(CNN) – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este miércoles la negativa del Ministerio de la Defensa de El Salvador a colaborar en la investigación de la masacre de El Mozote, ocurrida en 1981.
El tribunal de San Francisco Gotera confirmó a CNN que el ejército salvadoreño impidió, por cuarta ocasión, que el juez Jorge Guzmán ingresara a la Brigada de Artillería en San Juan Opico, departamento de La Libertad, a 42 kilómetros de San Salvador.
El tribunal a cargo de la investigación quiere revisar los archivos militares para buscar información que podría ayudar a esclarecer la masacre cometida en plena guerra civil, y por la que es investigado un grupo de militares.
En enero, un general retirado se desvinculó de la masacre. Otros militares han preferido no rendir su declaración, pero sus defensas han dicho que probarán que no tuvieron responsabilidad en los hechos.
“Grave preocupación” en relación a masacre El Mozote
Además de expresar su “grave preocupación” por la posición asumida por el Ministerio de Defensa de El Salvador, la CIDH le pidió al Estado que cumpla con la resolución judicial y garantice el acceso a los archivos militares.
CNN solicitó al gobierno de El Salvador una reacción ante el llamado hecho por la CIDH, pero no hubo respuesta.
Por su parte, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó el pasado lunes el pedido del Ministerio de Defensa de suspender las inspecciones programadas.
El máximo tribunal consideró que no hay perjurio a la fuerza armada y que, por el contrario, los argumentos “son de simple inconformidad con el contenido de la actuación reclamada”.
El tribunal de San Francisco Gotera informó que, a pesar de la negativa del Ejército, continuará con la planificación de las inspecciones y que este jueves llegará al Archivo General de la Nación en busca de evidencias en el caso.
Lo que ha dicho Bukele
El presidente Nayib Bukele ha dicho que el juez no tiene competencia sobre la fuerza armada.
El primer mandatario se amparó en el artículo 168, ordinal séptimo de la Constitución, que enumera las atribuciones y obligaciones del presidente, para impedir que se materialice la inspección ordenada por el tribunal.
Bukele explicó el 24 de septiembre pasado que solo la Asamblea Legislativa puede solicitar informes, a excepción de planes militares secretos.
“La posición institucional es invariable para los hechos objeto del presente informe y sobre cualquier otra inspección futura”, se lee en una carta firmada por Conan Castro, secretario Jurídico de la Presidencia.
Este documento está incluido en el expediente judicial al que CNN tuvo acceso.
El pasado 24 de septiembre, el primer mandatario salvadoreño había prometido que entregaría, a través de un acta a la Fiscalía y el juzgado de San Francisco Gotera, cinco carpetas con la única información que su gobierno había podido recopilar sobre la masacre.
Según Bukele, “la mayoría de archivos fueron destruidos” en algún momento en los últimos 40 años.
Sin embargo, las carpetas aún no han sido entregadas de acuerdo con el juzgado, y Casa Presidencial no ha informado cuándo serían enviadas.
Por su parte, la CIDH recordó en un comunicado que, tras su visita in loco a El Salvador en diciembre de 2019, recomendó al gobierno salvadoreño reconstruir los archivos de las fuerzas de seguridad que actuaron durante el conflicto armado, y que hubiesen sido destruidos.
En la masacre de El Mozote, ocurrida durante un operativo militar, murieron unas mil personas, en su mayoría niños, de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, elaborado con la colaboración de Naciones Unidas en 1993.