(CNN) – El Gobierno de Trump solicitó y obtuvo en secreto registros telefónicos y del correo electrónico de una corresponsal de CNN correspondientes al año 2017. Se trata del caso más reciente en el que fiscales federales tomaron medidas agresivas contra periodistas en el marco de investigaciones de filtraciones.
El Departamento de Justicia informó en una carta del 13 de mayo a la corresponsal de CNN en el Pentágono, Barbara Starr, que los fiscales habían obtenido sus registros telefónicos y del correo electrónico de dos meses, entre el 1 de junio y el 31 de julio de 2017. La carta tenía una lista de los números telefónicos de la extensión de Starr en el Pentágono, el número de teléfono de la cabina de CNN en el Pentágono y el teléfono de su casa y móvil, así como las cuentas de correo electrónico personales y de trabajo de Starr.
No está claro cuándo se abrió la investigación —si fue cuando estaba como secretario de Justicia Jeff Sessions o William Barr— y qué buscaba la administración de Trump en los registros de Starr. El Departamento de Justicia confirmó que solicitó los registros a través de los tribunales el año pasado. Sin embargo, no proporcionó más explicaciones ni contexto.
Por otra parte, un funcionario del departamento confirmó que Starr nunca fue objetivo de ninguna investigación.
La incautación de los registros de Starr es la tercera divulgación en otras tantas semanas en las que la administración Trump utilizó a su Departamento de Justicia para obtener en secreto comunicaciones de periodistas o para exponer la identidad de los críticos de los aliados del expresidente Donald Trump.
“CNN condena enérgicamente la recopilación secreta de cualquier aspecto de la correspondencia de un periodista, que está claramente protegida por la Primera Enmienda”, dijo el presidente de CNN, Jeff Zucker. “Estamos solicitando una reunión inmediata con el Departamento de Justicia para obtener una explicación”.
Al Gobierno de Obama también se lo crítico por aplicar técnicas de mano dura en las investigaciones de filtraciones en las que había periodistas involucrados. Sin embargo, la administración de Trump persiguió agresivamente las investigaciones sobre filtraciones, que el expresidente criticaba de manera frecuente. Estas últimas revelaciones parecen mostrar que el Departamento de Justicia apunta a organizaciones de noticias y compañías de redes sociales particularmente aborrecidas por el expresidente.
Una política con antecedentes: otros registros de periodistas que obtuvo el Gobierno de Trump
Este mes le informaron a tres reporteros del Washington Post que cubrieron la investigación del FBI sobre Rusia que el año pasado el Departamento de Justicia había obtenido sus registros telefónicos de 2017. En 2018, el Departamento de Justicia reveló que también había obtenido comunicaciones telefónicas y por correo electrónico de 2017 de un reportero que escribía para Buzzfeed, Politico y el New York Times, quien había trabajado historias sobre Rusia.
La semana pasada, archivos judiciales revelaron que, cuando Barr estaba al mando, el Departamento de Justicia también citó a Twitter a fines de noviembre de 2020 para tratar de saber la identidad del usuario que estaba tras una cuenta de parodia que criticaba al representante Devin Nunes, un republicano de California aliado incondicional de Trump. Twitter sugirió que esto fue parte de un esfuerzo para intentar desenmascarar a los críticos de Nunes.
La respuesta de la administración de Biden
Anthony Coley, director de asuntos públicos del departamento y asesor sénior del secretario de Justicia, Merrick Garland, dijo en un comunicado a CNN que la decisión de ir por el camino legal para obtener las comunicaciones de Starr se aprobó en 2020, durante la administración de Trump.
“La dirección del Departamento se reunirá pronto con los reporteros para escuchar sus preocupaciones sobre las notificaciones recientes y seguir transmitiendo el firme apoyo y compromiso del secretario Garland con una prensa libre e independiente”, dijo Coley.
Barr no respondió a una solicitud de comentarios.
Activistas por la libertad de expresión y la transparencia gubernamental advierten que la incautación de registros de periodistas tiene un impacto paralizador en la recopilación de noticias y desalienta a los denunciantes a informar sobre irregularidades del Gobierno.
“Hemos visto dos veces en la administración anterior que hacia el final del mandato utilizaron esta ruta para inmiscuirse en el corazón mismo de la recopilación de noticias”, dijo Bruce Brown, director ejecutivo del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa.
