Nota del editor: Vaclav Masek Sánchez es un doctorando guatemalteco en sociología en la Universidad del Sur de California (USC). Recibió su maestría en el Centro para Estudios Latinoamericanos y el Caribe (CLACS) de la Universidad de Nueva York (NYU). Investiga la Centroamérica contemporánea. Síguelo en @_vaclavmasek.
(CNN Español) – Debe haber sucedido algo insólito para que la crisis de salud pública por la pandemia que ya lleva más de 150 días no sea la noticia que figura en las portadas de los medios de comunicación del istmo centroamericano.
Y es que la intención de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares de juramentarse como diputados suplentes en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) revive una antigua discusión sobre la verdadera utilidad de este foro político.
El affaire Martinelli-Parlacen vuelve a evidenciar el servilismo y la inoperancia que tiene el órgano legislativo regional, lamentable intento de integrar políticamente a las democracias centroamericanas que, golpeadas por el azote de la pandemia, ahora se enfrentan al crónico rebrote de la corrupción e impunidad que amenaza a las instituciones diseñadas para orientar la agenda política regional.
Con fines de extradición a Estados Unidos, los Martinelli Linares fueron detenidos el 6 de julio en el aeropuerto internacional de la Ciudad de Guatemala cuando intentaban viajar a su país en un vuelo humanitario. Los hermanos aseguran que el arresto es ilegal, pues consideran que gozan de la inmunidad diplomática que les otorga su puesto como diputados suplentes del Parlacen, obtenido en los comicios panameños de mayo de 2019. Para ese entonces, ambos hermanos habían salido de Panamá, donde eran buscados por la justicia por su presunta vinculación con sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. La Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York afirma en su comunicado del 6 de julio, que entre agosto de 2009 y enero de 2014, los hermanos Martinelli facilitaron el pago de sobornos de Odebrecht. La Embajada de EE.UU. en Ciudad de Panamá afirmó que lo hicieron en beneficio de “un antiguo miembro de alto rango del gobierno de Panamá, quien era un pariente cercano de los acusados”. Y agrega que los acusados realizaron “una serie de pasos que incluyen la apertura y manejo de cuentas bancarias secretas a nombre de empresas fantasma en jurisdicciones foráneas”. Aquí el comunicado de la Embajada de EE.UU. en Ciudad de Panamá
La justicia estadounidense los acusa de ser intermediarios en pagos que suman casi US$ 28 millones. Además, las autoridades panameñas buscan aprehenderlos por ser sospechosos de participar en una trama local conocida como Blue Apple, en la cual 63 imputados habrían dejado al descubierto la supuesta participación de funcionarios, empleados bancarios y allegados a la administración del entonces mandatario Ricardo Martinelli (2009-2014), padre de los Martinelli Linares, con el presunto objetivo de apropiarse de dinero del Estado.
Los hermanos Martinelli se declaran inocentes. Su abogado, Denis Cuesy, ha declarado que en Guatemala se comete una “aberración jurídica” en contra de ellos y advirtió que en su momento “denunciará a Guatemala” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Si fueran capturados, juzgados y hallados culpables, podrían ser condenados, podrían pasar varios años en la cárcel en Estados Unidos.
Aun así, los hermanos Martinelli Linares no han sido juramentados por el Parlacen, por lo que, de acuerdo con diversas fuentes, no cuentan con inmunidad como parlamentarios. La delegación panameña del Parlacen indicó que no juramentaría a los Martinelli, ya que como el foro tiene sede en Ciudad de Guatemala, es responsabilidad de este país resolver el caso.
El Ministerio Público de Guatemala solicitó que se ordenara a la presidenta del Parlacen, la guatemalteca Nadia de León, que le tome el juramento de los hermanos prófugos de la justicia para no transgredir los principios de seguridad, certeza jurídica y legalidad garantizados en la Constitución Política de Guatemala.
El descontento se volvió palpable en Panamá y en Guatemala. Mientras muchos panameños reunieron firmas para sacar a su país del organismo, numerosos ciudadanos guatemaltecos continúan esperando que su presidente cumpla la promesa de campaña de que a ese foro regional “lo reformamos o lo cerramos”.
