(CNN Español) – Con el voto favorable de 70 diputados de la bancada sandinista, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este lunes una ley cuyo fin declarado es rechazar la injerencia extranjera en los asuntos internos y que, según líderes de la oposición, inhibe a sus candidatos para los comicios de noviembre de 2021.
La iniciativa, aprobada como “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, había sido presentada ante la secretaría del parlamento el viernes 18 por la bancada del Frente Sandinista, la alianza en el gobierno.
La oposición cuestiona, entre otras disposiciones, el extenso artículo 1, titulado “Defensa de los derechos del pueblo’. El artículo establece: “Los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia o la soberanía y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, que pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos y de operaciones extranjeras contra el país, aquellos que demanden, exalten la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y todos los que lesionen los intereses supremos de la Nación, contemplados en el ordenamiento jurídico, serán ‘Traidores de la Patria’ por lo que no podrán optar a cargos de elección popular”.
Todo ello, sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código penal nicaragüense para los “Actos de Traición”, los delitos que comprometen la paz y “los delitos contra la Constitución Política de la República de Nicaragua”, según indica el artículo 1 de la ley.
Opositores denuncian que el régimen ‘sigue violentado los derechos ciudadanos’
La alianza opositora Unidad Nacional Azul y Blanco expresó en su cuenta de Twitter que “el régimen dictatorial de los Ortega Murillo sigue violentado los derechos ciudadanos, rompiendo el orden constitucional a través de sus leyes inconstitucionales”. El frente opositor agrega que, de acuerdo con el artículo 51 de la Constitución política de Nicaragua, “los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser elegidos en elecciones periódicas y a optar a cargos públicos, salvo las limitaciones contempladas en esta Constitución”.
Por su parte, Juan Sebastián Chamorro, director de la también opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, dijo en una publicación en redes sociales que “el primer inhibido debe ser Ortega”. Según él, la causa número uno de la inhibición es “ser vendepatria”, ya que según él con el proyecto del canal interoceánico Ortega regaló la soberanía nacional. El canal interoceánico es una demorada iniciativa cuyo propósito es unir el Caribe con el Pacífico y cuya construcción fue dada en concesión a un consorcio que incluye capitales chinos.
Según Chamorro, Ortega promovió la intervención militar al permitir la entrada de fuerzas extranjeras en el país. “En los años 80 dejó entrar militares cubanos, soviéticos y alemanes, búlgaros y de otras nacionalidades para que sostuvieran la lucha contra la resistencia nicaragüense”, dijo.
Respecto de lo que el gobierno llama actos terroristas, Chamorro dijo que “el asedio y asesinato de dos de los jóvenes que se encontraban en la Iglesia de la Divina Misericordia es prueba contundente del uso letal de la fuerza para asesinar”. Lo dijo en referencia a un operativo de desalojo de estudiantes universitarios que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó en 2018.
Chamorro también recordó que en la llamada Operación Limpieza, con la eliminación de las obstrucciones de calles durante las protestas de 2018, murieron más de 300 personas. La CIDH estimó que por la represión de las protestas que estallaron en abril de 2018 hubo al menos 328 muertos y tres desaparecidos. También estimó que hubo 130 encarcelados y 88.000 personas que se marcharon al exilio.
El pronunciamiento de Ortega sobre la participación en las elecciones
El presidente Ortega no ha reaccionado oficialmente a estos señalamientos. CNN ha contactado al Consejo de Comunicación y Ciudadanía, que dirige la vicepresidenta Rosario Murillo, pero aún no ha recibido respuestas sobre las acusaciones de la oposición, incluidas las de Chamorro y Unidad Nacional Azul y Blanco.
Durante un acto de graduación de la escuela de policías el 18 de diciembre, el presidente Daniel Ortega dijo que los líderes de la oposición están inhibidos de participar en las elecciones de 2021. Según Ortega, “el que no defiende a Nicaragua, el que pide sanciones en contra de Nicaragua, no merece llamarse nicaragüense y bueno, no lo podemos expulsar porque nació aquí, pero automáticamente, de acuerdo a lo que manda la Constitución y las leyes, está perdiendo sus derechos, perdió los derechos a optar a cargos públicos cuando vienen elecciones en este país”.