(CNN Español) – Varias zonas del suroeste de Caracas se convirtieron hace una semana en escenarios de un tiroteo que duró tres días. Primero, entre bandas criminales y luego entre los delincuentes y distintos cuerpos de seguridad, entre ellos la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional e incluso el Ejército.
Los choques dejaron al menos 26 muertos y 28 heridos, según el Ministerio de Interior, Justicia y Paz.
Una semana después, un equipo de CNN se trasladó hasta las parroquias capitalinas de La Vega y El Cementerio para conversar con algunos de los vecinos que sufrieron la peor cara de la violencia.
Una transitada vía principal y varios comercios abiertos dan cuenta de cómo los habitantes de La Vega intentan retomar la normalidad. El tiroteo comenzó el miércoles 7 de julio y se extendió hasta el viernes 9, cuando se desplegó un operativo de seguridad en la zona.
Las autoridades llegaron incluso a ofrecer una recompensa por información que conduzca hasta los miembros de la banda liderada por Carlos Luis Revete, alias “Koki”, supuestos responsables de los intensos tiroteps, según informó el Ministerio de Comunicación e Información en su cuenta de Twitter.
Las recompensas oscilan entre US$ 20.000 y US$ 500.000 y es la primera vez que el cuestionado gobierno de Nicolás Maduro identifica a Revete como el líder de una estructura criminal que controla la Cota 905, un sector popular del oeste de Caracas, y que ejerce influencia en barriadas y urbanizaciones cercanas como La Vega, El Paraíso, El Cementerio o Quinta Crespo.
En La Vega se instalaron al menos una docena de retenes policiales para mantener el control de la zona, dijo la ministra de Relaciones Interiores y Justicia, Carmen Meléndez.
En el caso de la Cota 905, el acceso sigue restringido y las vías de entrada y salida están custodiadas por los cuerpos de seguridad. Hay presencia policial incluso durante horas de la noche, según testimonios de los vecinos.
Los comercios están trabajando con normalidad y ya no se ven las balas en el suelo como días atrás, pues fueron retiradas por los funcionarios y en algunos casos, hasta por los vecinos.
Nelson Garcés cuenta que desde hace más de 12 años tiene una taller de motos en La Vega y que la inseguridad ha afectado su negocio, porque muchos clientes ahora tienen miedo de entrar a la zona. Dice que su local recibió un impacto de bala producto de un rebote. Además, recuerda que también a unos metros del establecimiento una persona murió tras recibir un disparo.
Para Garcés, estos hechos forman parte de la rutina, tanto que, ante la pregunta de si esos enfrentamientos se producían con frecuencia, respondió que podía pasar una semana sin escuchar el sonido de las balas.
Contó que la violencia se incrementa durante las semanas de “cuarentena radical”, en las que existen restricciones de circulación implementadas por el gobierno debido a la pandemia. El cuestionado gobierno de Nicolás Maduro implementó un sistema mediante el cual una semana se permite el tránsito y la activación de todos los sectores comerciales y la siguiente sólo se permite el funcionamiento de los sectores prioritarios. La medida buscar controlar los contagios como parte de su política para combatir el covid-19.
Al referirse a la violencia en la que viven, Garcés, quien también es abogado, dice que incluso los funcionarios de seguridad no ingresaban a la zona porque los delincuentes “apenas los veían les disparaban”. Para él la zozobra era permanente y afirma que “si subías caminando ibas a ver a los delincuentes por ahí”.
Las autoridades han reconocido que tuvieron que actuar para retomar el control de zonas en poder de la delincuencia al momento de desplegar el operativo de seguridad para combatir las bandas.
Hay huellas de balas en las paredes, ventanas y puertas de los lugares recorridos, pero las huellas son aún más profundas en la memoria de quienes, sin ser parte directa del conflicto, tuvieron que resguardarse en sus casas para proteger sus vidas.
Tras lo vivido, Edwin Ramírez no duda en hacer un llamado: “Queremos paz, no queremos vivir en esta zozobra, que esto se calme, que por favor depongan las armas porque de verdad que hay gente inocente que murió sin necesidad, gente que le entró la bala estando en su apartamento y perdió la vida por esa razón”.
El caos no solo afectó directamente a quienes viven en la zona; también a los sectores aledaños donde reside Irwing González desde hace 20 años. Ella es vecina de la urbanización El Paraíso, ubicada cerca de la Cota 905, del Comando de la Guardia Nacional y de una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), que fueron atacadas por los grupos armados, según informó la ministra Meléndez.
Desde la ventana de su departamento, la profesora universitaria puede ver las zonas populares y las sedes de los organismos de seguridad, al igual que otros sitios donde también hubo disparos. Ese día se resguardó con su esposo, su madre y sus dos hijos en el medio de la sala. Su idea era mantenerse lejos de las ventanas y con al menos dos paredes de por medio porque se sentían en la línea de fuego.
Para ella fueron horas de angustia y miedo, pues dice que nunca había escuchado un tiroteo tan incesante, a pesar de que las balaceras son cada vez más frecuentes en la zona. Afirma que apenas hubo algunas pausas de 30 minutos durante tres días y dos noches.
“Aquí estamos viviendo una situación de guerra sin que nadie asuma públicamente que estamos en guerra. Primera vez, desde que tengo memoria, que yo siento miedo de estar en mi propia casa”, expresa González, quien dice que vivió más de 70 horas entre balas y lágrimas.
González describe lo vivido como una situación de mucha angustia pues asegura que “no nada más se escuchaban detonaciones, escuchabas explosiones; había momentos en los que escuchabas los cristales romperse. Cuando comenzamos a sentir los cristales era para ponernos en el medio de la sala, nos pusimos en el pasillo, que era el sitio más lejano a la ventana que había paredes de por medio, no nos quedó otra”.
En algunas zonas como La Vega, los vecinos sufrieron también la interrupción del servicio eléctrico como parte del plan de los cuerpos de seguridad en medio del combate con los grupos armados.
Según cifras del Ministerio de Interior y Justicia 22 supuestos delincuentes y 4 funcionarios de seguridad murieron y 28 personas resultaron heridas. Las autoridades no ofrecieron una cifra de vecinos muertos en medio de los choques.
Sin embargo, según Monitor de Víctimas, una iniciativa del medio digital Runrunes y la ONG Caracas Mi Convive, de los 23 fallecidos identificados, cuatro pertenecen a las bandas, cuatro son policías y 15 son víctimas de balas perdidas o de ejecuciones extrajudiciales.