(CNN Español) – Diputados del gobernante partido Frente Sandinista presentaron ante el parlamento un proyecto de ley de ciberdelitos que, según opositores, criminaliza a periodistas independientes y usuarios de redes sociales que expresen opiniones contrarias al gobierno.
La propuesta fue presentada este lunes ante la Asamblea Nacional por 66 diputados sandinistas, bajo el nombre de “Ley Especial de Ciberdelitos”.
El artículo 1 de este documento, al que tuvo acceso CNN, establece: “La presente ley tiene por objeto la prevención, investigación y persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías de la comunicación y la información en perjuicio de las personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilicen dichas tecnologías y cualquiera de sus componentes”.
Control de las redes sociales
Martha Molina, una abogada que integra el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, considera que la iniciativa busca el control de las redes sociales por ser el espacio de denuncia pública.
“Los ciudadanos se han seguido manifestando, denunciando vulneración de derechos humanos, han expuesto videos y audios de funcionarios públicos que dejan en evidencia al régimen”, dijo a CNN.
Molina considera que la ley sancionará acciones como la filtración de información oficial de gobierno y recordó la acción de un hacker informático que en agosto divulgó información estadística oficial del Ministerio de Salud sobre la pandemia, que no había sido revelada.
“La información fue obtenida por estrategias cibernéticas y luego el material fue utilizado por medios independientes”.
Información falsa
El artículo 30 de la iniciativa establece que “quien, usando las tecnologías de la información y la comunicación, publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población o un grupo o sector de ella, a una persona o su familia, se le impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión y doscientos a quinientos días de multa”.
Sergio Marín, directivo de la organización de Periodistas y Comunicadores independientes de Nicaragua (PCIN), expresó a CNN que, ante la poca información oficial y la búsqueda de fuentes informativas alternativas, este ejercicio puede ser considerado delito.
“Como periodista rechazo enfáticamente esta iniciativa de ley que trata de imponer la autocensura y criminalizar nuestro ejercicio profesional”, dijo Marín.
En meses recientes, la vicepresidenta y portavoz del gobierno, Rosario Murillo, ha calificado como “noticias falsas” las publicaciones de medios digitales que, en el contexto de la pandemia de coronavirus, reportaban aumento de casos y fallecidos y los llamados “entierros exprés”.
El 13 de mayo, durante su llamada a El 19 Digital, Murillo afirmó que las imágenes de entierros eran de otros países.
“Hay quienes se especializan en crear lo que decíamos, pandemias de miedo, de odio a partir de noticias falsas” dijo Murillo al medio oficialista.
“Supimos, como sabemos todos los días, que a falta de ideas y propuestas, pretenden crear, seguir creando realidades falsas. Y usan videos de otros países pretendiendo hacer creer, que son videos de Nicaragua”, expresó Murillo.
Reacciones
El exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrāo, expresó este lunes en su cuenta de Twitter que la iniciativa de ley “abre brecha para criminalizar ciudadanos y periodistas vía tipos penales vagos como el uso de las ‘tecnologías’ para divulgar ‘información falsa o tergiversada que produzca alarma, temor o zozobra’”.
Por su parte la escritora Gioconda Belli, también a través de Twitter, escribió: “Atarle una soga al cuello a la palabra, a la libertad del ciberespacio, es trasladar al pueblo al escenario de ‘si te mueves te tiro, si te quedas te mato’. Quien disienta va preso. Si aquí los jueces reciben órdenes, ¿para qué estas absurdas leyes?”.
El 22 de septiembre, la bancada sandinista presentó un proyecto de ley de “Regulación de agentes extranjeros” que, según la oposición, limitará la organización y acciones de alianzas y partidos políticos.
Michael G. Kozak, subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU, dijo en Twitter que la ley propuesta “es una amenaza a los nicaragüenses” y que “así no actúan los gobiernos democráticos”.