(CNN Español) – En República Dominicana, la justicia dispuso este lunes prisión preventiva de 18 meses contra el exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, Adán Cáceres Silvestre, y otras cinco personas, incluyendo una pastora evangélica y su hijo, por su presunta vinculación en un entramado de corrupción que desvió el equivalente a alrededor de US$ 52 millones de instituciones castrenses, según documentos depositados por el Ministerio Público.
El Ministerio Público los acusa de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y lavado de activos, entre otros delitos. Y ha señalado como cabellecillas al mayor general Adán Cáceres Silvestre y la pastora Rossy Guzmán Sánchez.
La decisión del lunes fue tomada por la jueza Kenya Romero del Juzgado de Atención Permanente Distrito Nacional
El presunto entramado militar, policial y religioso es acusado de desviar más de 3.000 millones de pesos a través de un complejo esquema que incluía la venta de especialismos.
El especialismo es un monto que se le asigna a los policías, adicional a sus sueldos, por el desempeño de algunos cargos. Ese dinero se paga mientras el agente está ejerciendo la función. Al momento del retiro, al policía se le suman los montos de los dos especialismos más altos que devengó durante su carrera a lo que le corresponde de pensión, explicó el vocero de Policía Nacional, Miguel Balbuena.
Además es acusado de pensiones dentro de los cuerpos castrenses, y del nombramiento de oficiales a cambio de un alto porcentaje de sus sueldos.
Del grupo de seis detenidos en el caso denominado “Operación Coral”, solo el mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien se convirtió en un testigo clave de la acusación tras declarar en contra de los demás imputados, fue enviado a cumplir arresto domiciliario en una dirección confidencial a fin de salvaguardar su integridad.
Durante su intervención en el conocimiento de la medida de coerción, Girón Jiménez explicó cómo supuestamente desarrollaban sus actividades delictivas en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), principalmente con el abultamiento de la nómina, así como sobre las operaciones que llevaban a cabo para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país.
De manera específica, Girón se refirió al papel dentro de la red que supuestamente ejercía el mayor general Cáceres Silvestre y La Pastora con maniobras que desarrollaban “a través del coronel policial Rafael Núñez de Aza”, dijo.
Girón describió los supuestos procedimientos fraudulentos que utilizaron los encartados en el expediente para adquirir bienes lujosos, incluyendo dos automóviles eléctricos, así como erogaciones de cientos de miles de pesos desde el Cusep a La Pastora disfrazados de supuestas contribuciones por cultos religiosos.
La abogada Elsa Trinidad Gutiérrez, defensora del exjefe de seguridad del expresidente Medina, el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, calificó la decisión de la jueza como arbitraria y alejada del derecho.
Durante el conocimiento de la medida de coerción, Cáceres Silvestre se defendió de los hechos insistiendo que es inocente y que su patrimonio es producto del ahorro.
En tanto, el abogado Félix Portes, defensor del coronel Rafael Núñez de Aza señalado por el Ministerio Público como el cerebro financiero del entramado, dijo que “se habla de que hay especialismos de cientos de militares y policías, cientos, y esos supuestamente le daban un porcentaje a nuestro representado. De los cientos de militares, en la medida en que es una cintilla probatoria, no presentaron uno solo” afirmó Portes.
De igual manera, el abogado Héctor López Rodríguez, de la pastora Rossy Guzmán y su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán, coronel de la Policía Nacional, también implicados en el caso, aseguró que no existen elementos de prueba para sostener que la pastora y su hijo son autores o cómplices de un ilícito penal.
José Alejandro Montero Cruz, otro de los presuntos miembros del entramado corrupto, se defendió de las acusaciones y afirmó que no tiene ningún tipo de vínculos con los otros imputados. Consideró que lo incluyeron en el expediente por ser inquilino en un apartamento de Adán Cáceres.
Por su lado, el Ministerio Público insistió en que las investigaciones continuarán sin importar quiénes sean los involucrados.
“Perseguiremos a todo el que el Ministerio Público encuentre evidencia de que se ha involucrado en sustraer fondos públicos”, afirmó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.
La jueza Romero ordenó que los altos mandos oficiales implicados en el presunto entramado sean enviados a cumplir la prisión preventiva a una cárcel ordinaria, como es el centro correccional de Najayo.
La Justicia dominicana ha declarado el caso como complejo. Según el artículo 370 del Código Procesal Penal del país, cuando un caso es declarado complejo, el Ministerio Público tiene un máximo de 16 meses para terminar su investigación y presentar acusaciones formales, si proceden.