Nota del editor: Humberto de la Calle fue, como ministro, el vocero del Gobierno de Colombia en la Asamblea Constitucional que expidió la Constitución de 1991. Presidió las deliberaciones que condujeron a la aprobación de la Carta Democrática Interamericana en la OEA. Fue elegido vicepresidente de Colombia y ha sido profesor universitario y autor de varios libros y ensayos. Presidió la delegación del Gobierno en las conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC. Los comentarios expresados en esta columna pertenecen exclusivamente al autor. Mira más en cnne.com/opinion
(CNN Español) – Después de negociar la paz para Colombia durante largos años en la Mesa de La Habana, “Jesús Santrich” traicionó el acuerdo, traicionó su movimiento y se traicionó a sí mismo. En efecto, su invitación a reemprender el camino de la guerra fue una manifestación anacrónica, contraria al interés nacional de Colombia y, ya de manera irrebatible, equivocada.
¿Cuáles fueron las razones para este cambio súbito? ¿Qué lo llevó a tomar de nuevo las armas en compañía de Iván Márquez, jefe de la delegación de las FARC en La Habana?
Nunca será fácil establecer las razones recónditas para que un ser humano dé un paso de esta naturaleza. Pero, más allá de la subjetividad de Santrich, basándonos exclusivamente en los acontecimientos que rodearon esa determinación, surgen dos hipótesis altamente probables. Por un lado, es cierto que durante la campaña presidencial de 2018, el actual presidente de Colombia, Iván Duque, se caracterizó por su oposición al Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
No pocas veces manifestó que en su plan de gobierno, estaba la idea de modificar unilateralmente lo acordado. En el caso de la Jurisdicción Especial de Paz, Duque no se limitó a los anuncios de campaña. En efecto, dos veces presentó objeciones a las normas que regularon su funcionamiento: una ante el propio Congreso que las había aprobado y otra, ante la Corte Constitucional. No es descabellado pensar que en la decisión de reiniciar la guerra, este hecho haya tenido incidencia.
La otra posibilidad, de signo totalmente opuesto, es que alguna verdad haya existido en las incriminaciones formuladas por la DEA sobre presuntas negociaciones de Santrich con narcotraficantes, cuya revelación haya precipitado una determinación que, en vez de la fanfarria retórica como un acto heroico, en verdad haya correspondido a una simple fuga provocada por la posibilidad de terminar siendo juzgado en tribunales estadounidenses.
En todo caso, sea de ello lo que fuere, varias lecciones pueden extraerse de este hecho.
En primer lugar, queda claro que la violencia no es el camino. Que la difícil construcción de una sociedad democrática no pasa por el uso de las armas. Y que el cumplimiento pleno del Acuerdo Final contiene claves que no se deben desechar para obtener una paz estable y duradera.
Por su lado, aunque no es un hallazgo nuevo, este acontecimiento corrobora las afirmaciones de Colombia sobre la presencia consentida de grupos ilegales en territorio venezolano. La paz en Colombia está ligada a la normalización de las relaciones en los dos países, lo cual de una u otra manera debe incluir el compromiso de Venezuela de romper todo vínculo con las distintas organizaciones ilegales.
En tercer término, igualmente parece indicar que, como se ha venido sosteniendo, el Gobierno y la Fuerza Armada de Venezuela ya no son simples convidados de piedra. La confrontación entre la antigua guerrilla (ELN) y grupos disidentes de las FARC, los habría obligado a tratar de controlar una situación explosiva. Para el Gobierno colombiano, la actuación de Nicolás Maduro va más allá: no solo ha emprendido una tarea de estabilización de las disidencias sino que ha intervenido a favor de la llamada Segunda Marquetalia -el grupo de Márquez y Santrich- bautizado así en recuerdo del territorio donde comenzaron operaciones las FARC y en contra de “Gentil Duarte”, quien, desde un principio, no ingresó a las negociaciones. El Gobierno de Maduro ha negado tener vínculo alguno con estos grupos.
En cuarto lugar, la muerte de Santrich priva a su organización de un vocero importante. En La Habana se distinguió por ser un articulador del discurso guerrillero. Ojalá sirva de incentivo para eliminar totalmente las armas en la política.
Por fin, sin importar cuál de las versiones de los Gobiernos sea auténtica, ya es inobjetable que hay un proceso de peligroso deterioro de la frontera colombo-venezolana: afectación severa de la población, salida masiva de venezolanos hacia Colombia, violación de derechos humanos y consolidación de una situación delincuencial y de inseguridad muy explosiva.
Los dos Gobiernos han ordenado la presencia abundante de tropas en ambos lados de la frontera. Es decir, todo un polvorín en potencia. Varias personalidades de ambos países solicitaron a la ONU la designación de un enviado especial para la frontera. Mañana puede ser tarde. Y si el polvorín estalla, sus efectos se sentirán en toda Latinoamérica y, no se puede descartar, en todo el orbe, dadas sus consecuencias geopolíticas.