(CNN Español) – Amnistía Internacional dio a conocer este miércoles un nuevo informe en el que denuncia violaciones a derechos humanos en Chile al cumplirse un año del llamado estallido social. En el informe pide que se investigue penalmente al alto mando de Carabineros por sus presuntas responsabilidades durante las revueltas.
“La Fiscalía Nacional debe asegurar que se investigue a varios mandos estratégicos del cuerpo policial de Carabineros como el director general, el subdirector general y el director de Orden y Seguridad, así como también a ciertos mandos operativos de la zona metropolitana, por su posible responsabilidad en las violaciones a derechos humanos cometidas durante el estallido social”, señala el informe.
Según Amnistía Internacional, entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019 “se cometieron graves violaciones a derechos humanos, incluyendo el derecho a la integridad personal de los manifestantes de manera generalizada, debido a que los mandos estratégicos no tomaron todas las medidas necesarias para prevenirlas”.
El gobierno responde al informe de Amnistía Internacional
En respuesta, Carabineros señaló que el reporte contiene “una serie de imprecisiones y omisiones”. Además dijo que “da por probadas algunas denuncias graves” en contra de policías chilenos, pese a que “estas se encuentran actualmente siendo investigadas por el Ministerio Público y deberán ser juzgadas por los Tribunales de Justicia”.
“El establecimiento de la verdad y la responsabilidad civil y penal le corresponde” a la justicia, afirmaron desde la institución policial. “En virtud de eso, y en un Estado de Derecho, un organismo no puede atribuirse el cumplimiento de dicho rol”.
Por su parte, el gobierno chileno lamentó que el informe realice “aseveraciones sobre hechos e informaciones que requieren ser actualizadas y se encuentran actualmente siendo investigadas por el Ministerio Público y en sede judicial”. Además, agregó que “no ha existido por parte de Carabineros una práctica o política premeditada o generalizada de uso de la fuerza con la intención de castigar a los manifestantes, como supone el informe en base a antecedentes de limitado alcance”.