(CNN Business) – El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha dado un golpe a las grandes tecnológicas este lunes al firmar un proyecto de ley estatal muy controvertido que tiene como objetivo regular cómo las plataformas digitales moderan el contenido en línea.
La legislación marca uno de los mayores pasos hasta ahora por un gobernador republicano para actuar sobre las denuncias de censura en línea a manos de empresas como Facebook, Google y Twitter.
Pero los críticos de la industria tecnológica dicen que la legislación es inconstitucional, preparando el terreno para una batalla judicial sobre dicha ley.
En declaraciones públicas, el lunes, DeSantis culpó a un “consejo de censores” en Silicon Valley por acallar el debate sobre las cuarentenas por el covid-19 y los orígenes de la enfermedad.
“Yo diría que esos confinamientos han arruinado la vida de millones de personas en todo el país”, dijo DeSantis. “¿No habría sido bueno tener un debate completo sobre eso en nuestra plaza pública? Pero eso no era lo que Silicon Valley quería hacer”.
El proyecto de ley que firmó DeSantis prohíbe a las plataformas tecnológicas suspender o prohibir a los candidatos políticos en el estado, con posibles multas de US$ 250.000 por día si el candidato al que le quiten la plataforma está nominado a un cargo estatal y US$ 25.000 por día si está nominado a un cargo local.
La legislación también otorga a los residentes de Florida la capacidad de demandar a las empresas tecnológicas por desactivar el uso de sus plataformas. También se han considerado proyectos de ley similares en estados como Arkansas, Kentucky, Oklahoma y Utah.
El proyecto de ley de Florida llega en un momento en el que los legisladores de Estados Unidos han propuesto cambios significativos en la ley federal que da a las plataformas tecnológicas el margen de maniobra legal para curar sus plataformas sin ser demandadas. La ley federal, la Sección 230 de la Ley de Comunicaciones de 1934, ha sido atacada por los demócratas que argumentan que las plataformas se benefician de las protecciones de inmunidad de la ley sin hacer lo suficiente para frenar el contenido ofensivo, mientras que los republicanos argumentan que las plataformas restringen demasiado contenido.
Funcionarios de la industria tecnológica han negado repetidamente haber bloqueado o eliminado contenidos por motivos de ideología política. Muchas plataformas tecnológicas tienen políticas que prohíben la difusión de información errónea o falsa sobre las elecciones de 2020, y algunos republicanos de alto perfil, como el expresidente Donald Trump, han incumplido esas políticas, lo que ha provocado su suspensión de las principales plataformas digitales.
La legislación de Florida obligará a las plataformas tecnológicas a dar un paso atrás en la moderación de sus sitios debido a la amenaza de litigio por parte de “cualquier usuario de Internet, desde extremistas extranjeros hasta trolls de Internet descontentos”, dijo la Asociación de la Industria de la Computación y las Comunicaciones (CCIA, por sus siglas en inglés) un grupo comercial de tecnología.
El presidente de la CCIA, Matt Schruers, escribió en un artículo de opinión para el diario Orlando Sentinel que seguramente habrá demandas: “Los contribuyentes de Florida también acabarán pagando su parte en el costo de hacer cumplir las nuevas regulaciones, y por los inevitables desafíos legales que vendrán junto con el esfuerzo de la legislatura para adoptar una ley con evidentes desafíos constitucionales”.
La CCIA también ha expresado su preocupación por una disposición muy controvertida del proyecto de ley que exime a los sitios web de los operadores de parques temáticos, lo que algunos críticos han interpretado como una exención especial para Disney. (Comcast, propietaria de NBCUniversal y operadora del parque temático Universal Orlando, también parece estar cubierta por la exención).
Las dudas sobre la constitucionalidad del proyecto de ley se basan en casos de la Primera Enmienda que prohíben al Gobierno obligar a las entidades privadas a expresarse.
“La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, respaldada por la Sección 230, deja muy claro que los estados no tienen poder para obligar a las empresas privadas a albergar discursos, especialmente de los políticos”, dijo el senador demócrata de Oregon, Ron Wyden, coautor de la Sección 230, en una declaración con respecto a la firma del proyecto de ley de Florida.