(CNN) – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se movió con rapidez desde su toma de posesión el 20 de enero, hace unos 100 días: firmó una ley de ayuda por covid-19 de US$ 1,9 billones en menos de dos meses de su mandato y emitió más decretos en lo que lleva de gobierno que sus tres predecesores.
Estos esfuerzos dieron frutos, ya que el gobierno alcanzó el hito de 200 millones de dosis aplicadas de la vacuna contra el coronavirus y se abrió la elegibilidad para la vacuna a todos los mayores de 16 años antes del día 100 de Biden en el cargo.
La pérdida de empleo disminuye, las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo están en su punto más bajo en pandemia, y las escuelas están reabriendo para la enseñanza presencial, lo que devuelve a los niños y a las familias una sensación de normalidad.
Además, Biden cumplió su promesa de devolver a la presidencia el aspecto que tenía antes de la llegada de Donald Trump: los tuits se sustituyeron por reuniones informativas diarias con la prensa, y se incorporó un gabinete y un equipo de expertos.
Biden avanzó menos en otros campos
A pesar de lo anterior, el gobierno de Biden avanzó menos en su objetivo de restaurar el bipartidismo y la unidad. Ni un solo republicano del Senado votó a favor del proyecto de ley de ayuda por covid-19, e incluso los demócratas moderados se están resistiendo a la oposición unificada del Partido Republicano sobre otros objetivos como ajustes a políticas de inmigración, extender los derechos de voto o aprobar el siguiente punto de la agenda de Biden, que es un enorme paquete de infraestructura.
Como candidato, Biden presentó docenas de planes integrales sobre lo que haría como presidente. Pero el gobierno se ha enfrentado con obstáculos. Estos incluyen un aumento de menores no acompañados que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México.
En algunos casos, el enfoque de Biden cambió. Por ejemplo, la Casa Blanca renunció recientemente a la creación de una comisión policial que el presidente dijo que establecería durante sus primeros 100 días de mandato; en lugar de eso, optó por impulsar la legislación en el Congreso.
Estos son los principales logros de Biden en sus primeros 100 días de gobierno y cómo los cumplió
El mayor reto en los primeros 100 días de Biden: la pandemia de covid-19
Biden llegó al cargo tras prometer que se administrarían 100 millones de dosis contra covid-19 para su día 100 en el cargo, después de que Trump no alcanzara su objetivo de vacunar a 20 millones de estadounidenses para finales de 2020.
En comparación, el resultado fue mejor: el gobierno de Biden alcanzó su objetivo de 100 millones de vacunas a mediados de marzo, unos 40 días antes de lo previsto. Se alcanzaron las 200 millones de dosis el 21 de abril, una semana antes de lo previsto en el calendario actualizado de Biden.
Para acelerar y asegurar un mayor suministro de vacunas, el presidente invocó la Ley de Producción de Defensa con Pfizer y Moderna, así como en un acuerdo con los rivales farmacéuticos Merck y Johnson & Johnson —aunque poco después la entrega de la vacuna de Johnson se vio temporalmente detenida por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA)—.
La vacunación: un logro importante
Biden también se comprometió a que EE.UU. compraría cientos de millones de dosis más de vacunas contra el coronavirus a lo largo de sus primeros meses de mandato. Ahora la Casa Blanca dice que el país tendrá suficientes vacunas para todos los estadounidenses adultos a finales de mayo.
Para aumentar el acceso de los estadounidenses a las vacunas, el gobierno de Biden puso en marcha un programa federal de farmacias minoristas en el que las convirtió en centros de vacunación. También abrió las vacunas para los centros de salud comunitarios y estableció centros de vacunación administrados por el gobierno federal en todo el país.
En este sentido, el presidente ordenó la ampliación de la lista de vacunadores elegibles para incluir a dentistas, parteras, paramédicos y optometristas, entre otros profesionales de la salud, para satisfacer la creciente demanda.
El gobierno también se comprometió a colaborar con organizaciones comunitarias para transportar a las personas mayores y a las personas con discapacidad para que se vacunen.
Propagación del coronavirus en EE.UU.
El paquete de ayuda por covid-19 de US$ 1,9 billones, llamado ‘Plan de rescate estadounidense, que se aprobó en marzo, proporcionó miles de millones de fondos para reforzar la vacunación.
