(CNN) – La administración Biden planea coordinarse con organizaciones no gubernamentales para identificar a las familias migrantes vulnerables en México y permitirles ingresar a Estados Unidos, en lugar de rechazarlas bajo una política fronteriza de la era Trump, según una fuente familiarizada con las discusiones.
La administración se ha enfrentado a fuertes críticas por depender de una política de salud pública, conocida como Título 42, que se estableció bajo la administración Trump a principios de 2020, al inicio de la pandemia de coronavirus.
La política permite a los funcionarios fronterizos expulsar a los inmigrantes que se encuentran en la frontera entre Estados Unidos y México. Los defensores de los inmigrantes argumentan que estos han sido puestos en peligro, dejando a muchos, incluidos los que buscan asilo, en condiciones riesgosas en México. En algunos casos, las familias han optado por separarse de sus hijos, ya que los menores inmigrantes no acompañados no están sujetos a dicha política.
El jueves, la senadora demócrata Jacky Rosen, de Nevada, le dijo al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien defendió la política, que sigue “preocupada por la continuación del Título 42, esa política que la administración Trump usó para expulsar a los migrantes en todos los ámbitos”, incluidos los niños y las familias que intentan desesperadamente venir aquí para nuestro proceso de asilo”.
La medida de la administración parece diseñada para calmar esas preocupaciones al dirigirse a más familias que se consideran excepciones a la política. El último plan está comenzando a modo de prueba, dijo la fuente, y agregó que las familias serán sometidas a procedimientos de inmigración.
“Mientras Estados Unidos continúa haciendo cumplir la Orden de los CDC bajo su autoridad de salud pública del Título 42, estamos trabajando para simplificar un sistema para identificar y procesar legalmente a personas particularmente vulnerables que justifican excepciones humanitarias bajo la orden”, dijo Sarah Peck, una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.
“Este proceso de excepción humanitaria implica una estrecha coordinación con organizaciones internacionales y no gubernamentales en México y pruebas de covid-19 antes de que los identificados a través de este proceso puedan ingresar al país”, agregó.
La orden de salud pública sigue siendo objeto de litigio. Desde febrero, los demandantes en un caso relativo a familias sujetas a la orden han estado en negociaciones con el gobierno.
Se han hecho algunas excepciones a la política, incluida la exención diaria de 35 familias que son referidas por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles para ser admitidas en Estados Unidos.
“La orden del Título 42 siempre ha tenido una exención humanitaria para personas especialmente vulnerables y es fundamental que el proceso de exención funcione de manera eficiente a través del proceso de la ACLU y el nuevo consorcio de ONG globales”, dijo Lee Gelernt, abogado principal en el litigio sobre la orden de salud pública.
El enfoque es similar al adoptado por la administración a principios de este año para procesar a los inmigrantes que habían estado sujetos a la política de “permanecer en México”.
Esa política de la era de Trump obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer en México hasta su fecha para presentarse en una corte de inmigración en Estados Unidos.
La administración ha colaborado de manera similar con organizaciones internacionales para ayudar a identificar y procesar a miles de inmigrantes en Estados Unidos con casos activos bajo esa política.
A los inmigrantes procesados a través de ese programa se les hace una prueba del coronavirus antes de que se les permita ingresar a Estados Unidos.