(CNN Español) –– La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH) recibió 1.622 denuncias de violaciones a derechos humanos entre el 1 de enero y el 30 de noviembre. Esto, de acuerdo al informe anual de la organización presentado este jueves en Managua.
Mientras 1.142 de esas denuncias las interpusieron mujeres, el 70% del total de los casos corresponde a denuncias de asedio, amenazas y persecución política, según afirmó Karla Sequeira, abogada de la CPDH. También, el 70% involucra denuncias de abuso de autoridad contra la Policía Nacional, indicó.
CNN buscó una reacción de la Policía Nacional al reporte de la CPDH. Sin embargo, su Dirección de Relaciones Públicas aún no ha respondido a nuestra solicitud.
CNN también consultó al Consejo de Comunicación y Ciudadanía del gobierno, pero aún no ha recibido respuesta.
La Policía de Nicaragua dice que es víctima de violencia
Sin embargo, la Policía Nacional se presentó este jueves en una sesión parlamentaria como víctima de la violencia. La cual ejercen, según la institución, los opositores al gobierno durante las protestas de 2018. Así lo informó el canal de la Asamblea Nacional en su cuenta de Twitter.
En su tuit, la Asamblea dijo que durante la sesión especial del Día de los Derechos Humanos dieron sus testimonios dos personas. “La compañera inspectora de la Policía Nacional Damaris Martínez, sobreviviente (de violencia), y la compañera Manuela Flores Grijalva, abuelita del joven Carlos Miranda, asesinado en la Alcaldía del Distrito 6 de Managua”.
La Asamblea Nacional agregó que Martínez y Flores Grijalva “resaltaron que no quieren volver a vivir esos episodios que sufrieron”. También que “quieren que Nicaragua siga construyendo su paz y su desarrollo de la mano con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional”.
El portal oficial El 19 digital afirmó el 12 de mayo de 2018 que “Carlos Alberto Miranda fue asesinado por grupos delincuenciales de la derecha cuando resguardaba las instalaciones del distrito VI de la Alcaldía de Managua”.
Pero de acuerdo con un informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), miembros del opositor Movimiento 19 de abril expresaron que esas afirmaciones constituían una maniobra para incriminarlos en un ataque que, según ellos, lo habrían realizado grupos de choque vinculados al gobierno.