El presidente también prometió hasta US$ 4.000 millones en una contribución de EE.UU. para COVAX, el mecanismo de entrega de vacunas para países en desarrollo..
Biden colocó a expertos en salud pública y a científicos en el centro de una serie de funciones dentro del gobierno. Nombró al Dr. Anthony Fauci, director durante mucho tiempo del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que tenía una relación conflictiva con Trump, como asesor médico principal, y ascendió al director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca a un puesto de nivel de gabinete.
Además, su gobierno reinició sesiones informativas frecuentes sobre covid-19 con expertos en salud pública del gobierno federal, incluyendo a Fauci; la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky; el Cirujano General de Estados Unidos, Vivek Murthy; y la Dra. Marcella Nunez-Smith, jefa del grupo de trabajo sobre equidad sanitaria de la Casa Blanca.
Recuperación económica
Días antes de su toma de posesión, Biden presentó una propuesta de ayuda económica masiva. Pidió al Congreso que aprobara US$ 1,9 billones en fondos para proporcionar a los estadounidenses otra ronda de cheques de estímulo, ayuda a los desempleados, apoyo a las pequeñas empresas y dinero para ayudar a que las escuelas vuelvan a abrir de manera segura.
En marzo, el Congreso aprobó el paquete, conocido como ‘Plan de rescate estadounidense’. Gran parte del mismo reflejaba la propuesta de Biden, aunque había algunos cambios clave, como la reducción del alcance de los pagos de estímulo de 1.400 dólares, el recorte del impulso federal a los beneficios por desempleo y la eliminación del aumento del salario mínimo federal a 15 dólares la hora.
Hasta ahora, el gobierno de Biden ha enviado más de 160 millones de pagos de estímulo. Estos tienen un valor de hasta US$ 1.400 por persona. Además, Biden ha entregado más de US$ 80.000 millones en ayudas a las agencias estatales de educación; y ha reforzado los subsidios de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio en healthcare.gov. También ha entregado US$ 39.000 millones a los estados para ayudar a los proveedores de cuidados infantiles a reabrir o mantenerse a flote.
Los estados han aplicado en mayor medida la ayuda federal de US$ 300 a las prestaciones semanales por desempleo y la ampliación de dos programas clave de desempleo por pandemia hasta principios de septiembre.
También se puso en marcha una exención del impuesto federal sobre la renta de US$10.200 en concepto de indemnización por desempleo para quienes ganen menos de US$ 150.000.
El paquete proporciona más de US$ 350.000 millones a los gobiernos estatales y locales, los territorios y las tribus; amplía hasta septiembre el aumento del 15% de las subvenciones de los cupones de alimentos; y ofrece miles de millones de dólares de ayuda a los inquilinos y propietarios de vivienda en dificultades.
También mejora en gran medida el crédito fiscal por hijos durante un año. Aumentó su tamaño y permite que más padres de bajos ingresos puedan optar a él. Además, proporciona la mitad del mismo como un flujo mensual de ingresos desde julio hasta el final del año.
Por otra parte, Biden usó sus poderes ejecutivos para ampliar la ayuda alimentaria, prolongar la moratoria federal sobre los desalojos, y continuar con la suspensión de los pagos e intereses de los préstamos estudiantiles federales.
Pero no ha sido un camino sin obstáculos
Sin embargo, la puesta en marcha de los programas de ayuda no ha ido del todo bien. Un nuevo programa de subsidios para restaurantes en dificultades, el cual se estableció en el proyecto de ley, todavía no comienza.
Aunado a ello, la Agencia Federal de Pequeños Negocios de Estados Unidos tuvo problemas para poner en marcha un programa de subvenciones para teatros y locales de música cerrados, el cual se aprobó en el marco del paquete anterior de ayudas por covid del mes de diciembre; se suspendió horas después de su apertura y no ha reabierto hasta esta semana.
Pero el dinero sigue fluyendo a través de dos programas de ayuda existentes para las pequeñas empresas. Estos a su vez son impulsados por el ‘Plan de rescate estadounidense’. Se trata del Programa de Protección de Cheques y el Programa de Préstamos por Daños Económicos por Desastre.
