(CNN Español) – La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Dr. Juan Garrahan de Buenos Aires, referente de pediatría en América del Sur, denunció a fines de 2019 que los radiólogos trabajaban sin equipos de protección personal adecuados ni medidas de seguridad suficientes para protegerse de la radiación ionizante a la que están expuestos diariamente.
Uno de los gremios denunció que el 60% de las mujeres del área sostiene haber perdido embarazos entre 1987 y 2004, según la denuncia a la que accedió CNN. Afirman que esto podría relacionarse con la falta de medidas de seguridad.
El Garrahan ordenó una auditoría a finales de 2019. Una fuente con acceso directo al informe preliminar dijo a CNN que el hospital sólo reconoce dos casos y asegura que no están relacionados con la radiación. La misma fuente sostiene que, según los datos preliminares, un caso “puede ser estadístico” y un segundo caso se debería a una “predisposición patológica” de la trabajadora.
La institución reforzó la entrega de elementos plomados, esenciales para frenar los efectos de la radiación, y realizó obras edilicias, aunque en la auditoría interna sostiene que ya estaban planificadas desde 2018 y que la demora es responsabilidad de proveedores del hospital. Las autoridades aún no se han manifestado públicamente sobre los resultados finales de la auditoría. La entrega ya fue normalizada, explicó la fuente. La Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital ratificó que recibieron nuevos elementos de protección.
Marcela Manzi y Adelina Cambio integran el equipo de radiología desde su apertura en 1987. Son dos de las trabajadoras del área que denunciaron haber sufrido la pérdida de uno o más embarazos entre ese año y 2004, según dijeron ambas en entrevistas con CNN. Una tercera radióloga contó su caso pero pidió reserva de identidad. También dijo haber perdido dos embarazos mientras se desempeñaba en la sala de radiología del hospital.
CNN se comunicó en reiteradas oportunidades con el Hospital Garrahan. A lo largo de los últimos meses, las autoridades se negaron a recibir un cuestionario pero respondieron que “el hospital cuenta desde su inicio con un servicio de Salud Laboral, Prevención y Medicina del Trabajo y un servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo” y que en “en el marco de la auditoría del sector de imágenes -ordenada a fines de 2019-, ha presentado la documentación que fue solicitada en tiempos y forma”.
Aún se han alcanzado los resultados finales de esa auditoría, que busca determinar si las trabajadores estuvieron expuestas a radiación ionizante sin las medidas de seguridad que obligan los protocolos internacionales y la ley 17.557 de radiología de Argentina.
El informe preliminar también dice, según la fuente que habló con CNN, que existe un plan anual de capacitaciones para los trabajadores y que se elaboró un protocolo para que el trabajo sea más seguro; se adecuaron las salas de radiología; y se incorporó nueva tecnología médica. Además, se descarta que haya existido o exista riesgo para la salud.
Radiología cumple un rol central en el diagnóstico de los pacientes del hospital, donde se realizan más 600.000 consultas por año, según la institución.
“Trabajamos con pacientes que caen con politraumatismo, y llegas a hacer 12, 14 placas, entonces necesitas protegerte porque no es que nos exponemos una sola vez”, explica Manzi. “En 2000, perdí un embarazo de 3 meses. Por la ecografía, supe que había perdido los latidos y en ese momento era difícil darme cuenta si podía ser por mi trabajo. Hoy, me pueden decir que científicamente es incomprobable pero yo siento que no fui cuidada como corresponde y que jugaron con mi salud”, contó a CNN.
Cambio afirma que perdió dos embarazos. “Fue traumático porque, en mi caso, eran embarazos deseados. Nosotras no fuimos a reclamar. Nos dimos cuenta muchos años después que esto podía ser por eso”, dice en referencia a las condiciones en las que trabajaban.
CNN consultó a Alfredo Buzzi, miembro de la Sociedad Argentina de Radiología, médico radiólogo, consultor internacional y experto independiente del caso del Hospital Garrahan. Buzzi explicó que la radiación prolongada puede alterar el ADN y que por esa razón es necesario proteger a los trabajadores que están expuestos de manera permanente. La mutación puede ser corregida por el propio organismo o derivar en alteraciones celulares e, incluso, un cáncer.
En el caso de una embarazada que queda expuesta de manera prolongada, la radiación puede incidir directamente sobre su embarazo. “El riesgo para el feto depende del periodo en el que se encuentra el desarrollo fetal”, afirma Buzzi. “En el primer periodo se dice que es de todo o nada porque si se produce un daño, se produce un aborto. Si, en cambio, no se produce nada y las células, que son capaces de autocorregirse, corrigen el error, sigue su curso”.
