(CNN Español ) – El cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este miércoles que no entrará ninguna vacuna al país que no haya sido aprobada por las instituciones científicas nacionales.
“No vamos a traer ninguna vacuna que esté causando estragos en el mundo, no voy a nombrar a ninguna, solamente van a venir las vacunas comprobadas científicamente en Venezuela que son seguras para nuestro pueblo”, aseguró Maduro.
Más temprano, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, había descartado nuevamente la administración de la vacuna de AstraZeneca en Venezuela como parte de una decisión que, aseguró, ya le había sido comunicada el 15 de marzo al representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Paolo Balladelli.
Las declaraciones de Maduro y de Rodríguez a propósito del producto de la Universidad de Oxford y AstraZeneca se conocen mientras la Unión Europea deja atrás dos semanas de controversia que comenzaron al reportarse unos 25 casos de personas que sufrieron coágulos tras recibir esta vacuna.
Luego de analizar la situación, la Agencia Europea de Medicamentos concluyó que la vacuna es segura y que los beneficios de su uso compensan largamente los riesgos al comparar los casos reportados contra más de 20 millones de personas inoculadas con ese producto en la UE y el Reino Unido.
Estas declaraciones también se producen un día después de que Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias en Salud de la OPS, informara que ya está en marcha el pago de los US$ 18 millones que debe desembolsar Venezuela para acceder a las vacunas del mecanismo Covax.
Ugarte explicó que para Venezuela están previstas las vacunas de AstraZeneca producidas en Corea del Sur, o sea, “no las que han presentado potenciales efectos adversos que han sido aclarados por la autoridad reguladora de Europa y también por la Organización Mundial de la Salud”.
El mecanismo Covax de la OMS distribuye las vacunas que hayan recibido su autorización para uso de emergencia y que a la vez tenga disponibles para su asignación entre los países destinatarios. La OMS solo destina a Covax las vacunas autorizadas por el organismo, que hasta ahora son las Pfizer/BioNTech y Moderna, así como las de AstraZeneca, incluidas las fabricadas en Corea del Sur por SKBio y en India por el Instituto Serum (también conocida como Covishield).
Ugarte agregó que luego de ese pago inicial es necesario ratificar que existen los fondos suficientes, alrededor de US$ 100 millones adicionales, para completar el resto de las vacunas. Ugarte detalló que son alrededor de 2,4 millones de vacunas que llegarían conforme se haga el pago y luego la concesión de las vacunas en la siguiente ronda de asignación para los países.
La oposición liderada por Juan Guaidó y el gobierno de Maduro acordaron a través de una mesa de negociación que sesiona desde el 11 de febrero facilitar el acceso a vacunas mediante la liberación de los fondos congelados en el exterior como parte de las sanciones contra funcionarios venezolanos y organismos públicos como el Banco Central de Venezuela.
En ese contexto, algunos de los políticos que integraron la Asamblea Nacional elegida en 2015 y que hoy componen la llamada Comisión Delegada, aprobaron el viernes último destinar US$ 30,3 millones para comprar a Covax al menos 12 millones de dosis destinadas a la inmunización de de seis millones de personas. Ese total incluye cerca de US$ 18,2 millones para las vacunas de Covax y poco más de US$ 12,1 millones para equipamiento de la cadena de frío. El acuerdo contempla que el manejo y la distribución de las vacunas esté a cargo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Unicef.
Los representantes diplomáticos de Juan Guaidó en Estados Unidos están a cargo de la gestión con las autoridades de ese país, dijo en un comunicado Carlos Vecchio, embajador designado por Guaidó, a quien Washington reconoce como presidente encargado de Venezuela y por lo tanto el interlocutor para resolver el manejo de esos recursos.
EE.UU. y otros países fundamentaron el congelamiento de los fondos con el argumento de que esos organismos estatales han violado derechos humanos y han actuado para socavar la democracia. Maduro y sus funcionarios rechazan las acusaciones y consideran que estas medidas constituyen un bloqueo que impide el acceso de Venezuela a recursos para luchar contra el covid-19 y, en particular, la obtención de las vacunas.