(CNN Español) –– El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, compareció este miércoles ante una Comisión Especial del Congreso que investiga la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) por supuesta violación de datos personales de la ciudadanía.
“La Constitución costarricense le otorga potestades al Congreso para nombrar comisiones que investiguen cualquier asunto que la Asamblea les encomiende y rindan un informe”. Así señaló al comienzo del acto legislativo la presidenta de la comisión, la diputada Silvia Hernández.
Hernández recordó, citando la Constitución, que las comisiones tienen libre acceso a todas las dependencias oficiales para realizar las investigaciones y recabar los datos que juzguen necesarios. Además de recibir “toda clase de pruebas y hacer comparecer ante sí a cualquier persona, con el objeto de interrogarla”.
El caso UPAD surgió a partir de un decreto firmado por Carlos Alvarado y publicado por el diario oficial La Gaceta el 17 de febrero de 2020. El documento otorgaba el acceso a datos confidenciales de la ciudadanía que tienen las instituciones públicas. El mandatario lo derogó el 21 de febrero de 2020, cuatro días después de su publicación. Aunque, el equipo trabajaba en el análisis de datos desde el inicio de su gobierno en 2018.
Durante la misma comparecencia, Alvarado insistió en que se detectó un error de redacción, el cual leído de forma aislada y fuera de contexto permitía generar interpretaciones negativas y lejanas al objetivo. Pero aclaró que “el equipo de análisis de datos no trabajó de manera oculta. No hubo espionaje. Nunca se usaron datos con fines electorales o para beneficiar a un tercero. No hubo mal uso de fondos públicos y siempre se actuó bajo el bloque de legalidad”.
El diputado opositor José María Villalta, del Frente Amplio, fue uno de los que interrogó al presidente Carlos Alvarado en la comparecencia. Dijo que coincidía con el mandatario en que es muy importante contar con datos actualizados para formular políticas públicas. Sin embargo, señaló que la finalidad era determinar si se vulneró la Constitución y los derechos de la ciudadanía. Sobre esto, Villalta le preguntó si había leído el decreto antes de firmarlo, a lo que Alvarado le respondió que no. Y agregó que al no ser experto “legal o en datos”, partió de la confianza en el proceso. A su vez, dijo: “Considero humanamente imposible leer 5.200 documentos, porque me apartaría de gobernar”.
El foro parlamentario tiene plazo hasta finales de abril para rendir su informe de la investigación, el cual es parte del control político del Congreso. En el documento se emiten criterios que podrían ser llevados a otros poderes para que determinen si hay responsabilidades civil y penal. El caso, desde el ámbito judicial, lo investiga la Fiscalía desde febrero de 2020. El Ministerio Público confirmó a CNN que la investigación se realiza por los presuntos delitos de violación de datos personales, prevaricato y abuso de autoridad, por los cuales hace un año se allanó la Casa Presidencial.
El Ministerio Público informó que en enero pasado la sección de cibercrimen de delitos informáticos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó la audiencia para la apertura de evidencia digital de la prueba electrónica decomisada en ese allanamiento, en presencia de todas las partes.
Para marzo está prevista la apertura de la prueba documental. Al finalizar el análisis, la Fiscalía decidirá si acusa a los imputados o desestima la causa. En este proceso, además del presidente Alvarado, figura como imputado el exministro de la presidencia y actual legislador del congreso Víctor Morales Mora. También siete funcionarios vinculados al proyecto UPAD.