Nota del editor: Roberto Rave es politólogo con especialización y posgrado en Negocios Internacionales y Comercio Exterior de la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Columbia de Nueva York. Con estudios en administración de la Universidad IESE de España y candidato a MBA por la Universidad de Miami. Es columnista del diario económico colombiano La República. Fue escogido por el Instituto Internacional Republicano como uno de los 40 jóvenes líderes más influyentes del continente. Fue asesor del Congreso de la República de Colombia y de la alcaldía de Medellín, y fundador del centro de pensamiento Libertank. Síguelo en Twitter. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.
(CNN Español) – En los procesos judiciales, la regla general debe ser la libertad. Como pareciera normal en Colombia, ha llegado mediante “notificación” de los medios de comunicación, y no primero de la Corte Suprema, la decisión de privar de la libertad al expresidente Álvaro Uribe, mientras continúa el proceso en el que es juzgado por un posible soborno en la acción penal y fraude procesal. Este hecho ha causado gran indignación entre algunos ciudadanos, no precisamente porque los ciudadanos se encuentren suscritos a la corriente uribista, sino porque, sin entrar en las explicaciones y entresijos de cada caso, muchos nos preguntamos la casualidad de que haya sido esta sala la que haya tomado esa decisión, la misma sala que otorgó la libertad de Santrich para que se defendiera en libertad y considero una prueba sin validez los computadores del guerrillero Raul Reyes.
Los hechos dejan en un sector de la opinión pública el sinsabor de un posible doble rasero, pues, por ejemplo, se concluye que “Jesús Santrich” podía defenderse de las acusaciones en libertad, mientras que el expresidente Álvaro Uribe no, la Corte tomó la decisión por considerar que hay riesgos de obstrucción a la justicia.
Este tipo de aparentes contradicciones demostrarían el porqué, según una encuesta realizada por Gallup en agosto de 2019, la gran mayoría de los colombianos tiene muy mala opinión del sistema judicial del país, pues el 79% tiene una imagen negativa, mientras que solo el 15%tiene una opinión favorable. En particular, según el sondeo, la Corte Suprema de Justicia tiene 62% de imagen negativa, frente a un escaso 28% de opinión positiva. Tristemente, la justicia penal de Colombia, cuya cabeza es la corte que hoy le quita la libertad al expresidente Uribe, tiene un pésimo desempeño en términos globales. De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho que elabora anualmente la organización no gubernamental estadounidense Proyecto de Justicia Mundial, Colombia ocupa el puesto 77de 128 países analizados en este 2020.
Como se temía, y por mucho que la corte insista en que tiene numerosos elementos probatorios todo indicaría que las consideraciones políticas y hasta personales contra Uribe vencieron los hechos, las realidades verificables, las pruebas y la aplicación serena y equilibrada de las normas vigentes. Preocupan también los recientes casos bochornosos, como el del llamado Cartel de la toga. Así se le llamó a una organización que se dedicó a cometer delitos que se consideraba, atentaban contra la seguridad pública. Allí se reveló la existencia una red de testigos falsos y de compraventa de sentencias en dicha corte, con varios magistrados involucrados. La Corte ha pedido que la justicia actúe y no se opone a ninguna investigación
Es por esto que esta decisión no solo afecta al expresidente Uribe y su corriente política, sino también a la confianza y el prestigio de la justicia.
El proceso seguirá adelante, Uribe, quien niega las acusaciones, no ha sido declarado culpable y tendrá que defenderse en detención domiciliaria. Pero los hechos son contundentes y mientras una parte de las FARC, grupo guerrillero ahora un partido político se encuentra en el Congreso legislando aun después de haber perdido el plebiscito por la paz, el expresidente Uribe es acusado en los tribunales de algunos delitos y será juzgado en privación de su libertad. Pero fuera de los tribunales, también se le acusa de alejar la guerrilla de las zonas urbanas y los centros productivos, de desmovilizar a decenas de miles de criminales, de disminuir los actos terroristas de 1.645 en 2002 a 150 en 2004, de recuperar la confianza inversionista y empresarial, creando las condiciones para el surgimiento de 150.000 empresas nuevas, de aumentar los ingresos por concepto de turismo en 115%.
Vienen momentos difíciles para Colombia y, a dos años de elecciones presidenciales, se hace necesario un liderazgo que tenga la fortaleza para cambiar lo que está mal, un liderazgo que logre consensos y tome decisiones. Un liderazgo que, de una vez por todas, fortalezca las instituciones y las purgue de la maldad y la corrupción que carcome la esperanza de los colombianos.
Tengo la certeza de que una persona como el expresidente Uribe puede ser juzgado en libertad. En su proceder, no se le puede demostrar una sola inasistencia a uno de los miles de requerimientos que la justicia le ha realizado.
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