“Es profundamente desconcertante y el nuevo equipo del Departamento de Justicia tiene el imperativo de explicar muy rápidamente a estas salas de redacción, y a los defensores de la libertad de prensa, qué sucedió y cómo sucedió, y por qué sucedió y lo que pueden hacer para asegurar que no suceda de nuevo en esta administración y en administraciones futuras”.
El Departamento de Justicia dijo informó a Starr en la carta que había obtenido “registros de llamadas” telefónicas, que incluirían las llamadas realizadas desde y hacia los teléfonos a los que apuntaron y su duración. La carta decía que el Departamento de Justicia había recibido “información sin contenido” de las cuentas de correo electrónico de Starr. Esto significa que la información incluye el destinatario, el remitente, la fecha y la hora, pero no el contenido de los correos electrónicos.
El Departamento de Justicia no dijo por qué querían las comunicaciones de Starr. Durante el período de dos meses que figura en la carta, Starr informó sobre las opciones militares de Estados Unidos en Corea del Norte que estaban listas para que le presentaran a Afganistán. También elaboró historias sobre Siria y Afganistán.
¿Qué es lo que puede hacer —y lo que no— el Departamento de Justicia?
De acuerdo a las regulaciones del Departamento de Justicia, pueden obtener los registros de periodistas de manera secreta a través de una orden judicial.
Durante el Gobierno de Obama, el departamento presentó pautas revisadas y ligeramente más estrictas para emitir citaciones a los medios. Además estableció que el secretario de Justicia tenía que autorizar las citaciones cuando estuvieran relacionadas con el trabajo de recopilación de noticias de los periodistas.
No obstante, la política todavía le da al secretario y otros funcionarios de alto rango un margen de maniobra amplio para ir tras las comunicaciones de periodistas y mantener el asunto en secreto inicialmente.
En algunos casos, a los miembros de los medios de comunicación se los notifica antes de que se emita una citación, lo que le da a la organización de noticias la posibilidad de luchar contra la citación en la corte. Sin embargo, pueden obtener las comunicaciones sin su conocimiento a través de los tribunales si el secretario firma y el Departamento de Justicia determina que el caso cae bajo la categoría de “medidas extraordinarias”, por ejemplo cuando podría haber daños a la seguridad nacional, y después de que se hayan hecho todos los intentos razonables para obtener la información en otros sitios.
“El DOJ estableció por escrito estas pautas y niveles de aprobación que parecen bastante estrictos”, dijo Elie Honig, analista legal de CNN. “Sin embargo, queda total y exclusivamente a discreción del DOJ solicitar que se emita una citación”.
El alcance de estas citaciones a menudo puede ser demasiado amplio, dijo Honig, y les permite obtener registros que en gran medida pueden no estar vinculados a su actividad periodística.
De alguna manera, el proceso es similar a la manera en que los investigadores federales pueden obtener comunicaciones de manera secreta bajo la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera.
En última instancia a los periodistas se les debe notificar que obtuvieron sus registros. Pero los plazos son variables, ya que las pautas exigen que el aviso se produzca después de que ya no haya una amenaza para la investigación o seguridad nacional, o no más de 90 días después del momento en que el Gobierno recibió la información.
La actitud de Trump frente a las filtraciones
Desde que asumió el cargo, Trump se enfureció por las filtraciones dentro del Gobierno, que comenzaron con una historia del Washington Post de enero de 2017 que reveló que el primer asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, había discutido las sanciones con el embajador ruso en Estados Unidos.
En julio de 2017, Trump regañó al entonces secretario de Justicia, Jeff Sessions, para que tomara medidas enérgicas contra las filtraciones de las agencias de inteligencia. Al mes siguiente, Sessions anunció que el Departamento de Justicia estaba revisando las políticas sobre las citaciones a medios.
En noviembre de 2017, Sessions anunció que el Departamento de Justicia había abierto 27 investigaciones por filtraciones. El Departamento de Justicia de Trump acusó a varios funcionarios por filtrar información, incluido el contratista federal Reality Winner en 2017, un funcionario del Departamento del Tesoro en 2018 y un analista antiterrorista de la Agencia de Inteligencia de Defensa en 2019.