Nota del editor: Elie Honig es analista legal senior de CNN y ex fiscal federal y estatal y autor de “Hatchet Man: Cómo Bill Barr rompió el código del secretario de Justicia y corrompió al Departamento”. Las opiniones expresadas aquí son suyas. Ver más opiniones aquí.
(CNN) – Cuando el juez federal Andrew Hanen dictaminó el viernes que el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) es inconstitucional, puso en duda el futuro de la iniciativa de la era Obama que protege de la deportación a los inmigrantes indocumentados que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños.
El futuro de DACA ahora depende de los tribunales de apelaciones federales. Y el panorama legal no es prometedor para la supervivencia del programa, a menos que el Congreso intervenga para rescatarlo.
Si DACA, creado a través de la acción ejecutiva por el entonces presidente Barack Obama en 2012, cae, el resultado será potencialmente catastrófico para cientos de miles de jóvenes beneficiarios inocentes, comúnmente conocidos como “dreamers”. DACA protege a unos 700.000 inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos antes de los 16 años.
Sin las protecciones de DACA, estos jóvenes estarán sujetos a deportación, incluso si no han cometido ningún delito y no han hecho nada malo. Incluso el expresidente Donald Trump, cuya administración intentó derogar DACA, sin éxito, ha descrito a los protegidos por DACA como “jóvenes buenos, educados y consumados”.
El fallo de la Corte a favor del DACA puede cambiar
El año pasado, DACA sobrevivió a un desafío legal existencial. Fue cuando la Corte Suprema, por una mayoría de cinco a cuatro, rechazó el esfuerzo de la administración Trump de derogar la acción ejecutiva que creó el programa.
La Corte dictaminó que, si bien un presidente generalmente tiene amplia autoridad para modificar o derogar las acciones ejecutivas de un presidente anterior, dicha acción aún debe cumplir con ciertos procedimientos administrativos. La Corte encontró que la administración Trump no siguió estas pautas porque nunca ofreció una “explicación razonada de su acción”.
Pero la opinión de la Corte Suprema de 2020 debería brindar poco consuelo a quienes confían en las protecciones de DACA. Primero, el fallo de la semana pasada debe pasar por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito intermedio, que es uno de los tribunales de apelaciones federales más conservadores (posiblemente el más conservador) del país.
Si el Quinto Circuito confirma la decisión de la semana pasada de anular DACA y la Corte Suprema se niega a escuchar el caso (y la Corte se niega a escuchar muchos más casos de los que acepta), entonces DACA está perdido.
En segundo lugar, el caso de 2020 presentó un problema legal diferente. Ese caso involucró la autoridad de un presidente para deshacer la acción ejecutiva de un predecesor. El nuevo caso, en tanto, involucra la constitucionalidad subyacente de la propia DACA. El juez Hanen dictaminó que DACA es inconstitucional porque fue creado por acción ejecutiva en lugar de legislación.
En tercer lugar, desde la opinión de 2020 que (apenas) mantuvo DACA, la jueza Ruth Bader Ginsburg ha sido reemplazada por la jueza Amy Coney Barrett. En la decisión de 2020, Ginsburg se puso del lado de los otros tres jueces liberales más el presidente del Tribunal Supremo John Roberts. Si Barrett se queda con sus colegas conservadores en el banco, la victoria 5-4 del año pasado para DACA se convertiría en una derrota 5-4.
La opción del Congreso
Pero no todo está perdido para DACA, todavía. El Congreso tiene el poder de intervenir y salvar el programa al aprobar una legislación que lo codifica como ley federal. El presidente Joe Biden calificó la decisión del viernes de “profundamente decepcionante”. Y los compañeros demócratas de Biden tienen mayorías tanto en el Senado como en la Cámara.
Pero la verdadera pregunta es si los demócratas están dispuestos a actuar para igualar la retórica de su partido. Una cosa es denunciar el posible fin de DACA en los recortes de prensa, pero otra es ejercer la voluntad política necesaria para salvarlo. No está claro si los demócratas están dispuestos a actuar, hasta incluso limitar o poner fin al obstruccionismo. Eso requeriría al menos 60 votos, los 50 demócratas más al menos 10 republicanos, para aprobar la legislación.
Ahora, tus preguntas:
Fran (Arizona): ¿Puede el Departamento de Justicia intervenir y poner fin a la llamada “auditoría” de los votos emitidos en Arizona en las elecciones de 2020?
El Departamento de Justicia ha notificado a las autoridades de Arizona que tiene conocimiento de la supuesta “auditoría” y que supervisará posibles violaciones de la ley federal. Específicamente, el DOJ advirtió a los funcionarios de Arizona sobre la posible intimidación y represión de los votantes. También sobre posibles violaciones de la ley federal que requieren que los funcionarios estatales y locales mantengan la custodia de las boletas durante 22 meses después de una elección. Hasta la fecha, la disputa no ha llegado a un punto crítico. Pero, si es necesario, el Departamento de Justicia podría acudir a los tribunales para buscar limitar o cerrar la “auditoría” de Arizona en curso.
Alberto (Florida): Si los fiscales no pueden lograr que nadie dentro de la Organización Trump coopere, ¿aún pueden presentar cargos contra Donald Trump?
Soy escéptico sobre si los fiscales de Nueva York pueden desarrollar pruebas suficientes para acusar al expresidente Trump sin la cooperación de los miembros de la Organización Trump. Hasta ahora, los esfuerzos de los fiscales para cambiar al director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, y al director de operaciones, Matthew Calamari, no han tenido éxito. Eso podría cambiar; he visto a muchas personas cooperar más adelante en el proceso, particularmente después de ser acusadas o condenadas. Pero por el momento, parece que los fiscales no cuentan con la cooperación de estos informantes.
Ten en cuenta que no es suficiente que los fiscales argumenten que ocurrió un fraude dentro de la Organización Trump, por lo tanto, los jefes deben ser responsables. Eso podría ser lógico, e incluso podría ser cierto, pero los fiscales deben poder probar específicamente y más allá de toda duda razonable que una persona conocía y participó en un plan criminal.
A menos que los fiscales tengan pruebas contundentes que no conocemos actualmente (un correo electrónico, un mensaje de texto o una grabación incriminatoria, por ejemplo), necesitarán un colaborador bien posicionado para proporcionar las pruebas necesarias.