(CNN) --La campaña de mentiras del expresidente de Estados Unidos Donald Trump sobre el robo de las elecciones acaba de obtener una gran victoria con una nueva ley de Georgia que podría suprimir los votos de muchos de los ciudadanos que ayudaron a expulsarlo de la Casa Blanca.
Los legisladores estatales republicanos se apresuraron a aprobar una amplia ley el jueves, que dificulta la votación y se dirige desproporcionadamente a los votantes demócratas y negros en un campo de batalla vital para las elecciones de 2020 y las futuras contiendas presidenciales y del Congreso.
La medida confirma a Georgia como el epicentro de la lucha por la democracia estadounidense que se desarrolló durante la presidencia de Trump y durante la insurrección que él incitó contra el Capitolio de EE.UU. Y ahora amenaza con manchar las elecciones futuras mientras los republicanos en varios estados buscan nuevas leyes para limitar la votación.
“Lo que me preocupa es lo poco estadounidense que es toda esta iniciativa. Es enferma. Es enferma”, dijo el presidente Joe Biden en la primera conferencia de prensa de su presidencia en la tarde del jueves.
La ley de Georgia plantea la cuestión de si las salvaguardias electorales que impidieron los enérgicos esfuerzos de Trump para manipular la carrera por la Casa Blanca de 2020 después del hecho en el estado se mantendrán firmes en futuras elecciones en medio de falsas afirmaciones de fraude electoral por parte de un presidente.
Fue redactada después de que los demócratas ganaron Georgia en las elecciones presidenciales por primera vez desde 1992, en medio de una participación masiva a nivel nacional a medida que los métodos de votación, incluidas las boletas por correo, se expandieron para facilitar que los estadounidenses cumplieran con sus derechos democráticos fundamentales durante una pandemia. Los republicanos de Georgia también perdieron dos escaños en el Senado de Estados Unidos que dieron a los demócratas el control de la cámara con un empate 50-50 sobre la base de la gran participación de negros en las elecciones especiales de enero.
Después de dejar el cargo, Trump exigió que las legislaturas estatales republicanas aprobaran leyes para prohibir la votación por correo y evitar que los tribunales intervengan en las disputas electorales. Usando su enorme popularidad en el Partido Republicano, el expresidente ha hecho de la aceptación de sus falsas teorías de conspiración sobre el fraude electoral en 2020 una prueba de fuego para los candidatos republicanos que buscan su apoyo en las próximas elecciones primarias.
El proyecto de ley de Georgia es solo un ejemplo de los esfuerzos del Partido Republicano en varios estados, incluidos muchos campos de batalla electorales cruciales, para contener una marea demográfica diversa en ciudades que favorecen a los demócratas, que los críticos ven como un intento de cimentar el gobierno de las minorías en Estados Unidos.
Iowa ya aprobó una medida para limitar las votaciones en ausencia y los horarios de votación. Texas está tomando medidas para reducir las horas de votación y el voto en ausencia en las grandes ciudades demócratas como Houston. Los republicanos están impulsando nuevas leyes de votación en otro estado indeciso que perdió Trump, Arizona.
La ley de Georgia enciende un nuevo debate
Los líderes republicanos justifican las medidas de supresión de votantes argumentando que son necesarias para acabar con el fraude y restaurar la fe del público en la justicia de las elecciones estadounidenses. Pero varios tribunales y el propio Departamento de Justicia de Trump descubrieron que no hubo un fraude electoral generalizado en 2020. Y la desconfianza de los votantes se vio alimentada en gran medida por las afirmaciones descaradamente falsas de Trump de que lo habían estafado en unas elecciones corruptas, afirmaciones que fueron transmitidas incesantemente por los medios de comunicación conservadores.
La acción de Georgia arroja una granada política al debate sobre una campaña en Washington por parte de muchos demócratas para abolir las reglas de supermayoría del Senado que los republicanos podrían usar para bloquear su amplio proyecto de ley electoral, conocido como la Ley Para el Pueblo. La medida establecería estándares nacionales y revertiría restricciones como las que ahora son ley en Georgia. Los republicanos califican el proyecto de ley demócrata como una toma de poder inconstitucional.
El drama en la Legislatura de Georgia se desarrolló mientras Biden condenaba la legislación estatal restrictiva como un remanente de la era de Jim Crow que institucionalizó el racismo e insinuaba que, en última instancia, podría respaldar la abolición del obstruccionismo del Senado para que el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes demócrata pasara al pleno.
