Nota del editor: Anamely Ramos es curadora de arte, estudiante de Antropología, ex Presa de Conciencia de Amnistía Internacional e integrante del Movimiento San Isidro de Cuba. Elina Castillo Jiménez es abogada especialista en derecho internacional público y derechos humanos y encargada de campañas para el Caribe de Amnistía Internacional. Las opiniones aquí expresadas son exclusivamente suyas.
(CNN Español) – El 11 de julio, miles de personas salieron a manifestarse de forma pacífica en las calles de La Habana y otras partes de Cuba. Marcharon en la para reclamar por sus derechos postergados por décadas y por una vida digna. Los gritos más recurrentes fueron “Libertad” y “Patria y Vida”.
Ante estas protestas históricas, el gobierno cubano se valió de la represión para silenciar la disidencia. Las autoridades cubanas desplegaron a fuerzas de seguridad para golpear y detener a quienes ejercían pacíficamente su derecho a la libertad de expresión. Varias personas, entre ellas periodistas independientes, denuncian que la Policía mantienen vigiladas sus casas, 24 horas al día, tal como ocurrió en noviembre de 2020.
Cientos de personas han sido detenidas, incluyendo a defensores de derechos humanos de alto perfil en el país, como Luis Manuel Otero, del Movimiento San Isidro, Berta Soler, de las Damas de Blanco, y José Daniel Ferrer. Según denuncias que ha recibido Amnistía Internacional, muchas familias desconocen hoy en día el paradero y la situación de sus seres queridos detenidos en el contexto de las protestas, lo que podría constituir casos de desapariciones forzadas de personas, un crimen de derecho internacional. El Gobierno cubano ha negado que haya desaparecidos tras las manifestaciones.
No obstante, las autoridades cubanas insisten en hacer pasar la violencia ejercida por agentes estatales por un conflicto ideológico. La realidad es otra: un asimétrico conflicto entre un pueblo pacífico y sus autoridades que silencian y reprimen toda voz alternativa.
La sociedad civil cubana ha intentado por todas las vías posibles un entendimiento no violento. No solo no ha sido escuchada, sino que ha sido reprimida sistemáticamente. Según la organización Prisoners Defenders, hay más de 150 personas detenidas por razones políticas, hasta el 1 de julio. El Gobierno cubano no ha dado cifras de detenidos.
En parte, estas protestas y otras formas recientes de expresar el descontento social han sido catalizadas por la apertura del acceso al internet en Cuba. Sin embargo, este acceso es estrictamente controlado por las autoridades cubanas, que pretenden ampliar al espacio digital la misma red de control que tienen desde hace décadas, sobre lo que se dice y se comparte en el país. Durante las protestas, hubo cortes de internet. Redes sociales como Facebook, WhatsApp e Instagram fueron interrumpidos en Cuba desde el 12 de julio. Esta no es la primera vez que las autoridades cubanas extienden su política de censura al internet.
Al igual que lo que hemos visto en otros países de las Américas en tiempos recientes, estas protestas históricas podrían haberse desencadenado por la actual situación económica del país, que también tiene un impacto en el disfrute pleno de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas en Cuba. Desde 2019, la población se enfrenta a la escasez de alimentos, medicinas y combustible.
Esta situación parece haberse intensificado durante 2020, principalmente debido al covid-19, que ha exacerbado los problemas preexistentes en toda la región. El colapso de los hospitales y la crisis de desabastecimiento de hace varios meses, unida a medidas económicas como la creación de tiendas de dólares y el cambio de moneda en medio de una pandemia, fueron catalizadores de las protestas. Las autoridades cubanas han atribuido la actual situación económica al embargo impuesto por Estados Unidos desde hace décadas.
Si bien el embargo obstaculiza o limita la posibilidad de asistencia, como Amnistía Internacional ha denunciado constantemente y como lo han destacado expertos de las Naciones Unidas y otros en el pasado, no se puede perder de vista que no es este embargo quien ha tomado el garrote para reprimir las voces de quienes protestan.
Ese ha sido el Gobierno cubano. De hecho, el presidente Miguel Díaz-Canel y altos funcionarios gubernamentales han utilizado una narrativa estigmatizante, criminalizadora y divisiva para pretender tergiversar la realidad: que las personas claman por un cambio y que sus autoridades deben respetar los derechos humanos de todos los cubanos y cubanas.
No solo se está jugando hoy la integridad física del pueblo cubano, sino también su futuro.
La gente está luchando para que las autoridades paren la represión, liberen a quienes han detenido arbitrariamente, y reestablezcan el internet. Pero más allá de eso, está luchando por construir una sociedad libre donde los derechos de todas las personas se respeten.