(CNN Español) – Los familiares y allegados de varias víctimas en casos en los que se denuncian violaciones de derechos humanos en Venezuela, incluidos Fernando Albán, Juan Pablo Pernalete y Rafael Acosta Arévalo, reaccionaron con indignación ante las nuevas versiones de los hechos presentadas el viernes por el Ministerio público ante la Corte Penal Internacional. Afirman que desde el Gobierno “no pretenden brindar una verdadera justicia” y que buscan “meterle el cuento a los venezolanos de que están investigando”.
Si bien ahora las autoridades dicen por primera vez que sus seres queridos murieron a manos de funcionarios, los familiares no están conformes con el hecho de que solo se mencione la presunta responsabilidad de algunos individuos sin sospechar ni investigar las posibles vinculaciones con el aparato del Estado como parte de una política que consideran violatoria de los derechos civiles y humanos en el país.
El origen de la airada reacción está en el documento que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, difundió este fin de semana. Se trata del tercer informe presentado ante la Corte Penal Internacional con la versión oficial sobre las acciones del Estado venezolano en defensa de los derechos humanos.
La CPI investiga desde febrero de 2018 un informe preliminar de denuncias sobre presuntos delitos cometidos desde abril de 2017, cuando estalló una ola de protestas antigubernamentales. En diciembre de 2020, el organismo concluyó que “autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”.
FOTOS | Imágenes de la feroz represión en las marchas en Venezuela
El documento presentado por Saab a la CPI el 30 de abril contiene, entre otros, los resultados de las investigaciones por la muerte del dirigente del partido opositor Primero Justicia Fernando Albán, el joven manifestante Juan Pablo Pernalete y el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.
El fiscal ofreció información procesal sobre los casos requeridos y destacó el trabajo del gobierno en la “defensa de los Derechos Humanos”. Además solicitó a la Corte Penal Internacional una revisión de los que considera son compromisos concretos cumplidos.
Asimismo, ordenó procesar a varios funcionarios de seguridad sospechosos en casos que analiza este organismo internacional con sede en La Haya.
Según la Fiscalía General de la República, en los últimos 3 años y 8 meses han sido imputados 716 funcionarios de seguridad del Estado y 40 civiles por presuntas vulneraciones a los derechos humanos. Agrega que en ese mismo período fueron aprehendidos unos 540 funcionarios de distintos organismos y 31 particulares.
La CPI destaca en particular tres casos que causaron conmoción en Venezuela y condena la actuación de los cuerpos de seguridad.
La hipótesis preliminar sobre estos tres casos había sido cuestionada por las familias, abogados defensores, oposición y representantes de varias ONG defensoras de los Derechos Humanos, que elevaron los expedientes ante organismos internacionales.
Saab descarta tesis de suicidio en caso Albán
Uno de los casos referidos fue el del concejal Fernando Albán, quien murió 8 de octubre de 2018. El Ministerio Público había informado al inicio de la investigación que Albán se suicidó mientras se encontraba bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).
Según la versión oficial anterior, el dirigente político se había lanzado por una ventana desde el décimo piso del edificio del SEBIN.
Albán había sido detenido el 5 de octubre de 2018 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, acusado de participar en un atentado fallido con drones contra Nicolás Maduro registrado el 4 de agosto de ese año. Saab aseguró este sábado que se emitió una orden de aprehensión contra los dos funcionarios que lo custodiaban, quienes habrían incurrido en “homicidio culposo, agavillamiento y favorecimiento de fuga de detenido”.
A través de un comunicado, la familia de Albán calificó este sábado de “show mediático” las declaraciones, al tiempo que acusaron a Saab de “encubridor y cómplice”.
Los allegados de Albán agregan que el fiscal pretende “confundir a la opinión pública y engañar a la Corte Penal Internacional, haciendo creer que se está averiguando y enjuiciando los crímenes cometidos contra Fernando Albán y otras víctimas de la dictadura”.
Cuestionan la imputación del delito de “homicidio culposo”, argumentando que esto significa “sin intención” y consideran que lo que ocurrió fue “la consumación de la sistemática práctica del régimen de secuestrar, torturar y asesinar a disidentes políticos”.
Asimismo, creen que deberían sumarse los delitos de “desaparición forzosa, privación ilegítima de la libertad, tortura y homicidio calificado (ejecución extrajudicial)”, que solicita la familia desde diciembre de 2018.
