(CNN) – Ella lo vio venir.
Incluso antes de su arresto en la madrugada del sábado, la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez publicó varios mensajes en su cuenta de Twitter. “La persecución política ha comenzado”, escribió el viernes por la tarde la política de derecha. Menos de 24 horas después, sería detenida en su casa en la ciudad de Trinidad.
También fueron arrestados miembros de su antiguo gabinete. Álvaro Coimbra, quien se desempeñó como ministro de Justicia durante el gobierno de Jeanine Áñez, y Rodrigo Guzmán, quien fue su ministro de Energía, fueron detenidos como parte de un operativo policial boliviano aparentemente dirigido a funcionarios que se desempeñaron en la administración anterior. Un juez local ha ordenado que los tres permanezcan detenidos durante cuatro meses mientras se lleva a cabo una investigación.
“Denuncio a Bolivia y al mundo que, en un acto de abuso y persecución política, el gobierno del MAS ha mandado a arrestar. Me acusa de participar en un golpe de Estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolivianos”, tuiteó Áñez, de 53 años, justo antes de su arresto, haciendo referencia al partido gobernante de izquierda del país, Movimiento al Socialismo (MAS).
Jeanine Áñez fue presidenta interina de Bolivia apenas un año. Alguna vez una poco conocida segunda vicepresidenta en el Senado, aceptó el cargo en 2019 en medio de las caóticas consecuencias de una elección en disputa que vio al entonces presidente Evo Morales renunciar y huir a México.
Hasta ese momento, Morales había gobernado Bolivia durante tres mandatos, casi 14 años, y esperaba un cuarto. Aunque una auditoría internacional encontró que las elecciones de 2019 no pudieron ser validadas debido a “serias irregularidades”, se declaró a sí mismo ganador, lo que provocó protestas masivas en todo el país.
El entonces jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, el comandante Williams Kaliman, pidió a Morales que dimitiera para restaurar la estabilidad y la paz; Morales consintió el 10 de noviembre “por el bien de Bolivia”.
Pero los aliados políticos sostienen que fue destituido del poder como parte de un golpe orquestado por conservadores, incluida Jeanine Áñez. Después de que Morales renunció, también lo hizo Álvaro García Linera, su vicepresidente, así como el presidente del Senado y el presidente de la Cámara Baja, creando un vacío de poder que Áñez tenía el mandato constitucional de llenar como líder interina.
El año siguiente, su gobierno organizó nuevas elecciones. Luis Arce, un protegido de Morales, ganó y el expresidente finalmente regresó del exilio a Bolivia.
Pero ahora que Morales está de regreso, algunos temen que se produzca una venganza política.
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Cargos vagos contra Jeanine Áñez
En total, la Fiscalía General de Bolivia ha emitido órdenes de arresto contra diez funcionarios del gobierno interino de Jeanine Áñez, incluida la expresidenta interina y los dos ministros que ya fueron arrestados.
Las acusaciones son amplias y las pruebas, escasas. Según los funcionarios, los cargos que enfrentan Áñez y varios de sus ministros son terrorismo, sedición y conspiración para cometer un golpe de Estado, acusaciones que han rechazado ferozmente, y la propia Áñez describió los cargos como un acto de “persecución política”.
Tras su arresto, Coimbra, el exministro de Justicia, dijo en un video publicado por Unidad Demócrata, una coalición política de oposición, que no había base legal para su detención.
“Esto no tiene validez legal. ¿Sabe el motivo por el que actualmente estamos detenidos de acuerdo con la orden de arresto? Dice que hemos cometido los delitos de terrorismo, sedición y otros simplemente porque aceptamos nuestros cargos como ministros. ¡Solo es!”, dijo Coimbra en una declaración improvisada hecha detrás de las rejas de una celda de detención local.
De pie junto a él en la misma celda estaba Rodrigo Guzmán, ministro de Energía de Áñez. “Este es un arresto ilegal. Nos han detenido en la calle en [la ciudad de] Trinidad. Podrían habernos citado fácilmente, y hubiéramos comparecido gustosos ante el tribunal. No huimos y no lo vamos a hacer. Enfrentaremos este proceso y todas las cosas políticas que nos puedan arrojar. Estamos seguros de que esto es solo una cortina de humo para ocultar la pésima gestión de la pandemia”, dijo Guzmán.
El gobierno del presidente Arce, que ganó las elecciones presidenciales de octubre, ha negado que los arrestos tengan algo que ver con una venganza política.