También van lentos los esfuerzos del gobierno de Biden para el programa P-EBT. Es un programa que proporciona fondos a las familias de bajos ingresos cuyos hijos no reciben comidas gratuitas o a precio reducido en la escuela porque están aprendiendo a distancia.
El presidente aumentó el valor de los beneficios del P-EBT y el Departamento de Agricultura de EE.UU. aprobó muchos más planes estatales para el año escolar 2020-21. Sin embargo, alrededor de una docena de estados aún no reciben el visto bueno, lo que deja a millones de niños a la espera del programa de ayuda creado la primavera pasada. Además, muchos padres siguen esperando el dinero hasta en los estados donde ya hubo aprobación.
Reapertura de escuelas
En diciembre, Biden se comprometió a conseguir que la mayoría de las escuelas estuvieran abiertas al final de sus primeros 100 días en el cargo.
A diferencia de otros países, el control de las escuelas en EE.UU. es a nivel local, y los problemas para impartir clases presenciales no son los mismos en todas partes. Esto hace casi imposible crear una orientación eficaz a nivel federal e incluso estatal a medida que avanza la pandemia. En algunos lugares, las autoridades escolares se enfrentaron a la fuerte oposición de los poderosos sindicatos de profesores.
Al principio hubo confusión sobre cómo el gobierno definía la reapertura de las escuelas. Cuando se le preguntó sobre ello durante un foro de CNN el 16 de febrero, Biden aclaró que, al final de sus primeros 100 días, “el objetivo serán cinco días a la semana” de clases presenciales o cerca de eso para los estudiantes de escuelas K-8 en particular.
No cabe duda de que ahora hay más escuelas que ofrecen clases presenciales que a principios de 2021. Pero sigue sin estar claro si la mayoría de las escuelas las ofrecen cinco días a la semana para todos los estudiantes.
Una estimación de la empresa privada de seguimiento de datos Burbio dice que alrededor del 65% de los estudiantes K-12 asisten a escuelas que ofrecen clases en persona cada día, frente al 33% la semana en que Biden asumió el cargo. Alrededor del 29% asiste a escuelas que ofrecen modelos híbridos que incluyen algo de clases presenciales, y menos del 6% tiene solo opciones virtuales.
Los estudiantes más jóvenes tienen más probabilidades de recibir enseñanza presencial. Hasta el 20 de abril, las escuelas primarias y secundarias de poco más de la mitad de los 101 distritos escolares más grandes del país ofrecían completamente clases presenciales durante cinco días a la semana, según el seguimiento de CNN.
Algunos expertos afirman que la transición a la educación presencial pudo ser más rápida. Dicen que las directrices publicadas por los CDC en febrero dificultaron la reapertura de las escuelas. Los CDC atenuaron sus directrices de distanciamiento físico en marzo. Con esto, recomendaron que la mayoría de los estudiantes se mantuvieran a al menos un metro de distancia, lo que aceleró el regreso a la escuela para algunos.
Atención médica
Biden actuó rápidamente para reforzar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, una de sus principales promesas de campaña. Su gobierno ya adoptó múltiples medidas para revertir los esfuerzos de Trump por destruir la emblemática ley sanitaria de los demócratas.
Biden reabrió el mercado federal de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio a mediados de febrero. Esto les dio a los estadounidenses sin seguro hasta mediados de agosto para inscribirse en la cobertura de 2021. Además, permitió a los que ya estaban inscritos buscar mejores planes con mejores subsidios, que duran dos años.
El gran paquete de ayuda
Esta ayuda adicional formó parte del paquete de ayuda de US$ 1,9 billones de los demócratas. Ahora, los afiliados no pagarán más del 8,5% de sus ingresos por la cobertura, frente a casi el 10%. Y los asegurados con menores ingresos y los desempleados recibirán subsidios que eliminarán sus primas por completo.
Además, aquellos que ganan más del 400% del nivel federal de pobreza establecido pueden recibir ayuda por primera vez. La cantidad equivale a unos US$ 51.000 por una persona y US$ 104.800 para una familia de cuatro miembros en 2021.
Los 14 estados, y Washington D.C., que gestionan sus propios mercados también han ampliado la inscripción, aunque las duraciones difieren según el lugar.
