(CNN) – Colombia registró el mayor número de defensores de derechos humanos asesinados en América Latina y los mecanismos de protección del gobierno presentan “graves deficiencias”.
Así lo señala Human Rights Watch (HRW) en su informe “Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia” publicado este miércoles.
La organización denuncia que, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 421 personas fueron asesinadas en el país hasta diciembre de 2020 y desde 2016, año en el que se llegó al acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Human Rights Watch señala que este hecho tuvo como resultado la desmovilización de las FARC, dejando un vacío que ocuparon otros grupos armados que en la actualidad se disputan el control de los territorios.
La ONG documentó casos ocurridos en el país sudamericano en los últimos cinco años y las diferentes dinámicas detrás de ellos en las zonas más afectadas en el país. Estas son Norte del Cauca, Catatumbo, Pacífico Sur, Bajo Cauca, Alto y Bajo Caguán y Piedemonte de Arauca.
Entre abril de 2020 y enero de 2021, entrevistaron a más de 130 personas en 20 departamentos de Colombia. Las entrevistas incluyeron a defensores de derechos humanos, fiscales, funcionarios estatales e integrantes de organizaciones internacionales.
¿Cuáles son las causas de los ataques en Colombia? Esto dice Human Rights Watch
Según Human Rights Watch, en Colombia los ataques a defensores de derechos humanos son un tema complejo que no puede explicarse con una sola dinámica. En primer lugar, señalan la presencia limitada del Estado sobre todo en zonas rurales. Allí, ciertos líderes sociales están expuestos a mayores riesgos ya que frecuentemente desempeñan un rol importante en tareas que por lo general cumplirían los funcionarios del gobierno local.
Además, documentaron que los grupos armados oprimen a defensores de derechos humanos e intentan forzarlos a acatar sus propias “reglas” en las comunidades.
Por último, explican que el apoyo de los defensores a algunas iniciativas del acuerdo de paz, como la sustitución de cultivos de coca, los expuso a más riesgos.
Con respecto al rol del gobierno, la organización establece que, si bien se adoptaron una amplia variedad de políticas, mecanismos y leyes, su implementación ha sido “deficiente”.
El gobierno de Iván Duque no ha reaccionado a este informe. La semana pasada, anunció la creación de una mesa intersectorial y una hoja de ruta para unificar metodologías y el levantamiento de información relacionadas a los asesinatos de líderes sociales, tomando como base las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.
“Queremos tener una figura donde la itinerancia de la mano con la Fiscalía, con la presencia de los grupos especializados de la fuerza pública, nos haga ser más efectivos”, señaló Duque.