le dijo a CNN en Español que no ha sido notificado formalmente por la corte de esta decisión y que el expresidente espera esta notificación en una hacienda ubicada en el norte de Colombia. La defensa del senador y expresidente evalúan qué medidas tomarán, ya sea apelar la decisión o esperar el segundo paso, que seguramente puede ser un llamado a juicio, donde se espera controviertan las pruebas. Según el comunicado de la Corte, las pruebas con las que cuenta son “testimoniales, inspecciones judiciales, registros fílmicos, grabaciones e interceptaciones telefónicas, que al parecer indican su presunta participación como determinador de los delitos” de los que se le acusa.
“Es una decisión muy delicada, muy grave, pero la investigación continúa”, dijo el abogado penalista Francisco Bernate, en una entrevista con Canal Institucional. Bernate agrega que a partir de ahora sigue el debate, el aporte de pruebas, hasta que la Corte determine si acusa a Uribe o si cerrar el caso.
¿Perderá su curul?
Lo que ocurra en el proceso a partir de ahora determinará el futuro político de Uribe Vélez, pero la Constitución de Colombia establece en su artículo 134 que cualquier servidor público debe ser reemplazado en casos de “faltas absolutas o temporales”. Y detenido en su casa, el senador Uribe no podrá seguir ejerciendo su cargo, según el abogado constitucionalista Rodrigo Uprimny.
“A Uribe lo investigan y está detenido por un delito contra la administración de justicia y no contra la administración pública”, le dijo Uprimny a CNN en Español. “Pero fue detenido, que es una medida privativa de la libertad. Entonces conforme al parágrafo transitorio (del artículo 134) es una falta temporal pues no puede seguir siendo por ahora senador”.
Sin embargo, agrega el experto, “el Centro Democrático lo puede reemplazar pues los delitos por lo que fue detenido no son de los previstos para la figura de la ‘Silla Vacía’, o pérdida o suspensión de la curul para el partido, que es el inciso segundo de ese articulo”.
Entre tanto, la ley colombiana también establece que cuando se le imponga medida de aseguramiento contra un servidor público, en la misma orden se solicitará a la autoridad respectiva proceder a la suspensión del cargo. “Mientras se cumple la suspensión, se adoptarán las medidas necesarias para evitar que el sindicado eluda la acción de la justicia”, dice la ley 600 de 2000.