Los trabajadores despedidos que quieran seguir con su cobertura laboral recibirán subsidios que pagarán el coste total de las primas desde abril hasta septiembre, como parte del paquete de ayuda.
Biden también comenzó a retirar las aprobaciones del gobierno de Trump que permitían a los estados imponer requisitos de trabajo en Medicaid.
Y ahora el gobierno de Biden pidió a la Corte Suprema que mantenga la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. Eso es contrario a la posición de Trump, que se unió a los estados liderados por los republicanos para instar a los jueces a anular la ley. Los jueces aún no dan su veredicto en el caso; si revocan el Obamacare, no está claro qué podrán aprobar Biden y los demócratas del Congreso para reemplazarlo.
Inmigración
Biden firmó varias acciones ejecutivas que apuntan a las políticas de inmigración más duras de Trump. Entre ellas, revocar la prohibición de viaje del expresidente dirigida a países mayoritariamente musulmanes. De igual forma, fortalecer el programa DACA después de los esfuerzos de Trump para deshacer las protecciones para las personas indocumentadas traídas al país cuando eran niños.
Por otra parte, Biden creó un grupo de trabajo centrado en identificar y reunir a las familias migrantes separadas en la frontera entre Estados Unidos y México como resultado de la controvertida política de “tolerancia cero” de Trump. Además, revocó una disposición del gobierno pasado que limitaba la inmigración legal durante la pandemia de covid-19.
El presidente Biden anuló la declaración de emergencia nacional de Trump, la cual permitió a su predecesor disponer de fondos adicionales para su muro fronterizo. Por otra parte, pidió una revisión de los proyectos en curso sobre el muro.
Asimismo, redujo la aplicación de la ley de inmigración en Estados Unidos. Biden también ordenó a las agencias pertinentes que garanticen que los refugiados y solicitantes de asilo LGBTQI+ tengan el mismo acceso a las protecciones.
Fin a la política de “permanecer en México”
Biden puso fin a la llamada política de Trump de “permanecer en México”. Esta obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer en ese país hasta las fechas de sus tribunales de inmigración en Estados Unidos. Ahora comenzó la entrada gradual de migrantes que aún tenían casos activos.
Su gobierno también inició una revisión de las políticas “que cerraron por completo la frontera de Estados Unidos a los solicitantes de asilo”.
Sin embargo, el gobierno de Biden ha tenido dificultades para hacer frente a la afluencia de migrantes que llegan a la frontera sur de EE.UU., en particular los menores de edad no acompañados, que son retenidos en las estaciones de la Patrulla Fronteriza mientras los funcionarios se esfuerzan por encontrar sitios en donde alojarlos.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos, encargado del cuidado de los niños migrantes no acompañados, anunció o abrió al menos 11 nuevas instalaciones temporales para procurar sacar a los niños de las estaciones de la Patrulla Fronteriza. Son similares a las condiciones de una cárcel y no son adecuadas para los menores.
Biden designó a la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, para supervisar los esfuerzos con los países centroamericanos para frenar el flujo de migrantes hacia la frontera sur de Estados Unidos. Es el primer asunto importante que Biden asigna a Harris, quien se espera que viaje a México y Guatemala.
Inmigración ilegal y refugiados
En cuanto a la inmigración legal, Biden firmó una orden que buscaba revertir las políticas de la era Trump que apuntaban a los inmigrantes de bajos ingresos. Eso incluía la solicitud de una revisión de la regla de carga pública, que hace más difícil que los inmigrantes obtengan un estatus legal si usan beneficios públicos como Medicaid, cupones de alimentos y vales de vivienda. Biden restableció un Grupo de Trabajo sobre Nuevos Estadounidenses.
Sin embargo, Biden no tiene algo establecido en cuanto a la admisión de refugiados. Recientemente, la Casa Blanca dijo que el presidente establecería un nuevo tope de refugiados para el 15 de mayo, después de enfrentarse a las críticas por mantener el tope de 15.000 del gobierno de Trump, aunque sin las restricciones establecidas por este.
Política exterior
Aunque la relación entre EE.UU. y China fue un tema clave durante la campaña, Biden se ha centrado en otras tres áreas desde que asumió el cargo. Se trata de Afganistán, Irán y Rusia.
