(CNN Español) – El fiscal general de la República de Venezuela, Tarek William Saab, informó que se inició una investigación contra representantes de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente encargado por al menos 55 países, por presuntamente haber cobrado sobornos con el objetivo de lo que definió como el “robo de activos”.
Saab aseguró que fue designado un fiscal del Ministerio Público para iniciar las pesquisas en aras de determinar si hubo o no responsabilidad por parte de cinco representantes de Guaidó, entre esos el exprocurador especial de Venezuela designado por Guaidó, José Ignacio Hernández, en la supuesta exigencia de pago, de manera ilegal, de 750.000 dólares al Consorcio Caribbean Recovery Assets conformado por las empresas LockinCapital y Global Risk Management en Estados Unidos, a cambio de la firma de un contrato-poder mediante el cual ese consorcio recibiría autorización del equipo de Guaidó para litigar por activos estatales en el Caribe. Saab no presentó pruebas de dichos señalamientos.
El pronunciamiento del fiscal se produce pocos días después de que la denuncia se difundiera en el programa “Factores de poder” moderado por la periodista venezolana Patricia Poleo en el exilio transmitido por internet.
Mediante un comunicado la Junta ad hoc de PDVSA, designada por el parlamento venezolano, señaló que nunca tuvo conocimiento, ni participó en negociaciones, ni autorizó la contratación de esa empresa o ninguna otra para ese fin.
Guaidó por su parte, reaccionó a través de sus redes sociales, asegurando que les molesta que no les permitan seguir saqueando al país y que ese dinero termine en las cuentas millonarias de sus testaferros. Aseguró que por el contrario ese dinero que definió como protegido va directo a la gente en programas como Héroes de la Salud. Héroes de la salud es un programa que otorga un bono de 100 dólares mensuales por tres meses a médicos, enfermeros y trabajadores que están en primera fila en la lucha contra el covid-19.
Por su parte, Hernández, en su cuenta en Twitter destacó que “no sólo no tuvo que ver con la supuesta extorsión” sino que, según su versión, con la junta administradora ad-hoc de PDVSA, se opuso a la irregular forma en la cual, supuestamente, se le adjudicó la “buena pro” para recuperar cuentas en Petrocaribe.
Desde el pasado 10 de julio el sistema de selección de firmas de abogados, para lo que el equipo de Guaidó ha denominado como proceso de recuperación de activos, se rige por la Ley para la recuperación de bienes del estado en el extranjero. Previo a esa fecha, fuentes de la contraloría dijeron a CNN que habían logrado concretar acuerdos con bufetes de abogados que trabajaron bajo la modalidad de pago una vez alcanzado el objetivo, considerando las restricciones de acceso del llamado Gobierno interino a los recursos. Otros trabajaron a cambio de bonos.