(CNN Español) – La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló el proceso penal contra los supuestos autores intelectuales del asesinato de 6 sacerdotes jesuitas y 2 de sus colaboradoras, ocurrido el 16 de noviembre de 1989, durante la guerra civil de El Salvador.
Los magistrados declaran la “nulidad absoluta” del proceso penal y dejan firmes “los sobreseimientos definitivos y los efectos jurídicos que fueron dictados originalmente a favor de los imputados en el presente proceso por razones de prescripción”, según se lee en la sentencia emitida el pasado 8 de septiembre pero hecha pública este jueves y a la cual accedió CNN.
“Estamos contentos porque tras una lucha de 10 años nos dan la razón en todo. Es un caso prescrito y ya juzgado”, dijo a CNN Lizando Quintanilla, abogado de los militares.
En la sentencia, la Sala señala que el 12 de diciembre de 2000, el Tribunal Tercero de Paz ordenó en audiencia inicial el sobreseimiento definitivo por considerar que la acción penal había prescrito ya que habían pasado más de 10 años desde el crimen al momento que la Fiscalía General de El Salvador presentó la acusación, límite máximo que establece la legislación en el país centroamericano para perseguir un delito.
El proceso judicial por el asesinato de los sacerdotes
Los acusadores particulares apelaron y la Cámara Tercera de lo Penal confirmó el sobreseimiento el 26 de enero de 2001. El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) interpuso un recurso de amparo en contra del entonces Fiscal General por solicitar el sobreseimiento a favor de los acusados, pero la Sala de lo Constitucional rechazó la demanda el 23 de diciembre de 2003, por lo que la Sala de lo Penal interpreta que el sobreseimiento por razones de prescripción quedó en firme.
“No existía ni existe en el Código Procesal Penal ningún recurso o solicitud que permita reabrir un proceso en contra de un imputado por los mismos hechos, cuando el sobreseimiento definitivo ha adquirido estado de firmeza”, aseguran los magistrados en la sentencia.
“A un sobreseimiento corrupto de los acusados de matar a los jesuitas, le sucede ahora una confirmación de la validez del acto corrupto del pasado en la Sala de lo Penal”, aseguró en Twitter el sacerdote jesuita, José María Tojeira, exrector de la UCA y actual director del Idhuca.
“La Sala de lo Penal ordena que no se investigue a los señalados como autores intelectuales de la masacre de la UCA”, aseguró Arnau Baulenas, abogado de la UCA. Baulenas considera que la sentencia de la Sala de lo Penal “irrespeta lo resuelto por la Sala de lo Constitucional sobre la Ley de Amnistía”, que en julio de 2016 declaró inconstitucional esa ley, que impedía impulsar casos ocurridos durante el conflicto armado.
En el fallo los magistrados califican de “repudiable” la masacre pero señalan que “por muy repudiables que resulten los hechos delictivos, ello no habilita a los entes persecutores del delito a violentar principios y garantías constitucionales”.
El caso
Por este caso eran señalados Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes, Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Inocente Orlando Montano, el expresidente Alfredo Felix Cristiani (1989-1994) y el fallecido Rene Emilio Ponce.
Por el asesinato de los jesuitas hay 2 personas en prisión. Una es el coronel retirado Guillermo Alfredo Benavides, condenado a 30 años de cárcel en 1992, pero liberado tras la aprobación de la Ley de Amnistía en 1993. El 5 de febrero de 2016 fue detenido por orden del juez español Eloy Velasco. Tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía en julio de 2016, un tribunal ratificó la condena y está recluido en una cárcel de El Salvador.
Mientras tanto Orlando Inocente Montano fue condenado el pasado septiembre en España a 133 años y 4 meses de prisión por el “asesinato terrorista” de 5 sacerdotes jesuitas españoles.
Los sacerdotes jesuitas fueron asesinados durante la ofensiva guerrillera “Hasta el Tope” por un grupo élite del ejército, en las instalaciones de la Universidad Centroamericana, de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, elaborado en 1993, con el apoyo de Naciones Unidas.
Las víctimas fueron 5 sacerdotes españoles: Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno. Además de 3 salvadoreños, el sacerdote, Joaquín López y 2 de sus colaboradoras, Elba y su hija Celina Ramos.