(CNN Español) – Con 609 votos a favor, 21 en contra y 69 abstenciones, el Parlamento Europeo aprobó en Bélgica este jueves una resolución sobre Nicaragua, que establece la aplicación de sanciones contra el presidente del país Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
La medida también incluye la invocación de una cláusula democrática que podría suspender al país del Acuerdo de Asociación Comercial si la Asamblea Nacional –cuya mayoría es afín al partido de Gobierno- aprueba dos iniciativas que la oposición considera antidemocráticas y violatorias de los derechos humanos.
En septiembre, la bancada del Frente Sandinista presentó el proyecto de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos. La primera establece controles sobre personas naturales o jurídicas que reciban financiamiento o pago desde el exterior, y las obliga a inscribirse ante el Ministerio de Gobernación e informar sobre sus operaciones. El segundo proyecto establece cárcel de dos a cuatro años a quienes divulguen noticias falsas. Las dos iniciativas se encuentran en proceso de consulta en comisiones parlamentarias y podrían ser aprobadas en los próximos días.
Nicaragua, en punto de inflexión según eurodiputado
Durante la sesión parlamentaria, el eurodiputado José Ramón Bauzá expresó que Nicaragua se encuentra en un punto de inflexión. “Es el camino de las reformas (electorales) y del compromiso para llegar a elecciones libres y transparentes en el año 2021, o el camino que ha seguido Ortega, que lo lleva sin duda a un fraude electoral”, explicó.
Agregó que esta resolución es un mensaje claro al alto representante de la Unión Europea y al Consejo Europeo. “¿Qué se exige en esta resolución? Dos cosas muy sencillas: las sanciones a Ortega y a Murillo y a toda su banda criminal, y la activación de la cláusula democrática en el acuerdo de Asociación”.
El Gobierno de Nicaragua no ha reaccionado oficialmente esta resolución. CNN solicitó un comentario al Consejo de Comunicación y Ciudadanía, que coordina la vicepresidenta Rosario Murillo, pero aún no ha recibido respuesta.
En mayo y desde Managua, durante su participación virtual en una reunión de países del Movimiento de Países No Alineados en respuesta al covid-19, el presidente Ortega hizo un llamado a la suspensión de sanciones. Además pidió que se respeten los principios de Naciones Unidas. “Eso sería suficiente para que el mundo comenzara a cambiar, y estaríamos en mejores condiciones para entonces asumir los retos que tiene la humanidad, alcanzar la paz, la justicia en los pueblos del planeta”, agregó.
El 19 de julio de 2019, Ortega prometió impulsar las reformas electorales para las elecciones de 2021. No obstante, diputados oficialistas dijeron en enero que las consultas se harán con los partidos, no con la oposición.
Reacción de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia
En un comunicado, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia “acogió y suscribió” la resolución del Parlamento Europeo. “Hacemos nuestras las expresiones del Parlamento Europeo cuando afirma que estas leyes, en particular la Ley de Agentes Extranjeros, proporcionarán al Gobierno de Daniel Ortega un nuevo instrumento represivo para silenciar no solo a sus críticos, sino también a cualquier persona u organización que reciba financiación extranjera, lo que aumentará el número de víctimas de esta represión y agravará aún más el clima general de intimidación y amenaza, dando lugar a violaciones inaceptables de los derechos humanos en Nicaragua”.
La organización también se sumó al llamado del Parlamento Europeo e instó al Gobierno nicaragüense a “detener la criminalización de voces independientes, medios de comunicación, opositores y organizaciones de derechos humanos”. Además pidió que se cumplan los acuerdos firmados con la alianza en marzo del 2019, que incluyen “la liberación y restitución de los derechos jurídicos de todos los presos políticos”.