(CNN) – Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) emitieron este martes una nueva orden que detiene temporalmente los desalojos en algunos condados, argumentando que desalojar a las personas podría ser perjudicial para la salud pública e interferiría con los esfuerzos para frenar la pandemia.

La nueva moratoria surge después de que el presidente Joe Biden y su administración permitieran que expirara una moratoria anterior, lo que provocó furia entre los miembros de su propio partido.

La nueva prohibición de desalojos se aplica a las áreas del país con transmisión alta o sustancial de covid-19 y durará hasta el 3 de octubre, según el anuncio.

“En el contexto de una pandemia, la moratoria del desalojo —como la cuarentena, el aislamiento y el distanciamiento físico— puede ser una medida eficaz de salud pública utilizada para prevenir la propagación de enfermedades transmisibles. La moratoria de desalojo facilita el autoaislamiento y la auto cuarentena de las personas que se enferman o corren el riesgo de transmitir el covid-19 al mantener a las personas fuera de los entornos de congregación y en sus propios hogares”, se lee en el comunicado.

El tema de los desalojos se había convertido en una polémica disputa entre la Casa Blanca y los demócratas progresistas, que acusaron al presidente de imponerles una prórroga a última hora. Los asesores de Biden dijeron que todos deberían haber sabido que la moratoria estaba expirando y que se necesitaba una acción del Congreso.

Millones de estadounidenses fueron abandonados a su suerte con los pagos atrasados del alquiler debido a la pandemia que todavía afecta partes del país.

Esta resolución detendrá las ordenes de desalojos a nivel nacional, pero tendrá un alcance más limitado, ya que está dirigido a lugares con una alta propagación de covid-19.

Una fuente familiarizada dijo que el anuncio cubriría el 80% de los condados de EE.UU. y al 90% de la población.

Los asesores de Biden habían insistido repetidamente en que carecía de autoridad legal para renovar la moratoria existente, citando una opinión de la Corte Suprema del juez Brett Kavanaugh de fines de junio que decía que otra extensión requeriría la aprobación del Congreso.

El presidente dijo el martes temprano que la nueva prohibición de desalojo sería diferente a la anterior. Pero reconoció abiertamente que probablemente enfrentaría un escrutinio legal, y dijo que el tiempo que demora el proceso judicial en desarrollarse permitirá que la asistencia de emergencia para el alquiler llegue a los inquilinos con problemas.

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Biden dijo que había buscado a académicos constitucionales para que lo asesoraran sobre el camino a seguir después del fallo de la Corte Suprema, y ​​dijo que la “mayoría” de ellos advirtió que una moratoria de desalojo “no era probable que pasara el examen constitucional”.

Pero dijo que “varios eruditos clave” le dijeron que podría, y decidió que valdría la pena correr el riesgo si ofrecía tiempo adicional para que los fondos de los programas de asistencia de alquiler ya asignados lleguen a los estadounidenses que los necesitan.

“Como mínimo, para cuando sea litigado, probablemente dará algo de tiempo adicional mientras entregamos esos US$ 45.000 millones a personas que de hecho están atrasadas con el alquiler y no tienen el dinero”, dijo Biden.

Un alto funcionario de la administración dijo que la nueva orden que detiene los desalojos de los CDC sería “diferente en forma y estructura” a la que expiró. Está dirigido a áreas donde la propagación del virus es más aguda.

Durante los últimos días, la Casa Blanca y los CDC habían buscado vías legales para extender la prohibición nacional de desalojos, ahora vencida, mientras los demócratas en el Congreso lo acusaron en voz alta de inacción.

Al realizar una protesta en las escalinatas del Capitolio de Estados Unidos, la representante Cori Bush dijo que el presidente estaba decepcionando a millones de estadounidenses que necesitaban protección para no perder sus viviendas. Después de que surgiera la noticia de la acción pendiente de la administración, Bush dijo: “Nuestro movimiento movió montañas”.

Biden habló con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el martes para discutir el tema de los desalojos y detallar su plan para extender la moratoria a ciertas áreas del país, según una persona familiarizada con el asunto. Pelosi había instado a la administración a extender la moratoria, incluso después de que los funcionarios dijeron que era legalmente imposible, calificándola de “imperativo moral”.

Los activistas por los derechos de vivienda acogieron el esfuerzo.

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“Este es un gran alivio para millones de personas que estaban a punto de perder sus hogares y, con ellos, su capacidad para mantenerse a salvo durante la pandemia”, dijo Diane Yentel, presidenta y directora ejecutiva de la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos. “Ahora, el trabajo de los gobiernos estatales y locales para distribuir asistencia de alquiler de emergencia a los inquilinos que lo necesitan se vuelve aún más crítico. El presidente les ha dado el tiempo que ellos y millones de inquilinos necesitaban; deben usarlo de manera efectiva y agilizar la asistencia. El país está mirando, y los inquilinos y los propietarios están esperando”.

Mientras tanto, los grupos de propietarios expresaron conmoción por el cambio radical después de que la administración dijera que no tenían autoridad para extender la moratoria.

“¿Es posible que el gobierno federal cree más incertidumbre para los inquilinos y propietarios de viviendas de alquiler en este país?” dijo David Howard, director ejecutivo del National Rental Home Council, un grupo industrial de propietarios. “Es una vergüenza para mí asumir que la moratoria no se extenderá después de que el presidente anunció que no tiene autoridad legal para hacerlo, ni que el Congreso pudo aprobar una legislación para hacerlo. Mientras tanto, los propietarios de viviendas en alquiler han perdido miles de millones de dólares que nunca recuperar.”

Los funcionarios han estado trabajando durante días para tratar de identificar una vía para abordar las implicaciones de la expiración de la moratoria el 31 de julio, así como para manejar las consecuencias políticas fuertemente negativas impulsadas por demócratas frustrados en Washington.

Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes, que han pedido a Biden que encuentre una manera de extender la moratoria, son muy conscientes de que no tienen los votos para aprobar nada legislativamente. Las expectativas en el Senado son aún peores.

Eso ha puesto toda la responsabilidad sobre la administración en los últimos días, con una presión cada vez mayor impulsada por los demócratas progresistas.

Esa realidad ha planteado dudas sobre si cualquier nuevo esfuerzo sobreviviría a un desafío legal, dicen los funcionarios. Eso probablemente incluye las nuevas acciones que Biden está considerando.

Pero bajo la inmensa presión de los demócratas de la Cámara de Representantes, desde Pelosi hacia abajo, para actuar, la administración ha seguido presionando por opciones.
“Seguimos buscando opciones legales. Ese proceso no ha concluido”, dijo Psaki a los periodistas el martes temprano.

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Anna Bahney de CNN contribuyó a este reportaje.