(CNN Español) – El resplandor de las luces en medio del océano es una de las pruebas de la intensa actividad pesquera —y sobre todo de la depredación— que se realiza en el área marina protegida conocida como Agujero azul, ubicado en aguas internacionales, al límite de la zona económica exclusiva de Argentina. Es un área que se encuentra frente a las provincias de Chubut y Santa Cruz, demarcada por la línea de las 200 millas náuticas, o 370 kilómetros, desde la costa.
“Las imágenes satelitales muestran un resplandor tan grande como el resplandor que genera la ciudad de Buenos Aires. Y esto se concentra en aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados. Nosotros, en el último monitoreo que hicimos, contamos 470 barcos. Y, para tener una idea, en toda la zona económica exclusiva, que es más de un millón de kilómetros cuadrados, hay en operación aproximadamente 200 barcos”, dice Luisina Vueso, coordinadora de la campaña por la protección del mar argentino de Greenpeace.
“Es una zona muy importante del mar argentino, es el principal corredor biológico del mar argentino. Esto significa que mucha de la fauna que habita nuestro mar y transita nuestro mar va hasta ahí a alimentarse. Es muy, muy productivo. Y eso es lo que hace y justifica que estas flotas vengan desde el otro lado del mundo hasta acá a pescar”, agrega Vueso.
Según la organización ecologista, las principales flotas son de origen chino, español, taiwanés y surcoreano, que son las grandes potencias pesqueras mundiales que pueden encontrarse en muchos otros caladeros importantes de aguas internacionales. Amparados en la falta de regulación internacional, pescan sin ningún tipo de control. Y así se multiplican los barcos en la zona, creando una verdadera ciudad en el medio del océano.
“Entre los barcos que contamos, por ejemplo, había cuatro barcos tankers, que son los barcos estación de servicio, digamos, que les proveen combustible, entonces permite que esos barcos puedan estar más tiempo ahí operando”, ejemplifica Vueso. Así pueden llegar a estar cuatro o cinco meses en la zona ininterrumpidamente.
“También había ocho barcos reefers, que son los barcos frigoríficos, que permiten que estos barcos hagan un transbordo de su captura. La captura va directamente a los mercados y ellos pueden seguir operando. Esto, además, trae un problema grave en términos de conservación, porque perdemos totalmente el control de qué es lo que se está sacando. O sea, no sabemos cuál es el verdadero impacto ambiental, cuánto se está sacando”, dice Vueso.
Tierra (o agua) de nadie
El gran problema al que se enfrentan estas zonas como el Agujero Azul es que están situadas en aguas internacionales, sobre las que existe un vacío legal.
“En aguas internacionales, hoy no existe ningún tipo de gobernanza integral ni de regulación que controle este tipo de actividad, que le ponga un límite. Y esto es lo que habilita a que ocurra todos los años”, explica Vueso quien agrega que “por eso nosotros estamos impulsando este tratado global por los océanos, que permitiría crear una red de santuarios y proteger estos ecosistemas que han sido depredados a través de los años con esta actividad tan destructiva y permitir que se recuperen”.
Por ejemplo, en el Atlántico Sur, donde está el Agujero Azul, Greenpeace señala que la única organización regional de relevancia para la gestión pesquera es la Comisión Internacional para la Conservación de los Atunes del Atlántico (ICCAT). No obstante, también señalan que la ICCAT sólo gestiona la pesca dirigida al atún y especies afines, así como los tiburones capturados por flotas atuneras. Otras especies importantes de la zona, como calamares, merluza o merluza negra no están cubiertas por un organismo internacional.
El Tratado Global por los Océanos que se discute en la Organización de Naciones Unidas desde hace más de 10 años podría ser la solución para darle un marco legal y de protección a este tipo de zonas.
Sería el primer instrumento vinculante bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que regula los usos posibles de los océanos y sus recursos, y abarcaría la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina en las áreas fuera de jurisdicciones nacionales.
Ya hubo tres rondas de las cuatro que se preveían, pero la última, que iba a tener lugar en 2020, fue suspendida por la pandemia y se espera que pueda realizarse este año.
Allí Greenpeace, otras organizaciones ambientalistas, científicos y activistas de la vida marina, entre otros, promueven la creación de una red de santuarios marinos en todo el planeta que estén fuera del alcance de las actividades humanas perjudiciales para el mar.
“Es importante poder poner en valor el océano. Desde la ciudad muchas veces es algo muy lejano, pero es importante saber que nuestra vida depende del océano. Si seguimos destruyendo sus ecosistemas, el océano no va a poder seguir prestando sus servicios esenciales, que son captura de carbono, generación de oxígeno o la regulación de la temperatura del planeta”, apunta Vueso.
Lo que sí pueden hacer los países
Si bien la discusión se centra en aguas internacionales, algunos países pueden colaborar en la protección de esas zonas y de las especies que las habitan.
Particularmente con el Agujero Azul, Argentina no tiene jurisdicción sobre el agua, pero sí sobre la superficie bentónica, es decir el fondo del mar, que forma parte de su plataforma continental, según lo define el derecho marítimo internacional.
