(CNN Español) –– Al expresidente de El Salvador Antonio Saca y su esposa Ana Ligia de Saca los declararon culpables de enriquecimiento ilícito los magistrados de la Cámara Primero de lo Civil de San Salvador.
Según el fallo leído a las partes este martes, Saca y su esposa deben devolver al Estado poco más de US$ 4,4 millones. Esto porque no pudieron justificar que el dinero fuera obtenido de manera legal, de acuerdo a la decisión. La sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia encontró inconsistencias en las declaraciones de patrimonio, luego de que Saca dejara la presidencia.
“Dinero que robaron mientras se desempeñaba como presidente de la República. Saca queda, además, inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años”. Así lo explicó en un tuit Raúl Melara, fiscal general de El Salvador.
Los otros procesos del expresidente Antonio Saca
La defensa del exmandatario sostiene que hay doble juzgamiento, algo que la ley prohíbe. “Ya el señor Saca fue juzgado en sede penal por los mismos delitos y la misma causa civil. Y hasta fue condenado a devolver al Estado US$ 300 millones”, aseguró a periodistas Fausto Gutiérrez, abogado de Saca.
Gutiérrez se refiere a la condena de 10 años por los delitos de peculado y lavado de dinero emitida en septiembre de 2018. Por esta sentencia, Saca permanece en prisión en el centro penal La Esperanza, a 9,8 km de San Salvador. La Fiscalía sostiene que se trata de procesos diferentes y que un juicio fue penal y el otro, civil.
Los abogados de Ana Ligia de Saca, por su parte, advirtieron que apelarán el fallo y no descartaron pedir a la Corte Suprema de Justicia que analice el caso. “Hay al menos cinco motivos para impugnar esta decisión”, explicó a los periodistas Miguel Ángel Durel. Aunque no detalló ninguno de ellos.
El exmandatario también enfrenta otra condena, esta vez a dos años de cárcel por cohecho activo. La sentencia la emitió en septiembre de 2019 el tribunal noveno de instrucción en un juicio abreviado. En aquella oportunidad, Saca admitió haber ofrecido US$ 10.000 a una empleada de la Cámara Primera de lo Civil a cambio de información anticipada en la investigación por enriquecimiento ilícito, justo la que finalizó este martes.