Nota del editor: León Valencia Agudelo es un politólogo, exguerrillero del ELN, columnista y autor de varios libros. Estableció la Fundación Paz y Reconciliación y es miembro del Grupo de Memoria Histórica. Síguelo en Twitter. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.
(CNN Español) – Hay un gran revuelo en Colombia. Álvaro Uribe Vélez, dos veces presidente y quizá el más hábil y popular de los políticos colombianos en los últimos 50 años, está desde este martes en prisión domiciliaria, mientras se desarrolla la investigación que por soborno y fraude procesal le sigue la Corte Suprema de Justicia.
Para sus partidarios, entre los que se encuentra el hoy presidente Iván Duque, es algo inaudito. Pero en realidad tiene toda la lógica jurídica del mundo. Los indicios de que el exmandatario tiene responsabilidad en la presión y en el soborno a testigos, son bastante notorios, aunque Uribe los niegue.
Los paramilitares Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve sostienen —con supuestas pruebas en mano— que los dos abogados, actuando en nombre de Álvaro Uribe, los contactaron para que declararan en favor del expresidente a cambio de favores y dinero. Querían, además, según consta en las interceptaciones legales que tiene la Corte, que sirvieran de testigos contra el senador Iván Cepeda y dijeran que el legislador los había buscado para acusar falsamente a Uribe. Los abogados, hoy también procesados, no han podido eludir en los tribunales la acusación de que entregaron importantes sumas de dinero y ofrecieron ayudas a estos testigos.Uribe argumenta que no estaba al tanto de esto.
La historia es bastante larga. Juan Guillermo Monsalve es un campesino que nació y se crió en la finca Guacharacas, propiedad de Alberto Uribe Sierra, padre del exmandatario. Monsalve creció y se vinculó a los paramilitares. Conocía muchos secretos de la familia Uribe. En algún momento, quizá porque el expresidente le dio la espalda al acuerdo de desmovilización y desarme que había pactado con los paramilitares y extraditó a sus jefes, o no se sabe por qué otra razón, Monsalve empezó a testificar contra Uribe, señalándolo de contribuir a fundar el Bloque Metro de los paramilitares que operaban en Medellín y en la región antioqueña.
En las mismas grabaciones obtenidas por la Corte, Uribe, en un primer momento, habría intentado una conciliación con Monsalve mediante mensajeros que decían ir en su nombre.
Según las grabaciones, Monsalve no cedió a estas propuestas y persistió en sus denuncias. Posteriormente, Monsalve —ya preso (purga una condena de 35 años por concierto para delinquir y secuestro)— empezó a sufrir graves atentados a su vida, de los cuales se salvó a punta de astucia. Culpa a Uribe de estas acciones, de las cuales el expresidente ha dicho que no formó parte. De ahí nació una feroz enemistad. Ahora Vélez y Monsalve están en sociedad para buscar la condena de Uribe y parece que no cejarán en ese empeño.
La Corte Suprema no tenía otro camino que llamar a Uribe a proceso y al mismo tiempo, ordenar la prisión domiciliaria. Como la esencia de los delitos de los que se lo acusa es la obstrucción a la justicia, la indicación es que tiene la voluntad y la posibilidad de influir o poner trabas al libre ejercicio de los investigadores y los jueces. Para evitar esto, ordena su reclusión.
Ahora bien, la prisión domiciliaria es una decisión dura, pero simbólica. La Corte Suprema tuvo en cuenta la representación y la influencia de Uribe, las dignidades que ha ocupado, y se decidió por una reclusión que en estos tiempos de pandemia no hace muchas diferencias con lo que vive el resto de los colombianos.
Lo que sigue no es fácil. Las presiones sobre la Corte aumentarán. Este martes, una senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, insinuó que las Fuerzas Militares deberían actuar para defender al expresidente. Es desde luego un exabrupto, pero no se puede subestimar. La batalla jurídica será también muy dura. Los abogados que defienden a Uribe son muy poderosos.
Pero hay una cosa que los partidarios del presidente Uribe no tienen en cuenta. Estamos en el siglo de los jueces. Las cortes tienen una enorme influencia y poder en el mundo de hoy. Enfrentarse a ellas tiene unos costos enormes. Mucho más si las pruebas son consistentes como parecen serlo las que implican al expresidente Uribe.