(CNN Español) – Las autoridades federales estadounidenses arrestaron a Sergio Rodrigo Méndez, quien fuera el jefe de despacho del ministro de Gobierno de Bolivia Arturo Murillo, durante la presidencia interina de Jeanine Áñez.
Los fiscales aseguran que Méndez, detenido el 21 de mayo en Naples, Florida, recibió US$ 582.000 en sobornos para favorecer a una empresa con sede en el estado para obtener un contrato por US$ 5.649.137 millones y suministrar gases lacrimógenos y equipos no letales al gobierno, según documentos judiciales a los que tuvo acceso CNN este martes.
El exfuncionario está acusado de conspirar para cometer lavado de dinero en hechos que se habrían desarrollado entre noviembre de 2019 y abril de 2020.
Junto a Méndez, quien se desempeñó como funcionario del gobierno interino de Bolivia entre 2019 y 2020, también se acusa del mismo delito a tres ciudadanos estadounidenses.
El documento también menciona a dos coconspiradores, identificados como ciudadanos bolivianos y explica que uno era un “alto funcionario en el Ministerio de Gobierno” y el otro, funcionario del Ministerio de Defensa.
Hasta este miércoles se desconoce si Méndez sigue detenido y cómo se declara ante las acusaciones. En los registros judiciales consultados por CNN no aparece abogado defensor alguno. El Departamento de Justicia aún no contesta a la petición de información enviada por CNN este miércoles.
En Bolivia, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional dijo este martes en un comunicado que solicitará al Ministerio Público que amplíe la investigación por el caso y que se concentrará en la presunta participación del “exministro de Gobierno, ahora prófugo de la justicia, Arturo Murillo Prijic y el exministro de Defensa, Luis Fernando López Julio, también evadido fuera del país”.
El Gobierno informó en enero que las auditorías al Ministerio de Gobierno detectaron sobreprecios y “hechos de corrupción” en la adquisición de los insumos. Murillo y López resultaron involucrados.
La Fiscalía informó que los exministros afirman contar con pruebas para “poder sustentar que el trámite o la adquisición habría cumplido con los parámetros, requisitos, que necesitaba”, según medios de comunicación locales.
Hasta este miércoles CNN no ha podido contactarlos y tampoco se habían pronunciado públicamente en redes sociales.
“Esta cartera de Estado usará todos los recursos que la ley le otorga para impulsar los procesos penales por este y otros casos de corrupción”, detalla el comunicado del Ministerio de Justicia.