Pero Biden se negó a revelar su estrategia para convertir en ley el proyecto de ley sobre el derecho al voto.
La nueva ley en Georgia requiere requisitos de verificación de votantes más estrictos para las boletas de voto ausente, permite que los funcionarios estatales se hagan cargo de las juntas electorales y limita las urnas de votación que facilitan el voto de las personas. La ley permite a cualquier georgiano presentar impugnaciones ilimitadas a los registros de votantes e, increíblemente, convierte en un delito menor que cualquiera ofrezca comida y agua a los votantes atrapados en largas filas para emitir su voto.
Los votantes negros que se ven obstaculizados por las restricciones de voto en las áreas urbanas a menudo se han encontrado haciendo fila durante horas para votar cuando hace mal tiempo. El objetivo claro de los votantes negros en Georgia y en otros lugares recuerda algunos de los episodios raciales más feos del pasado de Estados Unidos y está alimentando quejas por un abierto racismo republicano.
Un gobernador criticado por Trump firma la nueva ley
La ley de Georgia fue rápidamente firmada por el gobernador republicano Brian Kemp, quien provocó la ira de Trump el año pasado por negarse a seguirle el juego a su intento de anular la victoria de Biden por 12.000 votos en el estado, lo que fue confirmado por varias auditorías.
Kemp afirmó que la ley “hace que sea más fácil votar y más difícil hacer trampa”.
En una declaración a CNN, el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, un republicano que desafió las súplicas de Trump en una llamada telefónica para encontrar votos para anular la victoria de Biden, dijo que seguiría defendiendo las libertades de los votantes pero no criticó la ley.
“Al implementar esta ley, me aseguraré de que ningún votante elegible de Georgia se vea obstaculizado en el ejercicio de su derecho al voto, y continuaré dando seguridad a nuestras elecciones para que todos los georgianos puedan tener confianza en los resultados de nuestros comicios”, dijo Raffensperger. A principios de esta semana, Trump anunció que respaldaba a la representante Jody Hice en su esfuerzo por vencer a Raffensperger en una contienda primaria.
La rápida firma de Kemp fue otra señal de la feroz presión que los políticos republicanos que esperan tener un futuro político enfrentan de parte de Trump y sus acólitos en sus estados. Kemp está listo para la reelección en 2022 y podría enfrentar a la demócrata Stacey Abrams, una exlegisladora estatal y destacada defensora del derecho al voto que jugó un papel crucial en la victoria de Biden en Georgia.
“Mientras el FBI continúa reuniendo a los sediciosos que derramaron sangre para defender una mentira sobre nuestras elecciones, los líderes estatales republicanos socavan deliberadamente la democracia al darse autoridad para anular los resultados que no les gustan”, dijo Abrams en un comunicado. “Ahora, más que nunca, los estadounidenses deben exigir una acción federal para proteger los derechos de voto mientras continuamos luchando contra estos esfuerzos descaradamente inconstitucionales que son nada menos que Jim Crow 2.0”.
La ley de Georgia, que los críticos temen podría permitir a los funcionarios estatales negar a los condados el derecho a certificar sus propios resultados electorales, y otras medidas que reprimen el voto probablemente enfrenten rigurosos desafíos en los tribunales. De hecho, el jueves por la noche, tres grupos de derechos al voto ya habían presentado una demanda contra la ley de Georgia.
Damon Hewitt, presidente interino y director ejecutivo del Comité de Abogados por los Derechos Civiles bajo la Ley, una organización no partidista, dijo que la medida estaba dirigida a los votantes de color que participaron en números récord en las elecciones de 2020.
“Esto debe designarse como Prueba A para argumentar que la supresión discriminatoria de votantes está viva y coleando, y deja en claro por qué necesitamos una legislación federal sobre el derecho al voto para detener estas leyes en su camino”, dijo Hewitt. “Estamos dispuestos a tomar medidas y proteger el derecho fundamental al voto a través de los tribunales”.
La Ley Para el Pueblo que espera acción en el Senado crearía un registro automático de votantes en todo el país y restablecería partes de la Ley de Derechos Electorales que fueron destruidas por la Corte Suprema. También fortalecería la votación por correo y permitiría la votación anticipada en todo el país, al tiempo que tomaría medidas para reducir los tiempos de espera en las urnas.