Los pacientes del hospital no estarían en riesgo, ya que son expuestos a bajas y esporádicas dosis de radiación, asegura Buzzi. Los radiólogos, en cambio, deben protegerse por estar en constante exposición.
De acuerdo con los protocolos nacionales e internacionales, la única manera de evitar el paso de los rayos X es el uso del plomo. Los elementos de seguridad plomados incluyen: una sala denominada búnker para que el trabajador se resguarde mientras el paciente recibe los rayos para el diagnóstico por imágenes; gafas para proteger la vista; chalecos que abarcan el tórax; guantes; y collares (también denominados “collarines”) para proteger la tiroide, uno de los órganos más sensibles a la radiación ionizante que se utiliza para realizar radiografías y otro tipo de placas, explica el experto de la Sociedad Argentina de Radiología.
“Había pocos chalecos y los que teníamos eran muy pesados, viejos, añejos, deteriorados; y los búnkeres no tenían puerta”, asegura Cambio. “Gafas y guantes, nunca”, agrega.
“Durante muchos años trabajé sin el collarín”, dice Manzi. Cambio cuenta que cuando asistían al quirófano para realizar radiografías durante las cirugías todo el personal involucrado en el procedimiento médico debía utilizar los elementos de protección personal contra la radiación. Sin embargo, explica: “Nos peleábamos por el chaleco plomado porque no había para todos”.
“Si una mamá entra (a la sala de radiología) y me dice que no sabe si está embarazada, yo le tengo que dar un chaleco plomado y yo también me tengo que poner el chaleco. Nos dimos cuenta de que no teníamos esa cantidad de chalecos plomados”, afirma Manzi. “A partir de las protestas y los paros empezaron a aparecer algunos de esos elementos de protección, entonces nos planteamos: no estábamos equivocados, teníamos razón”, añade.
La Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital sostiene que, al momento de la denuncia, en el área trabajaban 38 radiólogos, de los cuales 13 eran mujeres. La pérdida de embarazos es una de las posibles consecuencias de la exposición a radiación ionizante, según numerosos estudios y protocolos internacionales.
“Si se cumplen todas las normas de seguridad, un trabajador tiene que irradiarse cero”, afirmó Buzzi. En el caso de una trabajadora con un embarazo en curso “se asume que el feto recibe aproximadamente la mitad de la dosis que recibe el abdomen de la madre”, dice el experto.
“Nos encontramos con que otras compañeras también habían perdido embarazos. Empezamos a charlar de cómo debería ser el cuidado y a informarnos. Nos dimos cuenta de que el hospital no nos dio las herramientas durante 32 años”, sostiene Manzi. “No es habitual que en un mismo ambiente laboral haya 5, 6 compañeras que hayan perdido embarazos”, dice Cambio.
Algunos protocolos recomiendan que las trabajadoras de áreas expuestas a la radiación ionizante sean derivadas a otras tareas, pero Buzzi afirmó que “si se respetan todas las medidas de radioprotección, una embarazada no debería dejar de trabajar porque si ella se protege como corresponde, su feto está protegido”.
En octubre de 2019, Edgardo Castro, inspector medioambiental del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, realizó una revisión de las salas de radiología a pedido de las trabajadoras y solicitó que las autoridades declaren el área “insalubre”. Ante la consulta de CNN, el ministerio de Salud de la Nación -del cual depende el hospital- remitió la consulta al Garrahan.
Manzi y Cambio, como otras radiólogas del Garrahan, también reclaman que su trabajo sea considerado riesgoso para la salud y que se les conceda una jubilación apropiada a ese tipo de tarea.
Entre diciembre de 2019 y enero de 2020, la Subsecretaría de Trabajo de la ciudad de Buenos Aires realizó 14 actas de inspección en el área de radiología y constató que el hospital debía “garantizar procedimientos de trabajo seguro” y que los elementos de protección personal eran de “uso colectivo” y en algunos casos estaban en mal estado, “con perforaciones”, según los documentos a los que accedió CNN.
La ley nacional, al igual que los protocolos internacionales, exige que los trabajadores expuestos a radiación ionizante utilicen un dosímetro que permita medirla constantemente para su control y el de las autoridades. “Las dosis máximas aceptadas que puede recibir un trabajador están determinadas internacionalmente”, explica Buzzi y agrega que cada mes, los trabajadores deben recibir un informe sobre la cantidad de radiación a la que estuvieron expuestos. Sin embargo, Manzi dice que en el hospital no fueron informados sobre los resultados de los análisis.
CNN corroboró con la Asociación de Profesionales y Técnicos que tras las medidas de fuerza y paros realizados por las radiólogas, a fines de 2019, el hospital comenzó a entregar más elementos de protección y realizó remodelaciones edilicias en las salas de radiología.