Amanda Mattingly es becaria del Proyecto Truman de Seguridad Nacional y exfuncionaria de relaciones exteriores del Departamento de Estado de Estados Unidos. Trabajó en la embajada estadounidense en Caracas en 2002 y 2003. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivamente suyas. Lee más artículos de opinión en cnne.com/opinion.
(CNN) – La decisión del Gobierno de Estados Unidos de otorgar el Estatus de Protección Temporal a los venezolanos es un paso bienvenido, y fue necesario que el presidente Joe Biden ganara la Casa Blanca para que se convirtiera en una realidad. Las sanciones económicas amplias de Estados Unidos a Venezuela y su expansión por parte del expresidente Donald Trump, incluso cuando su administración se negaba a otorgar el estatus migratorio a los venezolanos que habían huído de su país, empeoraron una situación en Venezuela que ya era devastadora.
Al extender el TPS a los venezolanos que han estado en Estados Unidos desde al menos el 8 de marzo, la administración de Biden les otorgó un estatus legal temporal para vivir y trabajar sin miedo a que los deporten. Dada la crisis humanitaria extraordinaria en Venezuela, este estatus debió haberse otorgado hace años. Y podría haber sido así, de no ser por las políticas duras de inmigración de la administración Trump. Como me dijo el exembajador de Estados Unidos en Venezuela Charles Shapiro, el TPS “estaba pendiente desde hace tiempo”.
De acuerdo a las Naciones Unidas, 5,4 millones de venezolanos han huido de su país por razones políticas y económicas. La mayoría ha cruzado la frontera hacia Colombia y Brasil, que son quienes se han llevado la peor parte del éxodo masivo del colapso de Venezuela bajo el mando del dictador Nicolás Maduro, pero muchos también han llegado a Estados Unidos.
Ofrecer el TPS a unos 300.000 venezolanos elegibles aquí es una medida humanitaria importante por parte de Estados Unidos, y también cumple una promesa de campaña hecha por Biden.
Pero no deberíamos detenernos ahí. La crisis política, económica y humanitaria en Venezuela, provocada por años de mala gestión y corrupción bajo el mandato de Maduro y su predecesor, Hugo Chávez, justifica una respuesta contundente de Estados Unidos. El TPS debería ser solo el primer paso en nuestros esfuerzos para ayudar al pueblo venezolano.
Restablecer a EE.UU. como líder democrático
Primero que nada, la administración de Biden debería enfocarse en promover la democracia y restablecer a Estados Unidos como líder democrático en la región. Antes de la administración de Trump, promover y defender la democracia eran pilares de la política exterior de Estados Unidos en América Latina y en todo el mundo. Los disturbios del 6 de enero en el Capitolio dificultaron este trabajo a nuestros diplomáticos, como ha indicado el secretario de Estado, Antony Blinken, pero volver a nuestros propios principios democráticos en casa, incluido el derecho al voto, nos ayudará a recuperar un rol de liderazgo en la promoción de los principios de la democracia y la gobernanza en el exterior.
Venezuela es un ejemplo claro de lo que le pasa a los países cuando líderes electos democráticamente no gobiernan democráticamente, cuando se destruyen las instituciones democráticas y cuando las elecciones ya no son libres ni justas. La oposición venezolana ha pasado años luchando por elecciones libres y justas, mientras que el pueblo venezolano se ha visto obligado a cruzar fronteras para conseguir comida y medicamentos, y por temor a la persecución política.
La corrupción y los sobornos del régimen de Maduro, apoyado por los militares y los servicios de seguridad de Venezuela, han hecho que sea casi imposible lograr un cambio político en el país.
El Gobierno de Biden debería trabajar con sus aliados para buscar una solución a la crisis en Venezuela
El Gobierno de Biden debería empezar a trabajar de nuevo con sus aliados en América Latina y Europa para encontrar una solución pacífica y democrática a la crisis política y económica en Venezuela. Estados Unidos, trabajando a través del Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos, debería liderar los esfuerzos para lograr elecciones libres y justas en Venezuela y una transferencia pacífica del poder.
Biden también debería estar preparado para retirar las sanciones generales al sector petrolero de Venezuela si eso significa llevar a Maduro a la mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo que permita que se celebren elecciones libres y justas.
Hasta ahora, esas sanciones generales han perjudicado al pueblo venezolano, no solo a los líderes del país, y no lograron cumplir con su objetivo de derrocar a Maduro. Estados Unidos estableció sanciones al sector petrolero de Venezuela en enero de 2019, cuando el líder opositor Juan Guaidó estaba en ascenso y el equipo de Trump creía que Maduro sería derrocado rápidamente. Pero eso no sucedió.
Si bien Guaidó organizó una campaña valiente, en su mayor parte pacífica, contra Maduro y se ganó el apoyo de la comunidad internacional como líder interino legítimo de Venezuela, aún no ha sido capaz de reunir suficiente apoyo de los militares para obligar a Maduro a dejar el poder. Mientras tanto, Maduro y sus compinches han sido capaces de mantener el Gobierno a flote con el apoyo de Rusia, China e Irán y evadiendo las sanciones petroleras de Estados Unidos, intentando vender su oro y, supuestamente, traficando drogas en la región.
Sanciones enfocadas
Sí, la crisis en Venezuela comenzó mucho antes de que Estados Unidos aplicara sanciones al sector petrolero, pero estas no ayudaron a la situación. En cambio, las sanciones a Venezuela deberían ser dirigidas y específicas, enfocadas en individuos cercanos a Maduro y que lo financian. Esto incluye a venezolanos en el Ejército, las fuerzas de seguridad que protegen a Maduro y empresas propiedad del Estado que se benefician a expensas del pueblo de Venezuela. Los venezolanos que socavan las instituciones democráticas, o que están asociados a presuntas violaciones de los derechos humanos, también deberían enfrentar sanciones.
Defender los derechos humanos en Venezuela también debería ser una de las principales prioridades del Gobierno de Biden. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y las Naciones Unidas han denunciado abusos por parte del régimen de Maduro. Aunque el Gobierno de Venezuela ha negado esos reportes, defender de la democracia significa defender los derechos humanos y Estados Unidos debería hacer su parte para Maduro rinda cuentas.
La crisis de Venezuela no se va a resolver de la noche a la mañana. Con un 96% de los hogares venezolanos viviendo en la pobreza hoy en día, se necesitarán generaciones para revertir la degradación.
Por supuesto que la pandemia de coronavirus no ha hecho más que agravar la situación en el último año. La administración de Biden debería buscar otras formas de ayudar al pueblo venezolano a que reciba la asistencia humanitaria que necesita, incluidas vacunas. La buena noticia es que existe un apoyo bipartidista en Estados Unidos para ayudar al pueblo venezolano. Con suerte, el TPS es solo el primer paso.