Dos décadas después de que se iniciara la que sería la guerra más larga de Estados Unidos, Biden se comprometió a retirar las tropas de Afganistán antes del 11 de septiembre. En esa fecha se cumple el 20º aniversario de los atentados terroristas de 2001.
Biden dijo que la retirada comenzará el 1 de mayo. Eso está en línea con un acuerdo hecho con los talibanes durante el gobierno de Trump. Algunas tropas estadounidenses permanecerán en Afganistán para proteger a los diplomáticos de EE.UU., pero aún no se revela el número exacto de tropas restantes.
Los esfuerzos humanitarios y diplomáticos del país continuarán en Afganistán y EE.UU. continuará el apoyo a los esfuerzos de paz entre el gobierno afgano y los talibanes, dijo Biden.
El acuerdo nuclear
El presidente también concentra esfuerzos para salvar el acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán. Fue puesto en marcha en 2015 bajo el mandato del expresidente Barack Obama. Trump lo abandonó en 2018.
Estados Unidos e Irán reanudaron las conversaciones en Viena en abril. Aunque las delegaciones de ambos países no interactuaron directamente, sino que intercambiaron opiniones a través de funcionarios de las potencias mundiales que aún forman parte del acuerdo.
Sobre este tema, un funcionario del Departamento de Estado subrayó a principios de este mes que las conversaciones de Viena eran “solo el primer paso de esta primera fase de una posible vuelta” al acuerdo nuclear.
El tema de Rusia
Además de eso, el gobierno de Biden emitió amplias sanciones y expulsiones diplomáticas contra Rusia en respuesta a la interferencia de Moscú en las elecciones estadounidenses de 2020, su ciberataque a SolarWinds, y su continua ocupación y “graves abusos de derechos” en Crimea.
Estados Unidos señaló al Servicio de Inteligencia Exterior ruso como el grupo detrás del hackeo a SolarWinds. La Casa Blanca también dijo que expulsará a 10 diplomáticos rusos en Washington, incluidos “representantes de los servicios de inteligencia rusos”, por el hackeo y la intromisión en las elecciones.
El gobierno de Biden prohibió a las instituciones financieras estadounidenses participar en el mercado primario de bonos emitidos por el Banco Central de Rusia y otras instituciones financieras importantes.
Dos días antes de imponer las sanciones, Biden habló con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y le propuso celebrar una cumbre entre ambos países este mismo año.
Crisis climática
La semana pasada, Biden cumplió su promesa de organizar una cumbre mundial sobre el clima dentro de sus primeros 100 días de mandato. Durante el acto, se comprometió a que Estados Unidos reducirá para 2030 sus emisiones de gases de efecto invernadero. Dijo que la reducción sería entre un 50% y un 52% por debajo de sus niveles de emisiones de 2005.
Aunque estos objetivos forman parte del acuerdo climático de París, al que Biden se adhirió al asumir el cargo, no son vinculantes. El gobierno no ha presentado un plan sobre cómo los cumplirá Estados Unidos.
El amplio abanico de líderes que asistieron a la cumbre de dos días incluyó a varios aliados de Estados Unidos, como el presidente de Francia, Emmanuel Macron; y el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, así como a líderes con los que Biden prevé tener una relación más conflictiva, como Xi Jinping y Putin.
Mientras que algunos países reiteraron durante la cumbre que están trabajando para alcanzar sus objetivos climáticos previamente establecidos, otros, como Canadá y Corea del Sur, anunciaron que están aumentando sus objetivos.
Biden firmó un decreto en su primer día en el cargo para revertir la decisión de Trump de 2017 de retirarse de los acuerdos climáticos de París, el histórico convenio internacional defendido por Obama para limitar el calentamiento global. Estados Unidos fue el primer y único país que se retiró del acuerdo, con su salida oficial a finales de 2020.
Como parte del acuerdo global, al que Estados Unidos se reincorporó formalmente en febrero tras una revisión de 30 días, se espera que los países mejoren sus compromisos para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero cada cinco años.
Los objetivos de este pacto mundial son limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados y seguir los esfuerzos para limitarlo a 1,5 grados centígrados.
