(CNN Español) – La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentó este miércoles una ampliación de su informe, en la cual expresó preocupación ante lo que consideran que es el agravamiento de la “exclusión de las voces disidentes” marcada, según señalan, por la “represión de la oposición política”, acusaciones que el gobierno venezolano rechaza.
En su declaración ante la 46 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la presidenta de esa Misión, Marta Valiñas, precisó que ya habían presentado estas preocupaciones en su primer informe, emitido en septiembre de 2020. Sin embargo, añadió que consideran que la situación se ha agravado luego de que, según su consideración, aumentara la concentración de poder por parte del gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro tras las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
La experta de la ONU recordó que las elecciones se evaluaron a nivel nacional e internacional como “injustas y carentes de libertad”. El partido de gobierno obtuvo más de 90% de los escaños de la Asamblea Nacional.
Señaló que entre las primeras acciones de ese parlamento, de mayoría oficialista, se destaca la conformación de una Comisión Especial para investigar a los anteriores representantes del Poder Legislativo, de mayoría opositora. Destacan además la detención del exparlamentario Gilberto Sojo, ocurrida el pasado 25 de febrero, reactivando acusaciones pendientes de terrorismo relativas a su participación en protestas registradas en 2014. A Sojo lo habían excarcelado en medio de negociaciones entre la oposición y el gobierno. Él se declara inocente y considera que ha estado detenido por razones políticas.
ONU advierte que el concepto de “enemigo interno” en Venezuela cada vez es más amplio
También se refirieron a la continuación de un juicio contra el exdiputado Juan Requesens, acusado de homicidio calificado frustrado contra el presidente, en el marco de un presunto intento de magnicidio realizado con drones el 4 de agosto de 2018. Requesens se ha declarado inocente. Fue enviado a casa por cárcel en medio de un proceso de negociación y acuerdos en agosto de 2020. El juicio sigue su curso en medio de denuncias de retardo procesal por parte de su defensa.
Valiñas advirtió que la represión continúa contra personas percibidas como “enemigos internos” u opositores al gobierno.
“Continúan procesos penales contra más de dos tercios de los 110 casos de detenciones arbitrarias contra disidentes políticos y militares”, dijo.
Consideró que ese concepto de “enemigo interno” es cada vez más amplio. Además expresó preocupación ante lo que perciben como una “tendencia creciente a perseguir personas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a labores humanitarias y Derechos Humanos”.
Aseguró que el gobierno ha endurecido requisitos para el registro, el financiamiento y el funcionamiento de las ONG. También resaltó que han detenido a trabajadores de estas organizaciones por delitos previstos en la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
La experta informó que desde el comienzo de este año han identificado más de 200 asesinatos cometidos supuestamente por las fuerzas policiales. Dijo además que investigan las circunstancias en las que sucedieron.
Valiñas afirmó que continuarán investigando las denuncias de tortura y tratos y penas crueles. Esto incuye nuevas denuncias recibidas sobre “actos de violencia sexual y de género contra personas detenidas”.
La reacción de la Cancillería
La Cancillería de Venezuela expresó su “firme rechazo” a lo que dice que son “falsas acusaciones realizadas por la mal llamada Misión Internacional de Determinación de Hechos”. “Una vez más, se vierten señalamientos carentes del más mínimo sustento, a partir de matrices mediáticas y sin contacto directo con la realidad del país”, dijo la Cancillería en un comunicado.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, señaló en su cuenta de Twitter que el país “no reconoce esa misión ideologizada que inventa informes a distancia de manera antiética”.
En su intervención ante el Consejo, el embajador de Venezuela ante la ONU, Héctor Constant Rosales, rechazó el informe. Afirmó que se elaboró con base en “fake news”, “fuentes inventadas o anónimas” y “publicaciones en redes sociales”. Agregó que en su país “se disfrutan plenamente todos los derechos humanos” y son “debidamente castigados” quienes cometen violaciones de ese tipo.