(CNN Español) – La mañana de este miércoles, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, notificó que se hizo efectiva la detención domiciliaria en su contra, y que fue registrado con dactiloscopia como el preso 1.087.985 del sistema penitenciario colombiano, por orden de la Corte Suprema de Justicia.
Al dar a conocer el hecho en Twitter, el exmandatario pidió transparencia en su proceso.
“Hoy fui reseñado como preso #1087985 por confrontar testimonios en mi contra comprados por Farc, su nueva generación y sus aliados. Sin pruebas, solo inferencias. Me interceptaron ilegalmente. Impidieron a abogados contrainterrogar a su principal testigo. Pido transparencia”.
Al ser consultada por CNN, la Corte Suprema de Justicia respondió que el proceso contra el expresidente Uribe se encuentra en fase de investigación y el caso no es público. Explican que “en Colombia están operando dos sistemas judiciales, un sistema penal acusatorio, que es público, y otro sistema que es regido por la ley 600 del 2000 que rige las investigaciones contra congresistas. Son las reglas de juego que el mismo Congreso puso. Este es el sistema que está investigando a Uribe. Tiene reserva legal”.
La defensa de Uribe pidió que el caso fuera público, sin embargo, la Corte aún no responde esta petición.
La orden de la autoridad judicial contempla que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC) deberá realizar visitas periódicas al lugar donde se encuentra el ex jefe de Estado, en su finca El Ubérrimo, ubicada en el departamento de Córdoba, en el noreste del país.
Por el momento, el también senador del partido Centro Democrático no tiene restricción de uso de redes sociales ni para hacer pronunciamientos públicos.
Sobre el caso
Álvaro Uribe Vélez es el primer expresidente de Colombia en enfrentar una orden de privación de su libertad.
El pasado 4 de agosto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le impuso detención domiciliaria, acusado de soborno y fraude procesal, cargos que el exmandatario siempre ha negado.
La medida no constituye una sentencia de la Corte Suprema, sino que se trata de una acción en medio del proceso que enfrenta Uribe Vélez. En un comunicado, el presidente de la Sala Especial de la Corte confirmó que la decisión se habría tomado por considerar que hay riesgos de obstrucción a la justicia.
Todo empezó en 2014, en un debate en el Congreso en el que el senador de izquierda Iván Cepeda acusó a Uribe de estar involucrado en el surgimiento de grupos paramilitares y presentó una serie de testimonios. Un señalamiento que Uribe no solo negó, sino que respondió con una demanda ante la Corte Suprema en la que pedía investigar a Cepeda por supuesta manipulación de testigos.
Durante la investigación, el alto tribunal exoneró a Cepeda y abrió un proceso formal contra Uribe por los mismos señalamientos.