Washington también se pronunció contra la juramentación de los Martinelli Linares. El secretario adjunto interino de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, manifestó el 28 de julio su rechazo al uso del Parlamento Centroamericano como un escudo contra las acusaciones legales mencionadas.
Finalmente, el 31 de julio, el foro negó la juramentación de los Martinelli Linares.
Tomando como inspiración al Parlamento Europeo, el Parlacen está integrado por 20 diputados electos por cada Estado integrante: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Sin embargo, como si se tratara de una pensión, otorga curules a los expresidentes y exvicepresidentes de cada país, contradiciendo la naturaleza democrática del foro al ocupar puestos junto a legisladores que sí son elegidos por la ciudadanía en comicios.
En total son 120 congresistas electos que ocupan una cámara legislativa regional que nació del espíritu democrático y solidario del posconflicto centroamericano, aunque sus resoluciones no son vinculantes ni de carácter obligatorio. Costa Rica no integra el foro, ya que no le encuentra utilidad. Belice, la única democracia parlamentaria de Centroamérica, tampoco participa.
Cuando el Parlamento Centroamericano finalmente entró en vigor en 1991, los objetivos eran tan osados como necesarios. Pero casi 30 años después, pensar “centroamericanamente” implica reformular las instituciones políticas que pretenden crear una agenda regional a futuro.
La naturaleza jurídica de la institución vincula al Parlacen como un órgano regional y de permanente de representación política y democrática al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que pretende fortalecer a la región como bloque económico para insertarlo al mercado globalizado.
Pero proponer legislación para la integración regional no solo implica una unión aduanera que facilite el comercio de bienes a través del istmo. También es necesario que las resoluciones de un foro centroamericano puedan llegar a tener carácter vinculante; que las mociones sean propuestas con el objetivo de convertirse en leyes en jurisdicciones nacionales y también aplicadas en la región.
Las iniciativas para ampliar y profundizar la integración centroamericana pasan, por ejemplo, por definir una política ambiental concentrada en las necesidades de los pueblos originarios, históricamente excluidos de la toma de decisiones en Centroamérica.
Hoy es más urgente que nunca ofrecer certeza jurídica para robustecer las débiles protecciones existentes frente a la depredadora búsqueda de recursos de varias empresas multinacionales activas en la industria extractiva. El grupo no gubernamental Global Witness reporta que 3 de los 5 países con más asesinatos de defensores del territorio se encuentran en Centroamérica: Honduras, Guatemala y Nicaragua.
Otro ámbito cuya reforma es urgente es el régimen de privilegios e inmunidades, cuyos costos operativos suman, en el caso de Guatemala, más de US$ 4.000 mensuales por legislador. Y cuando se modifiquen esos gastos exagerados en nómina, será necesario relanzar su labor política; los temas que se manifiestan regionalmente deben tener una agenda compartida. Derechos laborales en un mercado globalizado, políticas migratorias integrales, combate al crimen trasnacional corporativo y el creciente menudeo de narcóticos en la región son solo los temas evidentes.
Frente al Parlacen actual, la región puede plantearse como un foro donde se tracen caminos que desafíen la noción de una Centroamérica corrupta, militarizada y burocratizada. Aunque la otra opción, tal vez más apetecible para los centroamericanos que han sido llevados al hartazgo por la inoperancia del Parlacen, es su eliminación.
Debido a que no se contemplan mecanismos de salida dentro del Pacto Constitutivo del foro, el Estado interesado en abandonarlo tendría que realizar un plebiscito confirmando que la ciudadanía no quiere seguir perteneciendo, iniciando así negociaciones bilaterales para su salida.
Un eventual Guatexit o Panamexit implicaría un proceso diplomático extenso y costoso. Pero como su resultado final sería de beneplácito para ambas ciudadanías—el abandonar un foro político caro y poco útil—las administraciones de Giammattei y Cortizo se lo deben plantear seriamente.
Cuando una institución sustentada por el dinero del pueblo acoge por cuatro años a figuras desprestigiadas y acusadas de cometer delitos de corrupción como Jimmy Morales, Mauricio Funes y Ricardo Martinelli, es momento de plantearse acciones inmediatas por el bien de la región.
Si se reforma o se cierra, al Parlacen no se le puede dejar intacto, disfrutando del status quo.