Apareciendo en la televisión nacional, el primer ministro Eduardo del Castillo fue inequívoco. “Es muy claro que no estamos cometiendo ningún tipo de persecución política. No actuamos de manera arbitraria ni intimidamos a quienes piensan diferente. Este proceso ya había comenzado. La justicia sigue su curso como es legalmente adecuado, y creemos que tiene que seguir haciéndolo. La justicia tiene que seguir operando independientemente de quién esté en el poder”, dijo del Castillo.
¿Un sistema ‘manipulado’?
Pero los observadores nacionales e internacionales se muestran escépticos de que lo político y lo judicial no se superpongan en este caso.
Según Roberto Laserna, analista político boliviano, el sistema de justicia y las fuerzas de seguridad de Bolivia no están estructurados para garantizar una independencia total y pueden ser fácilmente controlados por el gobierno central.
Lo describe como un sistema “manipulado”: la constitución de 2009 estipula que los jueces deben ser elegidos. Ha habido dos elecciones para jueces, pero en ambos casos los candidatos fueron elegidos por el partido gobernante (MAS) y recibieron menos del 8% de los votos. Esto sucedió porque los votantes rechazaron el proceso de selección por un solo partido votando en blanco o dejando sus boletas sin voto.
“La democracia boliviana es extremadamente frágil, es muy débil y muy proclive a la manipulación arbitraria por parte de quien detenta circunstancialmente el poder. Me parece que lo que se ha hecho con Jeanine Áñez y sus [ex] ministros es un abuso y una afrenta al país y a todos los que tienen verdadero espíritu democrático”, dijo Laserna a CNN.
Las acusaciones de manipulación del sistema de justicia boliviano con fines políticos no son nada nuevo en Bolivia. En 2009, el entonces presidente Evo Morales, a su llegada a Venezuela, afirmó que las fuerzas policiales habían desmantelado una conspiración de derecha que planeaba asesinarlo a él y a su vicepresidente Álvaro García Linera. Tres hombres con pasaporte extranjero murieron en un tiroteo en un hotel de la ciudad de Santa Cruz.
Diez años después, el gobierno de Jeanine Áñez desestimó el caso, diciendo que todo había sido organizado para que el gobierno de izquierda apuntara fríamente a los rivales políticos en la ciudad de Santa Cruz. El fiscal a cargo del caso huyó del país en 2014 y ahora vive exiliado en Brasil.
La propia Áñez enfrentó acusaciones de abuso de poder durante su corto período. Los críticos dijeron que la católica que devolvió la Biblia a los procedimientos gubernamentales después de que Morales los secularizó fue demasiado rápida para usar las fuerzas de seguridad del Estado para sofocar las protestas indígenas en todo el país. ¿Pero ella realmente planeó un golpe?
Laserna cree que tal acusación sería exagerada. Áñez no estaba en una posición de gran poder en el momento de la crisis de 2019, dice, y agrega que Morales también se había puesto en una posición insostenible al postularse para otro mandato.
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“Se puede decir que Evo Morales se sintió obligado a renunciar. De hecho lo obligaron a renunciar. Eso es evidente. La gente en las calles lo obligó a renunciar porque había manipulado la justicia. Había prometido no volver a postularse, y lo hizo. Había pedido un referéndum que luego ignoró. Hubo una serie de actos que demostraron que era alguien en quien la gente ya no podía confiar, y creo que por eso la gente lo obligó a renunciar”, dijo Laserna.
José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, también expresó dudas sobre las detenciones, diciendo el sábado: “Las órdenes de aprehensión contra Jeanine Áñez y sus ministros no contienen ninguna prueba de que hayan cometido el delito de ‘terrorismo’”.
“Por eso, generan dudas fundadas de que sea un proceso basado en motivos políticos”, agregó.
Y otro expresidente boliviano, Jorge Fernando “Tuto” Quiroga, quien gobernó de 2001 a 2002, se ha sumado al coro de líderes nacionales e internacionales que denuncian la detención de Áñez.
En un video publicado en Twitter, Quiroga sugirió que lo que le está pasando a Áñez va más allá de una venganza política.
“Quieren cambiar con una fábula una historia que en Bolivia conocemos de memoria, lo que ha pasado acá. Tristemente, por la derrota electoral, y para que Evo Morales se limpie la cara de lo cobarde que fue cuando salió huyendo, [el actual presidente] Luis Arce ha decidido algo inédito en la historia de América Latina al criminalizar una sucesión constitucional”, dijo Quiroga.