(CNN Español) – Este lunes, el Tribunal Supremo Federal de Brasil anuló todas las condenas que tiene el expresidente Lula da Silva en su contra por la segunda causa de Lava Jato, decisiones tomadas por el 13° Tribunal Federal de Curitiba, y ordenó reiniciar los casos en la Corte Federal de Brasilia, según informó ese organismo en un comunicado.
En una decisión firmada por el ministro Luiz Eson Fachin, el Tribunal Supremo determina que las actuaciones que derivaron en las condenas de Da Silva no pudieron haber tenido lugar en Curitiba, capital del estado de Paraná, porque los hechos señalados no están directamente relacionados con el esquema de desvíos de Petrobras.
CNN está intentado comunicarse con el equipo legal del exmandatario para obtener su reacción.
La anulación de las condenas se basó en defectos procesales y sin juzgar el fondo de la cuestión. La medida rehabilita los derechos políticos de Lula da Silva, que de ese modo podrá presentarse a las próximas elecciones presidenciales, en 2022. Al referirse a esa posibilidad, el líder del Partido de los Trabajadores declaró: “No necesito ser de nuevo presidente de la República, pero si fuera para derrotar el bolsonarismo, me pondría a disposición”.
El equipo legal de Da Silva indicó, mediante un comunicado, que reciben con “serenidad” la decisión del Tribunal Supremo Federal de Brasil que anuló este lunes todas las condenas que tiene el expresidente en su contra por la segunda causa de Lava Jato. Para los abogados de Lula, la anulación de las condenas muestra la “incompetencia” del tribunal de Curitiba y es el “reconocimiento de que siempre hemos tenido razón en esta larga batalla legal”.
En abril de 2018, Lula fue sentenciado a 12 años por delitos de blanqueo y ocultación de dinero, derechos y bienes, en conexión con la propiedad de un apartamento en la localidad costera de Guarujá, Sao Paulo, que habría recibido del grupo de ingeniería OAS a cambio de presuntos favores para la obtención de contratos millonarios en la petrolera estatal Petrobras.
En noviembre de ese mismo año, el expresidente fue condenado a 17 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y blanqueo de capitales por beneficios irregulares en una finca del municipio de Atibaia, en el estado de Sao Paulo. Lula siempre negó las acusaciones.