Gracias a los nuevos límites de la plataforma argentina sobre el mar argentino y el Atlántico Sur, aprobados por Naciones Unidas, un grupo de legisladores presentó un proyecto de ley de área marina protegida, basado en ejemplos de países vecinos, como Chile.
“Lo que pretendemos es proteger esas zonas con esta ley, porque existe una enorme cantidad de pesca legal e ilegal. Nosotros le llamamos pesca ilegal a la pesca que se hace con instrumentos que son destructivos de la naturaleza. Esta famosa pesca de arrastre que existe en esa parte y que fue muy visualizada por Greenpeace hace poco tiempo”, afirma la diputada del bloque del Consenso Federal, Graciela Camaño, autora del proyecto.
La técnica de la pesca de arrastre se utiliza para pescar a las especies que van por el fondo del mar, como la merluza negra. “Eso hace que ellos utilicen lo que son las redes de arrastre, que son unas redes gigantescas, grandes como una cancha de fútbol, que tiene grandes cadenas en el fondo. Entonces arrasa con todo desde el fondo. Es como el equivalente de una topadora, es muy poco selectiva, y pueden llegar a quedar enganchados mamíferos. Eso es lo que suele ocurrir con delfines y lobos marinos. Lo que ellos llaman pesca accidental”, apunta Vueso.
En ese sentido, Greenpeace resalta que en 2019 llegaron a la zona con su propio barco para realizar monitoreo in situ. “Bajamos con cámaras hasta el fondo marino y pudimos ver que está totalmente depredado, o sea, es un desierto. Estábamos con un biólogo marino a bordo, especialista en fauna bentónica, y nos decía esto debería estar lleno de esponjas, debería estar lleno de corales, de agua fría, debería haber bosques de algas… No había nada. Sólo un montón de basura que genera, obviamente, la misma industria. Con lo cual ahí a simple vista pudimos ver cuál es el impacto de esta actividad”, explica.
La presencia de estos barcos en la zona no sólo perjudica el ecosistema, también a la economía argentina. “Esta suerte de ciudad que ocurre en la milla 200 de la plataforma también perjudica a los pesqueros argentinos. Se ponen fuera de la plataforma argentina, pero tienen las triquiñuelas de la iluminación de los barcos: encienden las luces para atraer a los cardúmenes y pescan en el filo del talud. Entonces esta ley viene a darle una herramienta a Argentina porque viene a posibilitar que haga un control estricto”, agrega.
En ese sentido, este proyecto cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Pesca de Argentina, que reconocen los problemas en la zona. “Hablé con el subsecretario (Carlos) Liberman y me recalcó que hay una suerte de competencia desleal, porque después estos barcos ponen los mismos productos en el mercado, pero a un precio totalmente distinto al de una pesquera argentina”, completa Camaño.
En el mismo sentido, Vueso añade: “Hemos visto, por ejemplo, en el puerto de Montevideo algunas cosas que dicen ser un producto coreano, pero en realidad fue sacado en el Agujero Azul. O sea, es muy difícil hacer la cadena de custodia de lo que realmente se saca de esta zona”.
Por ese motivo, el presidente Alberto Fernández anunció en su último mensaje al Congreso controles más estrictos con la pesca ilegal a partir de la ampliación de la plataforma continental del país. Y este proyecto de ley, que lleva la firma de algunos diputados de la bancada oficialista, le daría a Argentina algunas herramientas legales que hoy no tiene para intervenir en la zona.
Desde Greenpeace apoyan el proyecto. Creen que es un buen primer paso, pero más allá de los controles que pueda instrumentar Argentina, apelan a la comunidad internacional.
Vueso afirma que “desde Argentina el trabajo que tiene hacer la Prefectura lo está haciendo. Nosotros queremos dejar en claro que no es una cuestión de aumentar el patrullaje en este sentido, es una cuestión de regular lo que no está regulado. Es una cuestión de salvar el vacío legal que existe en aguas internacionales que habilita esta situación”.
Mientras tanto, el Congreso de Argentina podría ayudar, y mucho, dando un primer paso: transformar en ley este proyecto de preservación, que lleva la firma del jefe de la bancada del oficialismo en diputados, entre otros.
“Hemos estado trabajando a principios de marzo con el jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, para ponerlo en la agenda este año”, confirma Camaño, y agrega con picardía: “Y luego, advierto que él tiene posibilidades de tener influencia sobre el Senado, con lo cual abrigo la esperanza de que este año se convierta en ley”. Su madre, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es quien preside el Senado.
Pero más allá de lo que pueda hacer Argentina, el segundo paso, y el más importante para Greenpeace, es la concreción de este tratado global por los océanos en el seno de Naciones Unidas.
Esta iniciativa es impulsada fuertemente por Argentina, pues hoy no tiene manera legal de controlar esa zona. Pero su concreción va más allá de su alcance: está en manos de los gobiernos del mundo.