(CNN) – Los gobiernos de Argentina y México informaron este lunes que instruyeron a sus embajadores en Nicaragua a trasladarse a sus respectivas capitales. El objetivo es realizar consultas sobre las “preocupantes” acciones que ha realizado el gobierno del país centroamericano en los últimos días.
Estas, según el comunicado conjunto, pusieron en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición. Entre ellas, cinco aspirantes a la presidencia, activistas y empresarios.
“Argentina y México se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos relacionados con la hermana República de Nicaragua. Seguirán promoviendo inequívocamente el pleno respeto y promoción de los derechos humanos, las libertades civiles, políticas y de expresión de toda persona, con independencia de su nacionalidad y/o profesión”, señalaron.
Ambos países hablaron de su disposición “plena” para colaborar en la promoción del diálogo para que los ciudadanos superen esta situación pacíficamente, respetando el estado de derecho y los derechos humanos.
CNN está buscando comentarios del gobierno de Nicaragua al respecto.
La semana pasada, ambos países se abstuvieron de votar una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA). En ella, se pidió la liberación de los aspirantes a la presidencia y condenó las acciones del gobierno de Daniel Ortega.
La situación en Nicaragua
A cinco meses de las elecciones presidenciales en Nicaragua, la justicia del país centroamericano ha detenido a más de una docena opositores y precandidatos a los que acusa de cometer presuntamente actos que atentan contra la soberanía nacional. Esa situación plantea serias dudas sobre la legitimidad de los comicios y generando reacciones internacionales.
La mayoría fueron arrestados en el marco de la controversial Ley 1055, aprobada en diciembre de 2020 por la Asamblea Nacional. La norma busca presuntamente la “defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”.
Los precandidatos presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro; los dirigentes opositores José Pallais, José Adán Aguerri y Violeta Granera; el director de Banpro Grupo Promerica Luis Alberto Rivas Anduray; los exguerrilleros sandinistas Dora María Téllez Argüello, Hugo Torres Jiménez y Víctor Hugo Tinoco y las activistas Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil Guardián y Suyen Barahona.
Además, la precandidata presidencial Cristiana Chamorro fue acusada por el Ministerio Público por presunta «gestión abusiva» y lavado de dinero durante su gestión frente a la Fundación Violeta Barrios y puesta bajo arresto domiciliario.
De acuerdo con el comunicado policial, a Mora Barberena lo investigan por supuestos “actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación”. También por “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares”.