También exigen que se investigue la cadena de mando, incluidos el director del SEBIN, Gustavo González López, y el entonces ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol.
El escrito de la familia destaca que elevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que “se aportaron elementos de convicción ante la Comisión independiente de determinación de hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas”.
Insisten en que las averiguaciones realizadas por dicha comisión permitieron que el caso del concejal Albán fuera incluido en su informe de septiembre de 2020, en el que “se determinó que el régimen de Maduro comete sistemáticamente Crímenes de Lesa Humanidad”.
Saab dice que Pernalete “fue impactado en el pecho por una bomba lacrimógena”
El 26 de abril fue el cuarto aniversario de la muerte del joven atleta Juan Pablo Pernalete de 20 años, ocurrida en las protestas antigubernamentales que se registraron entre abril y julio de 2017.
Según la versión del fiscal general, Pernalete recibió el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho que le causó la muerte. Agregó que “se logró la imputación de 12 funcionarios por el delito de homicidio preterintencional en grado de complicidad”.
En 2017, durante la época de las protestas, el entonces ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, aseguró que el estudiante había muerto por el impacto de una pistola de perno —un tipo de arma utilizada en la ganadería—. Villegas responsabilizó del crimen a otras personas que participaban en la manifestación.
Poco después, la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en una serie de declaraciones que ofreció cuando se distanció del Gobierno de Maduro el 24 de mayo de 2017, indicó que Pernalete fue impactado en el pecho, a la altura del corazón, por una bomba lacrimógena disparada por un guardia nacional y que estaban trabajando para definir responsabilidades.
Los padres de Pernalete, Elvira y José Gregorio, se pronunciaron este sábado a través de videos difundidos a los medios y en redes sociales, en los que aseguraron que “suman ya cuatro años de absurda impunidad”.
A su juicio, las nuevas imputaciones “no pretenden brindar una verdadera justicia pues las imputaciones no se ajustan a la verdad”. Denuncian que con las nuevas declaraciones “pretenden garantizar la impunidad de la cadena de mando”.
También consideran el delito de “complicidad correspectiva” no hace honor a la justicia pues consideran que la realidad es que su hijo fue víctima de la “acción sistemática del régimen”.
El caso Acosta Arévalo: “Homicidio intencional y tortura”
En relación con el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, Saab afirmó que “el 22 de octubre pasado se celebró una nueva audiencia de imputación contra los dos funcionarios implicados por “los delitos de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y tortura”. Destacó que el 13 de noviembre de 2020 fue presentada la acusación correspondiente. “Fue torturado y asesinado”, confirmó Saab.
El capitán Acosta Arévalo fue detenido el 21 de junio de 2019 en el marco de un supuesto plan para asesinar a Maduro y al diputado Diosdado Cabello, según informó el entonces ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.
De acuerdo con el relato de la defensa, una comisión de la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar (Dgcim) lo trasladó luego a la sede de los tribunales militares, donde, aseguran, llegó con signos de tortura.
Su defensa explicó a CNN que ante las condiciones en las que se encontraba fue trasladado al Hospital Militar de Caracas, donde falleció. La defensa aseguró que, dado que Acosta Arévalo estaba bajo custodia del Estado, el gobierno debía investigar y ofrecer explicaciones sobre lo ocurrido.
CNN contactó a los familiares del militar fallecido para conocer su reacción al cambio en la hipótesis del caso, pero todavía no hemos obtenido respuesta.
En un video difundido este domingo en las redes sociales, la abogada de la familia, Tamara Sujú, advierte que “no son esos cuatro soldados que Tarek William Saab acusa de estos casos”, a su juicio, “los culpables de la inducción, los culpables de la omisión de que los crímenes de lesa humanidad hayan ocurrido en Venezuela durante tantos años”. Considera que Saab “le está echando pintura a la pared, nombrando los casos y diciendo que se está investigando y que se está retrocediendo incluso en casos que ya tenían sentencia para volver a abrir una investigación y meterle el cuento a los venezolanos de que están investigando”.
Afirma que una de las interpretaciones que tiene en torno a la actuación del fiscal es que “tienen miedo porque la investigación está avanzando”, al referirse al caso en la CPI.