Justicia social y desigualdad
Biden inició su presidencia con el nombramiento del gabinete más diverso desde el punto de vista racial en la historia de EE.UU.
Se disolvió la comisión 1776 y se tomaron medidas para abordar la desigualdad económica racial, incluida la firma de órdenes ejecutivas que podrían ayudar a cerrar la brecha en la propiedad de vivienda entre las personas de color y los blancos; el refuerzo de la lucha contra la intolerancia a la que se enfrentan los estadounidenses de origen asiático; y la reducción de la angustia de las familias con parientes encarcelados.
Biden firmó en enero un decreto que deroga la prohibición del gobierno de Trump de que la mayoría de los estadounidenses transgénero se unan al ejército. El Pentágono dijo en marzo que sus políticas actualizadas, que facilitan a las personas transgénero alistarse y acceder a tratamiento médico mientras están en servicio, entran en vigor el 30 de abril. Los cambios también protegerán a las personas transgénero de la discriminación dentro de los servicios.
Biden condenó el racismo sistemático
Por otro lado, tras la condena de la semana pasada del exagente de policía de Minneapolis Derek Chauvin por el asesinato de George Floyd, Biden calificó el racismo sistemático como “una mancha en el alma de nuestra nación”.
Además, el presidente agregó que se sentía esperanzado por el veredicto del jurado, el testimonio de otros agentes de policía contra Chauvin a lo largo del juicio y la toma de conciencia colectiva sobre la realidad del racismo en todo el mundo que se ha producido desde la muerte de Floyd.
Una promesa a la que renunció
Sin embargo, su gobierno dijo en abril que renunciaría a una promesa de campaña de crear una comisión de vigilancia policial dirigida por la Casa Blanca y que, en cambio, seguiría adelante con los esfuerzos para aprobar la reforma policial por la vía legislativa.
“El gobierno de Biden-Harris apoya firmemente la Ley George Floyd de Justicia Policial y está trabajando con el Congreso para promulgar rápidamente una reforma policial significativa que aporte un cambio profundo y urgentemente necesario”, declaró la directora del Consejo de Política Interior, Susan Rice, en un comunicado.
Los siguientes pasos
El mes pasado, Biden presentó un plan de gran magnitud para mejorar la infraestructura del país y cambiar a una energía más ecológica.
La propuesta, de unos US$ 2 billones, que el Congreso tardará meses en estudiar, proporcionaría fondos para carreteras, puentes, trenes, banda ancha, aeropuertos, vías navegables y puertos.
Junto a ello, destinaría miles de millones de dólares a la fabricación, la reconversión laboral, la vivienda, las escuelas, los hospitales de veteranos y los edificios federales.
También daría US$ 400.000 millones para mejorar los servicios de atención a largo plazo para los ancianos y los discapacitados, así como a mejorar el salario de los trabajadores sanitarios a domicilio.
Para pagar el paquete de infraestructura, aumentaría una serie de impuestos a las empresas, incluido el incremento de la tasa corporativa al 28% desde el 21%, donde se quedó luego de los recortes de impuestos republicanos de 2017.
El presidente también revelará una inversión federal adicional de US$ 1,8 billones en educación, cuidado infantil y licencia familiar pagada durante su primer discurso ante el Congreso el miércoles.
La propuesta contempla la gratuidad de los colegios comunitarios durante dos años; la inversión en un programa preescolar universal para niños de 3 y 4 años; la concesión de permisos médicos y familiares remunerados; y la ayuda a las familias para que puedan costear el cuidado de sus hijos.
También ampliaría o haría permanentes las mejoras de varios créditos fiscales clave que figuraban en el proyecto de ley de rescate por covid-19.
Para pagar el plan, Biden subiría los impuestos a los ricos. En particular, revertiría una parte clave de los recortes de impuestos de 2017 de los republicanos, devolviendo la tasa marginal superior del impuesto sobre la renta al 39,6% para aquellos en el 1% de los que más ganan. La ley republicana lo había reducido al 37%.
El presidente también aumentaría la tasa impositiva sobre las ganancias de capital para los hogares que ganan más de US$ 1 millón al año.
Priscilla Álvarez, Nicole Chávez y Kevin Liptak, de CNN, contribuyeron a este informe.